Seis años de cárcel por hackear una base de datos para fingir su muerte y evitar pagar la manutención de sus hijos

Por norma general cuando una persona decide hackear un sistema, servicio o equipo, lo hace con intención de conseguir y robar dinero, información bancaria o personal para después monetizarla de alguna manera.

Pero esto no es siempre así, y hay en ocasiones en las que el ciberataque es por razones todavía más condenables, como es el caso de la detención de Jesse Kipf, un hombre del estado de Kentucky (EEUU) que acaba de ser condenado a 81 meses de cárcel por fraude informático y usurpación de identidad con agravantes.

Según recogen medios locales, este hombre de 39 años confesó haber accedido sin permiso a las bases del sistema estatal para modificar la hoja de cálculo del certificado de defunción del Estado de Hawai, para certificar su muerte.

Al parecer se hizo pasar por certificador médico del caso, y registró su propia defunción utilizando la firma digital de un médico forense, haciendo que apareciera como muerto en una multitud de bases de datos gubernamentales de EEUU.

Como ha reconocido él mismo, hizo esto para tratar de evitar tener que pagar la pensión alimentaria de sus hijos, que superaba las 100.000 dólares. Pero sus incursiones ilegales en los sistemas gubernamentales vienen de lejos, y en los últimos años ha robado los datos de acceso de médicos y trabajadores reales a sistemas y empresas de registro de defunciones en ataques no relacionados con este último.

Posteriormente, vendía en foros de la Dark Web tanto la información robada, como números de la Seguridad Social, además de formas de acceso a estos sistemas y las propias bases de datos a compradores extranjeros, incluidos individuos de Argelia, Rusia y Ucrania, según se informó al tribunal.

Según la legislación federal, Kipf deberá cumplir el 85% de su pena de prisión y estará bajo la supervisión de la Oficina de Libertad Condicional de EE.UU. durante tres años. Los daños causados a los sistemas informáticos gubernamentales y corporativos y el impago de sus obligaciones de manutención de los hijos ascendieron a un total de 195.758 dólares.

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