El escurridizo ‘greenwashing’

Desde nuestra propia experiencia no consideramos que hayamos identificado casos de greenwashing o «lavado verde» en nuestros diálogos con las empresas en cartera. Si bien es cierto que nos hemos encontramos algunas dificultades para entender y comparar los objetivos de descarbonización y también para disponer, analizar y comparar datos sobre agua, residuos, biodiversidad. Al menos las grandes cotizadas llevan tiempo trabajando la matriz de materialidad financiera y de impacto, pidiendo a su vez feedback a los inversores. Los equipos de reporte en sostenibilidad están creciendo y tienen claro que el objetivo no es solo reportar sino identificar áreas de mejora para dar valor a la empresa. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

Dicho esto, la Comisión Europea que hace un screening anual de las websites de las compañías, se centró en las prácticas de greenwashing en 2021: «En el 42% de los casos las autoridades tuvieron razones para creer que las comunicaciones de las compañías podían ser falsas o engañosas». Este dato muestra que la práctica de greenwashing pudiera estar ampliamente extendida ya que puede ser implementada de multitud de maneras y todavía está desregulada. El hecho de que los reguladores y legisladores estén interviniendo cada vez más indica que el greenwashing es un problema. La Directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición verde, cuyo texto provisional se acordó por el Parlamento Europeo y el Consejo el pasado febrero, tiene como objetivo combatir el blanqueo medioambiental y permitir a los clientes elegir productos sostenibles con garantías. De este modo será más difícil para las compañías utilizar determinados términos sin cuidado o directamente engañar a los clientes sin enfrentarse a consecuencias. Se acabó llamarse verde o eco: qué cambia con las leyes anti-‘greenwashing’.

Esta directiva es parte de un paquete vinculado al Pacto Verde Europeo, junto a la Directiva sobre normas para fundamentar las alegaciones ecológicas, que introduciría reglas más estrictas sobre cómo los productos son publicitados como medioambientales, que podría llegar a introducir penalizaciones como la exclusión en procesos de subasta pública, confiscación de ingresos o multas de hasta el 4% de la cifra de negocio.

Quizá los inversores somos indirectamente culpables al querer reverdecer nuestras carteras (y empujar de tal modo a las compañías a hacer comunicaciones no del todo claras), pero también tenemos en nuestras manos la potestad del cambio a través del diálogo.

Greenwashing pudiera referirse no solo a litigios contra compañías por, entre otras razones, publicidad engañosa relativa a la huella de carbono de vuelos o en relación con virtudes medioambientales del gas y biocombustibles, sino también a llamadas de atención por parte de reguladores por lenguaje utilizado en ofertas sostenibles relativas a «ecodiseño» o aseveraciones medioambientales relativas a productos y su empaquetado. Incluso de un modo más amplio podríamos referirnos a greenwashing incluso cuando las declaraciones pro ESG de una compañía no representan un riesgo legal pero no se corresponden con el verdadero impacto en el mundo real. Me refiero, por ejemplo, a la presión de las compañías para que hagan compromisos net zero y la poca acción tomada a corto plazo. El último informe de Net-Zero Tracker muestra que el número de compañías que se compromete a net zero continúa subiendo. Aproximadamente, el 66% de los ingresos anuales de las 2.000 compañías de la lista Forbes Global está cubierto por un objetivo de net zero. No obstante, solo el 37% de los objetivos cubren las emisiones de alcance 3, solo el 15% especifican condiciones de calidad para los mecanismos de compensación de CO2 y solo el 4% de los compromisos cumplen los criterios de UN Race to Zero para la evaluación de planes de descarbonización.

El debate de greenwashing corporativo está sin duda ligado al «lavado verde» en la industria de gestión de activos. Existe una línea de trabajo específica sobre greenwashing de ESMA (Autoridad Europea de Valores y Merados). Dentro de la misma, ESMA ha analizado recientemente si los fondos que invierten según ODS cumplen con lo que dicen, concluyendo que existe riesgo de greenwashing y que no hay diferencias con otros fondos ASG. Por último, ESMA publicó su Informe Final sobre Greenwashing el pasado 4 de junio, donde precisamente se pone de manifiesto la dificultad de las Autoridades Nacionales Competentes para detectar casos de greenwashing. Sin duda un game changer va a ser la publicación de la información de sostenibilidad según las Normas europeas de información sobre sostenibilidad (NEIS), a partir de 2025. Las nuevas reglas de la Esma obligarían a más de 1.600 fondos a cambiar de nombre.

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