La tasa minera de Ecuador, planteada para recaudar fondos que permitan un mayor control y lucha contra la minería ilegal, entró en vigor pese al rechazo tajante de la Cámara de Minería (CME), que agrupa a las principales empresas del sector, quienes advierten una pérdida de competitividad ante los valores que estiman que deberán abonar.
La resolución establece una tarifa de «supervisión y control» que deberá ser abonada una o dos veces al año, en función del tamaño de las empresas. Las grandes y medianas pagarán semestralmente, mientras que las más pequeñas tendrán solo un pago único.
El importe «se establecerá a través del cálculo efectuado por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom, dependiente del Ejecutivo)» y supondrá un porcentaje del salario básico de Ecuador (470 dólares) que variará en función de las hectáreas mineras de las que dispongan las empresas.
Estos porcentajes irán desde el 3% al 100% de los 470 dólares, siendo las fases de exploración más caras. Además, el primer pago debe efectuarse antes de que termine el mes de julio de este 2025.
La intención del Gobierno del presidente Daniel Noboa es recaudar en torno a 229 millones de dólares gracias a esta tasa. El monto, según fuentes oficiales, iría destinado a labores de vigilancia, fiscalización y control ambiental del sector.
Conflicto con el sector
La entrada en vigor de la tasa se produce apenas cuatro días después de que la portavoz del Gobierno anunciara que mantenían «un diálogo abierto con el sector» y de que, pocas horas después ese mismo día, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, dijera que no debía negociarse nada con las empresas.
«La tasa minera está en firme y no vamos a negociar ni a dilatar este proceso», dijo Manzano en una rueda de prensa donde suscribió la reapertura del catastro minero tras más de siete años cerrado.
«Esta suspensión permitiría dar una señal positiva de voluntad política y ofrecería un marco de mayor certeza jurídica y económica durante el desarrollo de este proceso», justificó el gremio.
Uno de sus mayores temores, según indicaron la semana pasada, es que esta imposición fomentase la minería ilegal en lugar de reducirla.
La presidenta del directorio de la CME, Carolina Orozco, declaró que la medida le quitaría «toda la competitividad, atracción y operatividad al sector». «Cerrarle la puerta a la empresa legal es abrir la ventana de la ilegalidad de inmediato», apuntó.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.bancaynegocios.com
Publicado el: 2025-06-21 12:21:00
En la sección: Noticias Latinoamérica – Banca y Negocios