Chile: la apuesta del presidente Gabriel Boric para condonar la deuda universitaria, una de sus promesas más emblemáticas (y las dudas que genera)

En BBC Mundo te contamos el alcance de la propuesta, lo que viene y por qué ya ha generado dudas en Chile.

El esquema propuesto por el Presidente Gabriel Boric se divide en dos grandes áreas. Por un lado, la que pone el fin al CAE y crea un nuevo mecanismo de financiamiento y, por otro, la que delinea un plan de reorganización y condonación parcial de deudas educativas.

Un total de 1.219.395 mil chilenos recibieron este crédito entre 2006 y 2023. Según las cifras que entregó el propio gobierno, de ese total un 27% se encuentra en etapa de estudio o gracia, mientras que un 73% se encuentra en etapa de pago, universo que se beneficiaría de la medida.

El plan de condonación consta de cuatro etapas. La primera, denominada condonación inicial, se aplicará de acuerdo a tres variables: 1) la condición académica en que se encuentre el deudor, esto es, si ya egresó o interrumpió sus estudios; 2) si está al día en el pago y 3) al número de cuotas pagadas del crédito respecto al plazo total del mismo.

«La condición académica y la situación de pago definirán la condonación de base sobre la que, añadiendo la cantidad de cuotas pagadas respecto del total pactado, se calculará la condonación inicial», explicó el gobierno.

Luego de ese primer cálculo, se podrá aplicar una segunda condonación, de carácter mensual y que establece que los deudores retribuyan entre el 1% y el 8% de su salario, estableciendo un tramo exento de 500 mil pesos chilenos mensuales (537 dólares). Es decir, quienes ganen menos de ese monto -que equivale al sueldo mínimo- quedarán liberados.

Adicional a eso, la propuesta permite a los actuales deudores optar por pagar el monto total adeudado en una sola cuota. Quienes se inscriban por esa vía, «recibirán una condonación adicional equivalente al 25% del saldo total de deuda resultante con posterioridad a la aplicación de la condonación inicial».

Y por último, se fija un beneficio tributario al Impuesto Global Complementario, es decir aquel que se paga de acuerdo con la renta, para premiar a quienes ya hayan saldado su deuda del CAE. Este beneficio se extenderá por 20 años.

Con ese esquema, según el propio Presidente Boric, «más de 75 mil personas quedarán con su deuda totalmente saldada y miles quedarán protegidas por el tramo exento de pago».

Por otro lado, el plan del gobierno chileno incluye la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento, instrumento que deja fuera a la banca.

Esta nueva política se denominará Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) y permitirá a los estudiantes cursar estudios en instituciones de educación superior chilenas que adscriban al sistema.

Quienes accedan al FES, no tendrán que pagar de manera inmediata los aranceles ni matrículas asociadas a sus planes de estudios sino que lo harán solo una vez egresados e incorporados al mundo laboral.

«Sólo para el 10% de mayores ingresos se permitirá la aplicación de un copago, equivalente a la diferencia entre el arancel regulado y el arancel real de la institución», detalla el gobierno en un comunicado, documento que a la vez destaca que el FES no establece requisitos económicos ni académicos para los estudiantes que quieran financiar sus estudios por esa vía.

Esta retribución dependerá del ingreso y se calculará como porcentaje del salario, fluctuando entre el 1% y el 8%, estableciendo, tal como en el caso de la condonación, un tramo exento de cerca de 537 dólares.

Este martes a primera hora de la mañana el Presidente Gabriel Boric y su ministro de Educación, Nicolás Cataldo, firmaron el proyecto de ley para hacer realidad esta propuesta.

La normativa ingresará por la Cámara de Diputados del Congreso Nacional chileno y debe ser aprobada por esa corporación y luego por el Senado. De sufrir modificaciones en el segundo trámite, como suele ocurrir, el proyecto deberá sortear un tercer trámite.

Es decir, hasta ahora, no está claro que la propuesta del gobierno tenga el camino allanado para transformarse en ley en el corto plazo, sobre todo, porque tiene algunas normas que requerirán de un respaldo mayor al 50%+1 del Congreso Nacional, donde Boric no tiene mayoría.

A lo anterior se suma que el mandatario tiene solo poco más de un año para tramitar la normativa, antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2025.

En todo caso, el presidente Boric dio cuenta de que ya ha estado dispuesto a flexibilizar sus posturas en torno a su propuesta original que tenía alcances de mayor universalidad, lo que se extendería a la tramitación legislativa.

