Tres etapas y cuatro niveles: así será el traspaso del IRPF según el Govern

Aunque no se disponga de cobertura jurídica ni se haya marcado una fecha en el calendario, el Govern sigue trabajando para que el traspaso del IRPF a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) sea una realidad. Así queda reflejado en el reciente contrato programa suscrito entre la Hacienda catalana y la Generalitat de Cataluña para el periodo 2026-2029. El documento, al que ha accedido elEconomista.es, ofrece un prolijo itinerario de adopción de las facultades necesarias para recaudar uno de los impuestos más importantes del Estado. El escrito está en línea con el plan director de la agencia autonómica elaborado de forma externa por Minsait, filial de Indra, aunque entra más en detalle.

En concreto, el contrato programa enumera tres etapas distintas y cuatro niveles en la segunda de estas etapas. La primera fase corresponde a lo que se denomina «etapa de colaboración» con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Se trata de la situación actual en que la ATC desarrolla las funciones de información y asistencia a la ciudadanía, en particular durante la Campaña de la Renta.

A tales efectos, la agencia autonómica ha musculado su plantilla con la incorporación de 152 efectivos temporales, lo que supone un incremento del 49% respecto al año anterior. Además, el organismo dispone este año de 40 oficinas distribuidas por todo el territorio, algunas de las cuales han abierto por primera vez, para ayudar a los contribuyentes a realizar su declaración.

Evolución progresiva

Tras este primer peldaño, se llegaría a una «etapa de gestión parcial». Aquí empezarían a concederse nuevas competencias a la ATC, incluida la capacidad de dictar actos administrativos. Textualmente, esta etapa «comprendería la definición de los planes de control tributario y la realización de los procedimientos de gestión correspondientes, como el de verificación de datos, comprobación limitada e inspección, así como el de revisión de los actos que se derivasen y el ejercicio de la potestad sancionadora de los procedimientos incluidos en las competencias adquiridas. Esta fase incluiría igualmente las funciones de recaudación y la gestión de ingresos derivados de estos procedimientos, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo».

A su vez, esta retahíla de procedimientos se irían desplegando de forma progresiva a través de cuatro niveles. Así, el primero abordaría la concreción de los planes de control tributario sobre las deducciones autonómicas. Más adelante le seguirían los planes relacionados con los obligados con la residencia fiscal en Cataluña que realizan actividades económicas sujetas al impuesto sobre el valor añadido (IVA); los planes relacionados con los obligados que hayan realizado transmisiones patrimoniales de inmuebles y, por último, los planes relacionados con los obligados que tengan riesgos asociados a la fiscalidad internacional y con expedientes de delito contra la Hacienda pública —se trata de la competencia más delicada por las consecuencias que conlleva—.

El último escalón hacia la cesión plena del IRPF llegaría en la «etapa de gestión integral». Sería entonces cuando la ATC controlaría la gestión, inspección, recaudación, revisión y potestad sancionadora del impuesto sobre la renta.

De nuevo, conviene recordar que esta fasificación de «carácter incremental» no cuenta con fechas definidas, al igual que tampoco las tenía el plan director que alargaba este recorrido hasta 2028 solo para determinadas funciones. Si el contrato programa culmina en 2029, se presume que para entonces sí podrían haberse traspasado todas las competencias involucradas con la gestión del IRPF.

Personal y tecnología

Si la ATC asumiera el IRPF, multiplicaría su volumen de recursos bajo gestión. Hoy, el organismo autonómico gestiona cerca de 5.000 millones de euros en tributos propios y cedidos (como Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales). Sumar el IRPF dispararía esa cifra hasta rozar los 30.000 millones.

El contrato programa aborda otros dos frentes insoslayables para asumir este desafío: el aumento de la plantilla y la dotación de recursos tecnológicos. «Para cada fase, se trabajarían las principales características en términos de personal, capacidad normativa, sistemas de información, propiedad y gobierno de los datos (…)», se lee en el documento. Adicionalmente, la ATC también tiene previsto alquilar o comprar nuevos espacios físicos con vistas a su crecimiento.

Como informó elEconomista.es, la idea es hacerse con grandes espacios de entre 1.300 y 1.500 metros cuadrados en Girona, Lleida, Tarragona y el Barcelonès Nord, así como más pequeñas en otras ubicaciones.

La transferencia del IRPF está supeditada a una reforma legal que, según el reciente acuerdo de presupuestos entre PSC y ERC, debería sustanciarse durante la segunda mitad de este año.