La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto la desregulación prácticamente total del mercado mayorista de fibra óptica, lo que supone un hito histórico en el sector. Para llevarlo a cabo, el organismo que preside Cani Fernández ha iniciado dos consultas públicas para conocer la opinión de todos los afectados respecto al fin de ciertas obligaciones que promete cambiar las las tradicionales reglas del juego.
La iniciativa suena a música celestial para Telefónica España, pero solivianta al resto de los operadores del país, hasta ahora protegidos en cuanto a la disponibilidad de FTTH donde no los operadores alternativos llegan por sus propios medios, y también con precios mayoristas de banda ancha fija vigilados por la CNMC. Con este movimiento, la recurrente petición de Telefónica de librarse de las normas del siglo pasado comienzan a caer en terreno fértil, una vez que España disfruta de un despliegue masivo de fibra óptica hasta el hogar -tanto o más que la suma de sus grandes vecinos continentales-. Las telecos alternativas también han sido receptoras de ayudas públicas para acelerar sus despliegues en zonas alejadas de los núcleos urbanos, por medio de tipo de tecnologías, fenómeno que ha animado a la CNMC a reconsiderar las ataduras ya seculares de Telefónica.
La entrada de nuevos actores, incluidos los operadores satelitales, junto con la consolidación de nuevos jugadores y modelos de negocio igualmente han animado al regulador a proponer la referida liberalización casi plena del negocio.
La desregulación de los mercados mayoristas de fibra óptica están alentados por varias consideraciones que ahora serán objeto de valoración y debate por parte de todo el sector. El primer motivo guarda relación con el aumento de la cobertura de fibra óptica. De hecho, Telefónica ha logrado una cobertura cercana al 90% en la zonas no competitivas, similar a la cobertura alcanzada en la zona competitiva.
Según apunta la CNMC, tanto en las áreas urbanas como en las rurales existen suficientes competidores como para dejar al mercado que funcione por sus propias normas de la oferta y demanda, sin la intervención del regulador.
Nuevo escenario competitivo
El segundo elemento que incita a acabar con las obligaciones mayoristas de Telefónica alude a la disminución de la cuota de mercado del operador dominante. «En el segmento minorista de banda ancha fija, la cuota de Telefónica ha caído por debajo del 50% en la zona no competitiva (generalmente áreas rurales) y ha registrado descensos anuales significativos entre 2020 y 2023 (entre cinco y 9 puntos porcentuales) en los mercados mayoristas de acceso de banda ancha fija; en especial, en la zona geográfica con menor competencia.
También, la aparición de Masorange (fruto de la fusión de Orange y el Grupo MásMóvil), la entrada del fondo de inversión Zegona en Vodafone, la consolidación de alternativas como Digi y operadores mayoristas como Onivia o Lyntia han diversificado el mercado, reduciendo la dependencia histórica del sector hacia Telefónica.
Por último, los acuerdos comerciales entre los distintos operadores «han incrementado la disponibilidad de redes de alta capacidad y ofertas para el cliente final», lo que también «han facilitado el desarrollo de la competencia a nivel mayorista y la mejora del retorno sobre la inversión».
Solo quedará sujeto a obligaciones regulatorias la compartición de las canalizaciones y postes de Telefónica a precios orientados a costes y en condiciones transparentes y no discriminatorias, para así seguir garantizando «el despliegue de redes de muy alta capacidad y fomentar la competencia en mercados descendentes».
Según la CNMC, este mercado de infraestructuras (técnicamente conocido como Oferta MARCo, con precios regulados) resulta «crucial para el despliegue de redes de telecomunicaciones debido a la dificultad de replicar la infraestructura de Telefónica, que representa la mayor parte del coste asociado al despliegue de redes de muy alta capacidad».
Como es preceptivo en este tipo de consultas públicas, las partes interesadas podrán presentar sus observaciones en un plazo de dos meses a partir de la publicación de las consultas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eleconomista.es
Publicado el: 2024-12-20 14:25:00
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