El Gobierno español ha activado por primera vez la declaración de una crisis eléctrica en la Unión Europea: la primera que se produce por un enorme crecimiento de las energías renovables. Esta medida es, en realidad, un mecanismo jurídico excepcional que permite a los Estados miembros intervenir el mercado eléctrico para proteger la seguridad del suministro y garantizar el interés general.
Esta figura, que hasta el momento no había sido activada formalmente en la UE, fue puesta en juego el pasado lunes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para hacer frente al colapso del sistema eléctrico del país y, por el momento, sigue activada.
La base legal se encuentra en el Reglamento (UE) 2019/941 sobre la preparación frente a riesgos en el sector de la electricidad, una de las piezas clave del paquete legislativo europeo de Energía Limpia.
El texto define la crisis eléctrica como una situación en la que existe «un riesgo significativo de interrupción generalizada del suministro eléctrico» o una interrupción efectiva con consecuencias graves para la economía, la sociedad, la salud o la seguridad pública.
La declaración de una crisis eléctrica autoriza a los gobiernos a aplicar medidas que, en condiciones normales, serían incompatibles con el funcionamiento del mercado interior de la electricidad. Esto incluye la posibilidad de fijar precios, intervenir en el despacho de generación, priorizar el suministro a ciertos sectores críticos o incluso racionar la demanda. Es decir, una especia de estado de alarma similar al de la pandemia, pero limitado al sector energético.
Sin embargo, esta intervención no es completamente libre. El Estado miembro debe notificar de inmediato a la Comisión Europea, justificar las medidas adoptadas y garantizar que son proporcionales y temporales. Además, la Comisión puede emitir recomendaciones, exigir correcciones o activar mecanismos de coordinación si la situación afecta a más de un país, como ha resultado el caso al provocar también un corte de suministro en Portugal.
Planes de prevención
El reglamento europeo exige a cada Estado miembro contar con un Plan de Preparación frente a Riesgos, revisado cada cuatro años y coordinado con sus vecinos. Estos planes incluyen análisis de escenarios extremos, protocolos de actuación y mecanismos de alerta temprana. La prevención y la transparencia son pilares fundamentales: los Estados deben intercambiar información con sus homólogos y con la Comisión, incluso en fases previas a una posible declaración de crisis.
En caso de emergencia, también se activa un principio de solidaridad entre Estados miembros, que incluye medidas coordinadas para mitigar impactos transfronterizos. Esta dimensión regional es especialmente relevante en un sistema eléctrico interconectado como el europeo.
Crisis energética de 2022
Aunque nunca se había declarado oficialmente una crisis eléctrica bajo este reglamento, la situación vivida tras la invasión rusa de Ucrania puso a prueba sus cimientos. Países como España y Portugal aplicaron medidas extraordinarias como el llamado «mecanismo ibérico» al gas para generación eléctrica. Otros Estados subvencionaron la demanda o intervinieron precios finales. Todo ello, supervisado por la Comisión, que permitió cierta flexibilidad ante la magnitud del desafío energético.
En septiembre de 2024, la Comisión Europea inició una consulta pública para evaluar la eficacia de dos regulaciones clave: el Reglamento sobre la preparación frente a riesgos en el sector de la electricidad (Reglamento (UE) 2019/941) y el Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas. Esta evaluación, que concluyó en febrero de 2025, podría servir de base para propuestas legislativas destinadas a reforzar la capacidad de respuesta de la UE ante crisis energéticas y entre ellas para una medida que se prepara para el próximo 6 de mayo donde se espera trazar un plan para abandonar el gas ruso.
Plan de preparación español
España además cuenta con el Plan de Preparación frente a los Riesgos en el Sector Eléctrico en España (PPR), un documento elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2019/941. Su objetivo es identificar los posibles riesgos que amenacen la seguridad del suministro eléctrico y definir medidas preventivas, de preparación y respuesta frente a crisis en el sistema eléctrico.
El PPR abarca todo el territorio nacional, incluyendo los sistemas eléctricos peninsulares y no peninsulares (Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla), con especial atención a sus particularidades como sistemas aislados. Incluye medidas como la mejora del mallado de red, el desarrollo de interconexiones insulares y la implementación de almacenamiento energético. Tres puntos concretos en los que apenas se registran avances en los últimos años: la inversión en redes mantiene los topes fijados, el almacenamiento no despega y apenas acaba de empezar la construcción de una nueva interconexión con Francia.
El documento define una crisis de electricidad como una situación de escasez significativa de suministro. Para identificarla se utilizan indicadores como el ENS (energía no servida) y el LOLE (expectativa de pérdida de carga), clasificando la gravedad de la crisis según umbrales preestablecidos.
La Autoridad Competente puede declarar una crisis y debe notificar a la Comisión Europea y, si procede, a terceros países vecinos.
Se han analizado 31 escenarios de crisis agrupados en nueve categorías: ciberataques, ataques físicos, fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales, escasez de combustibles, fallos técnicos, errores de mercado, factores humanos y otros eventos. De estos, España ha seleccionado 10 como relevantes, descartando el resto tras evaluar su probabilidad, impacto y posible afectación transfronteriza, pero lo más curioso es que, finalmente, el motivo que ha llevado a un cero energético no está entre los marcados por el Ejecutivo,
El PPR también detalla los marcos normativos aplicables, tanto a nivel nacional como comunitario, y las funciones de los actores implicados: la Autoridad Competente, Red Eléctrica de España como TSO, y otros organismos como INCIBE, Enagas o AEMET.
