Cómo están reaccionando los países de América Latina a las deportaciones desde EE.UU.

Ya son varios los países de América Latina los que han recibido estos vuelos. Pero las reacciones en la región han variado desde la reticencia, la crítica, la apertura o la colaboración con acuerdos binacionales.

Si bien en un principio el presidente, Gustavo Petro, se negó a recibir dos aviones militares con colombianos deportados desde Estados Unidos, la idea de una escalada en una guerra comercial entre ambos países hizo que se revirtiera esta decisión.

Además del aumento inicial de 25% de los aranceles sobre «todos los bienes» colombianos que ingresan a Estados Unidos, Trump había dicho que en una semana esa tasa aumentaría hasta 50%.

En respuesta a estas medidas, Petro anunció en su cuenta de X un aumento similar en los aranceles a los productos importados a Colombia desde Estados Unidos.

El argumento de Petro a negarse a esta repatriación eran las condiciones y, en concreto, que el regreso se hiciera en aviones militares y no civiles.

«Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos», escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario reclamó que las deportaciones se hagan en «aviones civiles» y que se establezca un protocolo, porque «un migrante no es un delincuente».

Sin embargo, tras superar el impasse, la Casa Blanca expresó en un comunicado que Colombia acordó «la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos los que lleguen en aviones militares, sin limitaciones ni dilación».

Este lunes, la presidenta de México Claudia Sheinbaum anunció que el país ya recibió unos 4.000 migrantes deportados, en su mayoría mexicanos, procedentes de Estados Unidos.

Sheinbaum dijo que en la última semana recibieron cuatro aviones con deportados, pero que esto no supone un aumento significativo a otras ocasiones.

«Del 20 al 26 de enero se han recibido 4,094 personas, la gran mayoría de ellas mexicanas (…). Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo» en las expulsiones, dijo la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

También recordó que hay un diálogo sostenido entre ambos países sobre el tema migratorio y aduanas.

«Este es un trabajo que tenemos en diálogo con el gobierno de Estados Unidos y es algo que en México tiene ya muchos años que se hace. Lo que pedimos nosotros es respeto a los derechos humanos», enfatizó.

Se estima que un tercio de los 11 millones de indocumentados en EE.UU. son mexicanos.

Trump promete deportar un millón de personas al año. En 2012, cuando más deportaciones se han registrado en el último medio siglo, el número de repatriados no pasó de 420.000, según cifras del centro de estudios Pew.

Ante esto, México dijo estar preparado y tener un plan de contención.

«Queremos que sepan que estamos preparados, que estamos listos, para dar apoyo a nuestros connacionales y tenemos certeza de que vamos a llegar a acuerdos con el gobierno del presidente Trump una vez se establezcan los canales adecuados», dijo Sheinbaum al respecto.

Para ello, México anunció el fortalecimiento de sus redes consulares en Estados Unidos, donde cuenta con 53 sedes. También impulsó una aplicación para el teléfono celular, ConsulApp, para informar a los migrantes de sus derechos y que además tiene un botón de alerta para notificar en caso de una deportación inminente.

También puso a disposición de los mexicanos deportados una red asistencial del Estado. Por ejemplo, recibirán una «Tarjeta de Bienestar Paisano» con un bono de 2.000 pesos (unos US$100) para cubrir gastos en el traslado al lugar de origen y se les dará acceso a los programas de protección social.

Contrario a las tiranteces que se dieron con el gobierno de Petro, la postura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele ha sido distinta.

Si bien es cierto que en julio pasado Trump lanzó una indirecta a Bukele y le dijo que su país estaba «enviando a sus asesinos a Estados Unidos» y que él no estaba haciendo un «trabajo tan maravilloso» como afirma, la semana pasada acercaron posturas.

Trump telefoneó a su homólogo la semana pasada para conversar sobre la lucha contra la inmigración ilegal y bandas criminales como el Tren de Aragua -extendida por varias naciones latinoamericanas-, según informó la Casa Blanca.

«El presidente Trump también elogió el liderazgo del presidente Bukele en la región y el ejemplo que da a otras naciones del hemisferio occidental», señaló la sede del ejecutivo estadounidense en un comunicado.

