Trump incluye a Venezuela entre los países que deben pagar fianzas de hasta $15.000 para visas de turismo y negocios a EEUU

A partir del 21 de enero de 2026, los venezolanos y cubanos que apliquen para una visa B1/B2 (de turismo o negocios) deben pagar una fianza fijada por el funcionario consular a la hora de la entrevista y puede ser de $5,000, $10,000 o $15,000, informó el Departamento de Estado.

La información sobre este pago se conoció en agosto de 2025, cuando fue publicado en el Registro Federal. Para entonces, el Departamento de Estado solo dio a conocer que Malawi y Zambia debían pagar por la fianza a partir de ese mismo mes.

El 6 de enero de 2026 la lista se amplió. El gobierno sumó a una treintena de países, la mayoría de África y Asia, y de América Latina solo incluyó a Venezuela y Cuba.
El anuncio sobre la inclusión de Venezuela ocurre en medio de una crisis de liderazgo político que devino tras la captura de Nicolás Maduro el fin de semana y su imputación ante una corte de nueva York. Y Cuba, altamente dependiente de los acuerdos con Venezuela a partir del petróleo, tiene décadas sumida en una crisis económica que ha generado protestas esporádicas.

El Departamento de Estado señala en el anuncio que el pago del monto por aplicar a la visa no garantiza que el solicitante vaya a obtenerla. Precisan que si la visa es negada, el dinero no será reembolsado.

Con este programa piloto de 12 meses, el gobierno de Trump asegura que busca frenar la migración de ciudadanos provenientes de países con «altos índices de permanencia ilegal».

En el caso de Venezuela, para 2024 más de 19,000 personas se quedaron en Estados Unidos más del tiempo permitido por sus visas de turismo. Eso le da al país una tasa de incumplimiento del plazo de sus visas ( overstays, en inglés) de 8.57% para ese año. La tasa de Cuba fue menor, de 6.96%.

«El Departamento ha seleccionado estos criterios como bases para requerir una fianza porque son generalmente indicadores de que un aplicante puede potencialmente quedarse por más del tiempo del que fue admitido en Estados Unidos», se lee en el anuncio de agosto.

La medida es una más que el gobierno de Trump suma para controlar a los venezolanos que quieren migrar a Estados Unidos. Abogados y organizaciones han coincidido en que esta ha sido la comunidad a la que Trump le ha limitado más el acceso a beneficios migratorios desde que retomó la Presidencia.

En 2025, rescindió la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y 600,000 ciudadanos de ese país perdieron ese beneficio. Muchos quedaron indocumentados. A finales del año pasado también anunció una pausa en las revisiones de trámites migratorios —y en sus decisiones— para migrantes de esta comunidad y de una veintena de países. Eso dejó en pausa desde peticiones de ciudadanía, hasta de residencia y asilo afirmativo, entre otras.
Venezuela tiene casi tres décadas sumida en una crisis a todo nivel que generó la mayor diáspora de la historia del país a partir de 2014: según cálculos de agencias de la ONU, casi 8 millones de venezolanos abandonaron sus casas y se marcharon sobre todo a países de América Latina, como Colombia.