Asimismo, el plan incluye procedimientos de actuación, desde acciones preventivas (como ciberseguridad, reservas de combustible o simulacros), hasta medidas correctivas y de comunicación en caso de crisis. Por último, establece mecanismos de consulta con agentes del sector y contempla simulacros periódicos, tanto operativos como de ciberseguridad, para probar y mejorar la resiliencia del sistema eléctrico español.
Además de este plan, el Gobierno debía contar también con la llamada Estrategia de seguridad energética. Tal y como adelantó elEconomista.es, este gran apagón eléctrico se produce sin que el Ejecutivo hubiese hecho los deberes.
El Departamento de Seguridad Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia, tiene caducada hace cinco años esta planificación. Todo ello refleja que, aunque se desconozcan aún los motivos, se podía haber hecho más para evitar que un suceso de semejante magnitud haya ocurrido. El documento en cuestión fija las fórmulas para actuar en caso de crisis.
El Gobierno puso en marcha en 2020 una revisión de dicho documento, pero desde entonces nada más se ha sabido de estos avances. La intención del Ejecutivo era adaptar este plan a los riesgos que conlleva el proceso de transición e insistir en la necesidad de incrementar el nivel de interconexión eléctrica con Europa hasta el 10%. Presidencia sigue además sin presentar el informe anual de seguridad nacional.
El Ministerio para la Transición Ecológica cuenta con un ambicioso Plan de Preparación frente a los Riesgos en el Sector Eléctrico para blindar el suministro de electricidad en España ante situaciones críticas. El documento identifica diez grandes escenarios de crisis que podrían poner en jaque la continuidad del servicio eléctrico en el país, pero ninguno de ellos fue en principio el causante del corte.
Desde pandemias hasta ataques cibernéticos o desastres naturales, el Gobierno traza un mapa de riesgos complejo en un contexto marcado por la transición energética, la digitalización y la volatilidad.
Así son las diez grandes amenazas al sector eléctrico que planificó el Gobierno
Estas son las diez amenazas clave que se han incorporado en la planificación oficial:
1 Pandemias: Las crisis sanitarias, como la vivida con la COVID-19, pueden afectar al personal esencial del sistema eléctrico. La falta de operarios en centros de control o plantas puede comprometer la estabilidad del suministro. El plan contempla refuerzos operativos, teletrabajo en entornos críticos y protocolos de contingencia sanitaria.
2 Tormentas extremas: Episodios meteorológicos severos pueden dañar infraestructuras críticas como líneas de alta tensión o subestaciones. La amenaza de eventos extremos vinculados al cambio climático obliga a reforzar la resiliencia de las redes y establecer planes de respuesta rápida ante temporalidades destructivas.
3 Ciberataques a sistemas de control: El sistema eléctrico depende de sistemas digitales (como SCADA) que pueden ser vulnerables a ataques informáticos. Un ciberataque coordinado podría alterar el equilibrio entre generación y demanda, o incluso provocar apagones en cascada.
4 Ciberataques a equipos físicos críticos: Además del software, los dispositivos físicos que regulan y protegen la red también pueden ser blanco de sabotajes digitales. El plan prevé refuerzos en seguridad electrónica y renovación tecnológica para blindar estos componentes.
5 Ataques físicos a centros de control: Los centros neurálgicos desde los que se gestiona el sistema eléctrico son objetivo potencial de ataques físicos. El plan clasifica estas instalaciones como infraestructuras críticas y prevé medidas de protección y redundancia operativa.
6 Ataques a activos estratégicos del sistema: Subestaciones, transformadores, líneas de transporte o parques de generación pueden ser objeto de sabotajes o atentados. El documento prevé medidas de seguridad física, vigilancia y coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado.
7 Incendios o explosiones en instalaciones clave: Fallos técnicos o accidentes pueden causar graves daños a infraestructuras críticas. El plan incluye revisiones periódicas, protocolos de emergencia y planes de sustitución rápida de activos afectados.
8 Sabotaje interno: El riesgo de acciones maliciosas por parte de empleados con acceso privilegiado no se descarta. El plan incorpora controles internos reforzados, limitaciones de acceso y monitorización constante de perfiles sensibles.
9 Incendios forestales: Con el aumento del riesgo por el cambio climático, los incendios pueden afectar a infraestructuras en zonas rurales o boscosas. Las actuaciones preventivas y la coordinación con cuerpos autonómicos son esenciales para evitar desconexiones masivas.
10 Erupciones volcánicas: Aunque poco frecuentes, las erupciones como la de La Palma en 2021 demostraron su capacidad para aislar sistemas eléctricos insulares. El Gobierno ha reforzado el mallado de las redes no peninsulares y apuesta por el almacenamiento energético como barrera de seguridad.
España se suma así a otros países europeos en la definición de un plan nacional integral de preparación ante crisis eléctricas.
El documento subraya que garantizar la continuidad del suministro es una prioridad estratégica que requiere planificación, cooperación institucional y anticipación tecnológica.
Alemania, líder en caso de un cero europeo
Los operadores del sistema energéticos europeos tienen preparado un plan para hacer frente al riesgo de un gran apagón europeo. Fuentes conocedoras del mismo explican que en caso de suceder este desastre, la entidad encargada de liderar la recuperación sería el operador alemán, al que consideran mejor preparado por la mayor cantidad de interconexiones eléctricas con que cuenta sus sistema eléctrico.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eleconomista.es
Publicado el: 2025-05-02 15:48:00
En la sección: elEconomista Seleccion