Ahora se supo que la administración Trump está desarrollando un acuerdo que permitirá a EE.UU. deportar a El Salvador a migrantes que no sean nacionales de ese país centroamericano, según dijeron a CBS News dos fuentes familiarizadas con las deliberaciones internas.

El acuerdo, conocido como «Tercer país seguro», permitiría deportar a estas personas desde EE.UU. hacia El Salvador, donde podrían solicitar asilo.

Ya en el primer gobierno de Trump se negoció un acuerdo similar, si bien nunca se implementó. Joe Biden lo rescindió.

El gobierno de Guatemala anunció que preparó un plan para recibir a los deportados, con la habilitación de albergues y programas de reinserción laboral, entre otras acciones.

Danilo Rivera, director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), indicó este lunes en una conferencia de prensa que entre el 1 y el 24 de enero hubo casi 3.300 guatemaltecos que regresaron vía aérea desde Estados Unidos y México.

Con la nueva administración de Donald Trump, los vuelos comenzaron el 24 de enero, cuando un total de 265 personas fueron deportadas en tres vuelos, dos operados en aviones militares y uno chárter.

154 hombres, 105 mujeres, un adolescente y cinco menores de edad viajaban en esos tres vuelos, según el balance del Instituto Guatemalteco de Migración.

Rivera aclaró que esta dinámica continuará, por lo que se espera que haya una negociación para coordinar el retorno de estas personas.

El funcionario informó que está en discusión la construcción de un espacio para atender a los connacionales y brindarles atención psicosocial y conocer qué necesidades tienen.

Explicó que este espacio será de registro y atención, porque necesitan conocer a la personas retornadas y que tengan apoyo de programas sociales y capacitación.

En la disputa entre Colombia y Estados Unidos se dijo en principio que los aviones con deportados que se planeaba enviar al país latinoamericano finalmente volarían con destino Honduras.

Sin embargo, el gobierno de Honduras negó esta información, según recoge el medio local El Heraldo.

«Falso. Se lo digo con propiedad y luego de haberlo verificado», cuenta el medio que le respondió via WhatsApp el vicecanciller de Asuntos Consulares, Antonio García, al ser consultado sobre este tema.

Por su parte, el director el Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, acotó por la misma vía a la interrogante: «creo que es información errada, quizás confundieron que habría una convocatoria entre ambas naciones por el tema de la Celac».

Paz agregó que «nosotros solo recibimos vuelos con hondureños».

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil emitió un comunicado donde informó que no hubo ningún vuelo de «aviones militares de Estados Unidos con deportados de nacionalidad colombiana» y que la agencia «mantendrá informado de cualquier acontecimiento relacionado a la deportación de inmigrantes de cualquier nacionalidad, cumpliendo con la normativa nacional e internacional».

Desde 2018, Brasil tiene acuerdos con Estados Unidos para realizar vuelos de repatriación y «para acortar el tiempo de permanencia de estos nacionales en los centros de detención norteamericanos, debido a una inmigración irregular y sin posibilidad de apelación».

Sin embargo, el pasado viernes llegó hasta Manaos un vuelo con 88 brasileños a bordo y Brasil denunció las condiciones en las que llegaron.

«Es inaceptable que no se respeten las condiciones acordadas con el gobierno norteamericano», dijo el gobierno de Brasil en un comunicado.

En concreto, la queja es que, según el gobierno brasileño, algunos de los retornados iban en el vuelo esposados.

Al llegar al país fueron liberados inmediatamente por la Policía Federal.

«El uso indiscriminado de esposas y cadenas viola los términos del acuerdo con Estados Unidos, que prevé el trato digno, respetuoso y humano de los retornados».

El vuelo tenía como destino final Belo Horizonte, pero las autoridades brasileñas no dejaron que continuara su periplo «debido al uso de esposas y cadenas, el mal estado de la aeronave, con el sistema de aire acondicionado defectuoso, entre otros problemas, y la revuelta por los 88 nacionales a bordo debido al trato indigno que recibieron».

Así, la Fuerza Aérea Brasileña los envió más tarde en otro vuelo con destino a la capital de Minas Gerais tras haberlos atendido y darles bebidas, alimentos, colchones y baños con duchas.

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