«Crimigración»: cuándo y cómo se empezó a criminalizar a los migrantes en Estados Unidos

La estrategia de Trump afecta también a migrantes que se atuvieron a procedimientos legales para regularizar su situación.

A la jurista Juliet Stumpf se le atribuye haber creado en el año 2006 el término «crimigración», que ahora con Trump cobra vigencia y actualidad.

«Históricamente, hemos visto a los inmigrantes que están sin autorización como miembros de alguna manera de esta sociedad [en Estados Unidos], ofreciendo su trabajo u otras ventajas», le dice Stumpf a BBC Mundo.

«Pero cuando criminalizamos a los inmigrantes, realmente empezamos a despojarlos de esa idea de membresía en Estados Unidos. La crimigración es una manera de hacer eso doblemente, por el lado penal y por el lado migratorio».

El uso del término crimigración se ha extendido ampliamente dentro y fuera de la academia. Por ejemplo, la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard tiene una Crimmigration Clinic.

En BBC Mundo hablamos con la profesora Stumpf sobre el término, el origen, el uso que han hecho diferentes gobiernos y la actualidad que cobra con las medidas de Trump.

Movernos de un lugar a otro en busca de un mejor sitio para vivir, más seguro, es parte de nuestra naturaleza. Hay quienes incluso plantean que emigrar es un derecho humano. ¿Cómo el derecho a moverse libremente se ha transformado en algo que muchas veces es muy peligroso y en algunos casos, algo que puede terminar siendo castigado?

La migración siempre ha sido una de nuestras grandes ventajas como especie, una de las razones por las que hemos conseguido vivir en casi cada continente del planeta, aunque creo que desde el principio hubo escaramuzas y discusiones sobre quién debería vivir en dónde y enfrentamientos por territorios.

Pero lo que hemos estado viendo con el tiempo es que a medida que migramos y nos asentamos en diferentes lugares, esa conducta de desplazarnos de un lugar a otro se ha criminalizado.

Las leyes en Estados Unidos han permitido un gran movimiento libre entre estados. Una vez una persona está dentro del país, se puede desplazar y asentarse en otro estado sin barrera alguna, lo cual ha sido una verdadera ventaja para el país.

Aunque por mucho tiempo, EE.UU. tuvo legislaciones relacionadas con la migración, no fue hasta 1929 que, de hecho, criminalizamos el desplazamiento a través de la frontera.

En relación con 1929, investigaciones fantásticas de Kelly Lytle Hernández y otros académicos han mostrado que la razón por la que se aprobaron esas leyes que criminalizaban la migración no autorizada fue un senador supremacista blanco y eugenista, que creía en la pureza de las razas y creyó que criminalizando la migración detendría la inmigración mexicana a EE.UU.

Antes de eso, EE.UU. no tenía ese tipo de leyes. Ellas forman parte de la historia de racismo manifiesto en EE.UU. y son otra parte de un rompecabezas por intentar crear partes del país que fuesen blancas privilegiadas o solo blancas.

A inicios de los años 90, empezamos a basarnos en los antecedentes penales o en una creencia de que alguien los tiene o podría tenerlos para no permitirle entrar a EE.UU. o para deportarlo.

En las décadas de los 90 y los 2000, y más recientemente, las leyes en EE.UU. dieron un giro hacia una criminalización mayor. Se incluyeron más sanciones y antecedentes penales que pudieran constituir motivos para la deportación.

Incluso si alguien fue condenado y cumplió toda su sentencia, ahora podría ser sujeto a deportación, de maneras como nunca habíamos visto. A eso se suma, el aumento en la implementación de esas leyes y un ambiente de vigilancia migratoria.

Todo eso creó una tendencia en EE.UU. de poner en nuestras mentes ideas sobre la inmigración y los inmigrantes que pasaron de ser percibidos como personas que vienen a trabajar, que buscan seguridad, reunirse con sus familiares, a en este momento especialmente verlos como criminales, personas indeseables o peligrosas.

¿Qué es la crimigración?

Es la intersección de la inmigración y el derecho penal.

Observa esta creciente tendencia de criminalizar a los inmigrantes y la analiza básicamente de tres diferentes maneras:

Los antecedentes penales se han convertido en una base mucho más amplia para la deportación, especialmente de residentes permanentes que viven legalmente en el país.

También analiza la forma en que esta criminalización racialmente motivada de la entrada a EE.UU. se ha desarrollado. Solía ser un motivo que casi nunca se utilizaba, y la tendencia que estamos viendo es que estos procesamientos por entrar a través de la frontera se han disparado.

