El miedo a las redadas paraliza a los trabajadores agrícolas migrantes en Florida – AlbertoNews

Media hora al sur de Miami, en los Redlands, el paisaje cambia totalmente. Apenas a unos 50 kilómetros del lujoso Brickell y la famosa Calle 8 y Pequeña Habana, y tras pasar los suburbios del suroeste del condado, aparecen vastos campos de cultivos que se pierden en el horizonte. Los viveros de plantas ornamentales, como orquídeas, arecas y palmas de todos tipos aparecen uno tras otro a ambos lados de las avenidas y calles principales, con carteles que anuncian “nursery” —como se llama en inglés a los viveros, pero que los pobladores de la zona, en su mayoría inmigrantes centroamericanos que trabajan en el campo, llaman “nurserías”.

El País

Uno de los viveros está abierto —la entrada es una apertura en la cerca de malla. Una vez dentro no se ve a nadie, solo hileras de plantas de diferentes tipos y tamaños en macetas de plástico negro. Después de unos minutos, aparece un empleado. Es mexicano, vive en una humilde casa móvil en el vivero que tiene fuera una mesa plástica con sillas blancas y un toldo para el sol. Enseguida aparecen dos niños, luego son tres que miran inquietos desde la distancia. Todas las plantas están a la venta, pero no están haciendo envíos, dice el hombre, que pide no revelar su identidad por miedo a las autoridades de inmigración.

“Yo tengo licencia de conducir y todo, pero con la situación como está ahorita, no estamos saliendo”, se disculpa amablemente.

Una ofensiva migratoria en fincas, construcciones y carreteras en Florida que se ha extendido por varios meses ha generado un clima de terror entre los trabajadores del campo, según grupos de defensa de los inmigrantes. Adyacente a los Redlands, en la ciudad de Homestead, donde el 70% de los habitantes son hispanos y vive la mayoría de los trabajadores agrícolas de la región, el miedo ha entrado a los hogares. Muchas personas evitan salir de las casas a trabajar, llevar los hijos al colegio o ir al médico por temor a ser detenidos, explican los residentes, capataces de fincas, administradores, dueños de viveros y activistas de inmigración.

En Florida vive una de las mayores poblaciones de inmigrantes en situación irregular, se estima en 1,2 millones. Aproximadamente la mitad de los trabajadores agrícolas en el Estado son inmigrantes, y casi la mitad son indocumentados, según los grupos de investigación.

Saúl Alemán, un propietario de viviendas en Homestead, tiene inquilinos que son inmigrantes indocumentados que han dejado de ir a trabajar por temor a ser detenidos. En sus propiedades ha creado un “plan de acción” que incluye cámaras de vigilancia “en caso de que llegue inmigración”, explica. Algunos de sus inquilinos, que describió como personas muy honestas y trabajadoras, están atrasados en el pago del alquiler. “Si no tienen que salir por absoluta necesidad, no lo van a hacer”, dice Alemán, de 32 años, que también es activista proinmigrante y se hizo ciudadano estadounidense gracias al programa DACA, para hijos de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

“Imagina que tengas un niño enfermo y tengas que decidir si lo llevas a urgencias, y te arriesgas a que te detengan, o quedarte en casa y rezar porque se mejore. Eso no debía estar pasando en esta comunidad”, cuenta Alemán.

En TikTok, Instagram, Facebook y otras redes sociales abundan las publicaciones con avisos sobre la presencia de autoridades de inmigración en carreteras, barrios, o fincas de la zona, con hashtags como “ice”, “deportación” o “inmigración”. “Alerta Migratoria – 12:34 AM. Hemos recibido inteligencia de que ICE está haciendo checkpoints por el área de Robert Is Here y Benito Juarez Park. Tengan mucho cuidado. Pasen la palabra”, informa una publicación en Facebook que ha sido compartida más de 100 veces en menos de 48 horas.