“(El ingreso de la iniciativa) lo hacemos conscientes de que el proyecto, tal como lo imaginábamos, ha ido sufriendo modificaciones y nos alegramos de que así sea. Si uno no cambiara nunca su posición inicial, la política no tendría sentido”, dijo.

En conversación con BBC Mundo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile, Álvaro Elizalde, afirma que «esperamos que el Congreso apoye transversalmente el proyecto de ley que pone fin al CAE, toda vez que beneficia a los jóvenes y sus familias, que verán que desaparece o se alivia significativamente su deuda, así como a los futuros estudiantes».

«Es un proyecto que se hace cargo de una sentida necesidad social sin afectar otras prioridades presupuestarias como seguridad, salud y vivienda. El proyecto consagra una mayor eficiencia del gasto público, excluyendo a la banca del financiamiento de la educación superior, y el alivio a los deudores», agrega.

Las dudas que genera el proyecto son varias. Y no tardaron en aparecer. Tanto así que el propio presidente Boric se hizo eco de algunas de ellas en el discurso tras firmar el mensaje presidencial que será ingresado al Legislativo.

Una de las principales es política. En la oposición a su gobierno -integrada por la derecha y la centroderecha- ya han surgido voces que señalan que la apuesta del mandatario tendría tintes electorales.

Esto, por las mencionadas elecciones municipales del próximo 26 y 27 de octubre, y que se leen como un termómetro de cara a los comicios presidenciales de 2025.

Asimismo, desde la oposición han advertido que la prioridad ciudadana es la crisis de seguridad que afecta al país, donde han aumentado los delitos violentos.

«Hay quienes dirán que esto no es necesario o que no soluciona un problema prioritario… Yo quiero decirles una cosa: los gobiernos pueden caminar y mascar chicle (…). Sabemos que hoy día la seguridad es de las principales preocupaciones de nuestro pueblo (…), pero el gobierno tiene que tener sus ojos y sus acciones en todas partes», dijo el jefe de Estado.

En ese sentido, Boric hizo un llamado a que este debate no se convierta en una pelea pequeña entre su gobierno y la oposición. «Muchos nos invitaron a desahuciar algunas de estas reformas, pero somos porfiados», dijo.

Otro de los elementos que ha generado dudas, sobre todo porque el gobierno aún no da detalles, es cómo se va a financiar la condonación y la creación del nuevo servicio FES.

La presentación del proyecto de condonación, de hecho, se dilató en varias oportunidades durante el mandato de Boric. Incluso en algunos sectores de su administración se veía como algo imposible tras el rechazo de la Reforma Tributaria en 2023.

En el gobierno, sin embargo, explican que el Estado ya ha debido desembolsar más de US$9.000 millones para financiar el CAE, por lo que solo un mejor manejo de esos recursos permitirá viabilizar la nueva propuesta.

«Es una medida autocontenida», recalcan en la administración de Boric.

Otro elemento que ha generado críticas y ha sido recogido por la prensa local es que la medida podría terminar beneficiando a los quantiles más altos y, por consiguiente, afectando los déficit en las instituciones de educación superior.

El rector de la Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, valoró que la propuesta del gobierno no se trate de una condonación universal.

Sin embargo, también aseguró al diario El Mercurio que “lo que es preocupante del mensaje y el proyecto es que solo se permita el copago en el 10% superior (…). Esto ya ocurre en los estudiantes con gratuidad y se quiere extrapolar a los demás deciles, lo que va profundizar el déficit de las instituciones«.

La misma prevención hizo el exminsitro de Educación de Sebastián Piñera, Harald Beyer, quien expresó en el mismo medio que “el aspecto más complejo es que extenderían los criterios de la gratuidad para los nueve deciles de ingreso», lo que -a su juicio- «deja en posiciones más inestables a las universidades”.

Ante eso, el ministro de Educación de Boric dijo a BBC Mundo que saben que el proyecto tendrá que enfrentar una larga discusión: «Por ejemplo, con el tema de la cuestión arancelaria, que es algo que han planteado algunos de los rectores. Sin embargo, hay muchas universidades que se van a ven beneficiadas con este instrumento porque pasarán a un arancel regulado en vez del arancel de referencia y, además, dejarán que tener que pagar la ejecución de garantías», sostuvo Nicolás Cataldo.

En relación a las dudas sobre el financiamiento, la autoridad chilena señaló que “lo dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esto no va a tener un gasto mayor de lo que está teniendo hoy día para el fisco».

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