Cómo es y a quién beneficia el nuevo plan del gobierno de España para regularizar a centenares de miles de migrantes

Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.

Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar «cualquier documento público, privado o una combinación de ambos». En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.

Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultas que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.

Otra de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales «ni suponer una amenaza para el orden público».

El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.

Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedará suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.

La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una «integración plena y progresiva en el sistema». Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar «desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país», matizó Saiz.

«Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica», añadió.

Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.

Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al Gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.

Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.

Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.

También llega tras un intenso pulso con cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro ideológico y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.

Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego, el documentó irá al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.

El Partido Popular (PP) rechazó la medida. «No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo», dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. «las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona».

Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una «locura» y una «barbaridad» y que la media es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de «fomentar el efecto llamada».

El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es «una buena noticia» que aportaría al «bien común de muchos inmigrantes» y que «se reconoce así su dignidad», dijo en declaraciones al diario El País.

Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.

La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició a más de 570.000 personas.

Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.

Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.