Armando Info: Los contratos que Delcy Rodríguez repartió están en veremos – AlbertoNews

Más de 20 altos ejecutivos acudieron el pasado viernes a la Casa Blanca, en representación de las mayores compañías del negocio petrolero global (muchas más que las tradicionales siete hermanas de antaño), para conocer de primera mano la tarea que el presidente Donald Trump les quería proponer, tras su autoproclamación, una vez capturado Nicolás Maduro, como gatekeeper del petróleo en Venezuela: organizar la toma y control de la industria venezolana para la explotación y comercialización de sus hidrocarburos.

Por ARMANDO INFO

“Vamos a discutir cómo estas grandes empresas estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y aportar millones de barriles de producción para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero”, dijo el mandatario estadounidense, no sin antes deslizar, como acostumbra, la noción de que está al mando: “Vamos a ver a quién vamos a dejar entrar”, dijo. Pero ni esa advertencia, ni la promesa de que Washington pudiera subsidiar la operación, impidieron que las respuestas iniciales de las compañías -en particular, de ExxonMobil, y con las previsibles excepciones de Chevron y de la española Repsol, que ya hacen negocios en Venezuela- oscilaran entre la frialdad y la abierta renuencia. Los bajos precios del crudo y la inestabilidad político-jurídica en Caracas no invitan a la aventura.

Poco antes, Trump había asegurado en su cuenta de Truth Social que las autoridades tuteladas del chavismo, ahora bajo el mando de la recién nombrada Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, se comprometieron a darle acceso a “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo que ahora yacen en el subsuelo de Venezuela, el país con las mayores reservas probadas del mundo (aunque buena parte de esas reservas corresponden a crudos extrapesados, de difíciles extracción y procesamiento). En vista de ello, Trump pidió a las petroleras una inversión superior a los 100.000 millones de dólares para la recuperación de la industria venezolana, arruinada tras un cuarto de siglo de falta de inversiones y mantenimiento, así como de descapitalización al funcionar como caja chica del régimen bolivariano.

Tal promesa entraría en conflicto con otra obligación que la misma Delcy Rodríguez, en su rol de Ministra del Petróleo, había asumido desde 2024. Entonces concibió y ejecutó una racha reprivatizadora de la actividad petrolera, que justamente procuraba atraer nuevos inversionistas. Para ello se valió de una figura legal novedosa, los Contratos de Participación Productiva (CPP), que garantizaban a los empresarios privados una relación más ventajosa y rentable que la prevista en el anterior esquema de empresas mixtas de Hugo Chávez.

La campaña terminó por ser una auténtica piñata. Varias áreas de la Faja Petrolífera del Orinoco y de la cuenca del Lago de Maracaibo fueron asignadas a empresas privadas, la mayoría desconocidas, con más apetito por el negocio que experiencia en el mismo. Muchas de ellas eran propiedad de amigos políticos y comerciales no solo del régimen, sino hasta de la propia Delcy Rodríguez.

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