Nedardo Viegues, de 30 años, que ha vivido siempre en los Redlands, dice que nunca había visto una situación como la de ahora. Como muchos en la zona, trabaja en un vivero que fundaron sus padres. El negocio es pequeño, y ahora se enfrentan a “una situación dura” por la falta de empleados. “Dependemos de los inmigrantes, eso es la agricultura”.

A su vivero llegó una patrulla la semana pasada. “Hay mucho Border Patrol en áreas que se sabe que usan los inmigrantes, las calles de atrás, donde saben que transitan. Saben dónde ir a buscarlos, en los trabajos que nadie quiere”, apunta Viegues.

Los salarios en los viveros oscilan sobre 13 dólares la hora, el salario mínimo en el Estado. Por ese dinero, no hay muchas personas en el área dispuestas a realizar las duras tareas del campo bajo el implacable sol de Florida. Muchos de los empleados, cuenta un encargado que prefiere no decir su nombre, llevan muchos años con ellos. Son “personas buenas y trabajadoras”, pagan sus impuestos, no tienen antecedentes criminales, tienen hijos estadounidenses, explica. Entre ellos “siempre ha existido temor a inmigración”, pero ahora el miedo “es extremo”. Uno de los servicios más afectados ha sido el de la jardinería, porque las brigadas tienen que salir en camiones que llevan maquinarias que son fácilmente reconocibles, y están siendo objetivo de las autoridades migratorias.

La situación se repite por toda Florida, en negocios agrícolas de todos los tamaños, dice Ernesto Ruiz, coordinador de la Asociación de Campesinos de Florida (FWAF, por sus siglas en inglés). Desde 1983, la asociación aboga por protecciones fundamentales y condiciones laborales dignas. Tiene unos 20.000 miembros. “Florida es el Estado que más produce en agricultura. Junto a California, es uno de los principales motores económicos [del país]. Es contradictorio que tenga una política antiinmigrante”, cuenta Ruiz. El Departamento de Agricultura estima que Florida genera cerca de 9.000 millones de dólares anuales en hortalizas, viveros, ganadería y cítricos, más que cualquier otro Estado.

La contradicción a nivel nacional es evidente y solo genera confusión. La semana pasada, el presidente Donald Trump pidió detener las redadas migratorias dirigidas a inmigrantes indocumentados que trabajan en el campo, plantas de procesamiento, hoteles y restaurantes, a quienes llamó “trabajadores muy buenos y de larga trayectoria”, tras escuchar las presiones de esas industrias. Menos de una semana después, el Gobierno dio marcha atrás y pidió recuperar las redadas en el campo. El Departamento de Agricultura calcula que cerca de la mitad de los casi dos millones de trabajadores de la agricultura en Estados Unidos carece de estatus legal.

Griselda Payne, que trabaja en la oficina de la Asociación de Agricultores en Apopka, en el centro de Florida, “la capital mundial de las plantas ornamentales”, cree que los trabajadores agrícolas han sido históricamente uno de los grupos sociales más vulnerables, a menudo explotados, expuestos a pesticidas dañinos, calor extremo, y abusos sin protecciones legales. A veces no les pagan sus salarios y hay víctimas de trata. “Florida es uno de los peores Estados para vivir como campesino inmigrante”, asegura Payne.

Su oficina “siempre está llena, pero últimamente no van muchas personas por el miedo”. En la zona se ven plantaciones completas abandonadas, cosechas que se van a desperdiciar. Una mujer llamó esta semana desesperada buscando ayuda porque estaba sangrando y no sabía qué hacer. “No quería ir a urgencias”, cuenta Payne.

El impacto de la política migratoria de la Administración Trump, que ha prometido deportaciones masivas, ha sido particularmente dura en Florida. “En otros Estados, los gobernadores y alcaldes están más pendientes de las necesidades de los inmigrantes. Muchos campesinos se están marchando a esos Estados”, apunta Ruiz.

En California, el gobernador demócrata Gavin Newsom se ha enfretando abiertamente al presidente Trump por enviar soldados a contener las protestas contra su política migratoria. En Florida, en cambio, el republicano Ron DeSantis ha impulsado una galopante agenda antiinmigrante que parece ir más avanzada que la nacional. Una ley impulsada por DeSantis impuso sanciones severas a quienes empleen inmigrantes sin autorización.

También se han realizado cientos de arrestos en complejos operativos coordinados entre departamentos de policía locales y agencias estatales y federales, como la Patrulla de Carreteras (FHP), La Patrulla Fronteriza (CBP), y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo un programa conocido como 287(g). DeSantis y su fiscal general, James Uthmeier, han impulsado el programa, con el que lograron más de 200 acuerdos desde comienzos de año, el mayor número de todo el país, incluyendo uno con la policía de ciudades de mayoría inmigrantes, como Miami, Doral, y Homestead. Uthmeier, además, ha presionado para sacar adelante una ley que criminalice la entrada de inmigrantes indocumentados al Estado que ha sido impugnada en la corte.

Los registros electorales del condado Miami-Dade muestran que la mayoría de los hispanos en Homestead están afiliados al Partido Republicano. El jefe de la policía de Homestead, Mario Knapp, aseguró a EL PAÍS que el ICE no está realizando redadas ni puntos de control migratorio en Homestead, y que solo habían entrado a la ciudad en dos ocasiones en el último mes, a “direcciones específicas” buscando a determinados individuos con cargos criminales.

Como resultado del 287(g), muchos no pueden distinguir entre las diferentes autoridades y desconfían de todos. Residentes de Homestead, trabajadores y dueños de viveros aseguran que se nota una actividad sin precedentes del ICE, CBP, y FHP, y la policía condal. Patricio Lugo, que atiende un vivero, no ha visto a las autoridades, pero ha “escuchado que andan en las calles arrestando gente”, parando carros y revisándolos. “La palabra corre y la gente se empieza a alarmar”, indica.

El programa de visas H2A permite a los negocios agrícolas contratar extranjeros, pero muchos se quejan de los altos costos —unos 1,130 dólares por persona, más gastos adicionales, como tarifas consulares, transporte y vivienda. Aunque la cantidad de visados se ha triplicado en la última década —con 378.000 visas emitidas en 2023— apenas constituyen el 20% de los trabajadores de la industria, según cifras oficiales. “Es muy caro para los dueños de fincas”, explica Ruiz, de la Asociación de Campesinos.

Arturo López, de la Coalición de Organizaciones de Trabajadores Agrícolas de Florida, con sede en Homestead, que ofrece asistencia legal, capacitación, y servicios comunitarios a trabajadores agrícolas y sus familias —solo a aquellos con estatus legal, pues recibe fondos federales— dice que están pensando cambiarse el nombre, porque los trabajadores agrícolas se están acabando en la región. “En unos cuatro o cinco años ya no vamos a tener esta organización porque ya no va a haber trabajadores agrícolas que califiquen para estos programas. Los que estaban aquí ya son muy ancianos y no pueden trabajar, y los hijos no quieren esta labor. Lo que están haciendo [las empresas] es buscar trabajadores H2A”, añade.

El costo de la H2A es prohibitivo para los pequeños negocios, sostiene el dueño de un vivero en Homestead que pidió el anonimato por temor a represalias. “El negocio del nursery no da mucho dinero. Al final del día, la mano de obra de la gente inmigrante es necesaria”, señaló. Viegues, cuya familia ha tenido la nursería por generaciones en los Redlands, cree que “pronto no va a haber plantas” para las nuevas urbanizaciones que se construyen en Miami. “No podemos pagar más, y nadie quiere trabajar por ese salario”.

“Es una pena porque no hay tierra como aquí en los Redlands. Si nadie quiere trabajar estas fincas, no va a haber esta fruta, estos aguacates”, dice con pesar. “Al final, la presión es política”.