Y también trata la forma cómo las agencias han adoptado una mentalidad de criminalización, de modo que ellas mismas se ven como agentes de la policía de inmigración.

Lo que engloba todo esto es el sentimiento público, la visión pública de la inmigración como algo relacionado con el crimen.

Y creo que ese es quizás uno de los aspectos más importantes de todo esto, porque si vemos a los inmigrantes en gran medida como personas de color y entendemos que la inmigración está relacionada con el crimen, hacemos una combinación en nuestras mentes que considero que es realmente dañina y peligrosa.

¿Por qué ha ocurrido esa convergencia entre la ley migratoria y el derecho penal?

Se han conectado por un par de razones, una de ellas relacionada con el sentimiento público sobre la inmigración.

Ese sentimiento solía seguir tendencias económicas. Si la economía iba mal, el sentimiento antiinmigración aumentaba. Y eso se podía ver en gráficos. Pero si la economía mejoraba, el sentimiento público sobre la inmigración también mejoraba.

Así solía ser, más allá de que fuese cierto. Pero lo que hemos visto desde los años 90 es que esa convergencia se ha disuelto.

Incluso, aunque a la economía le vaya bien, el sentimiento público hacia la inmigración ha empeorado y creo que tiene mucho que ver con la forma en que las leyes y la retórica sobre la inmigración ha cambiado.

Considero que la raza ha desempeñado un rol importante: el concepto de inmigrante, su imagen en el público ha tendido a ser de, generalmente, alguien de color, de Centroamérica y Sudamérica o de otras partes del mundo, especialmente del Sur Global.

Eso tampoco necesariamente refleja la realidad. Creo que cuando la gente piensa, por ejemplo, en personas que han venido a EE.UU. con una visa válida y se quedaron más tiempo del permitido en su visa, la gente puede pensar en personas de color, pero, de hecho, los canadienses, que suelen ser blancos, son el grupo más grande de «overstayers«, como se les llama en EE.UU.

Lo otro que hemos observado es que, por la forma en que las leyes de admisión en EE.UU. operan, es más difícil, por ejemplo, para alguien de México u otra parte de Latinoamérica entrar a EE.UU. legalmente en comparación, por ejemplo, con personas de Europa o Canadá.

Y eso es algo muy complicado de explicar, pero tiene que ver con la forma como operan esas leyes en relación a quien puede entrar fácilmente y quien puede hacerlo solo temporalmente. O, incluso, tiene que ver con qué prueba tiene para demostrar que no viene a quedarse en EE.UU.

La relación entre México y Estados Unidos ha sido muy larga. Por generaciones, los mexicanos han migrado de un lado a otro de la frontera, por eso, que haya leyes de admisión que los desfavorezcan en comparación con personas de otras partes del mundo es, en algunos sentidos, raro y muy sorprendente.

Mencionó algunas fechas, pero ¿cuándo considera que se dio esa convergencia entre las leyes migratorias y el derecho penal? ¿Hubo un momento o contexto específico?

Diferentes estudiosos de crimigración han apuntado a distintas épocas, pero considero que la más importante empezó en 1986 y continuó a lo largo de los 90.

En 1986 se aprobó la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés) que fue firmada por el presidente (Ronald) Reagan. Esa fue, de hecho, la última vez que hicimos una legalización grande de personas que estaban viviendo en EE.UU. sin estatus.

Pero también tuvo un componente clave y criminalizó algunas conductas relacionadas con la inmigración como casarse para obtener un beneficio migratorio o criminalizar a algunos empleadores si reincidían en la contratación de personas sin autorización (para estar en el país).

También fue la primera vez que se requirió un permiso de trabajo para trabajar para un empleador estadounidense.

En las décadas de los 90 y 2000, nuestro país enfrentó lo que se denominó la Guerra contra las drogas. Se pusieron en marcha medidas que apuntaron particularmente a afroestadounidenses y, en concreto, a latinos.

Pero, en general, la guerra contra los drogas llevó a la aprobación de leyes, denominadas leyes antidrogas, que expandieron ampliamente los motivos de deportación.

Dio muchas más razones para deportar a alguien sobre la base de sus antecedentes penales o para evitar que alguien entre al país por su historia criminal o porque el funcionario de inmigración pudiese sospechar, creer, que esa persona había cometido un delito.

El Congreso estuvo aprobando leyes antidrogas que crearon nuevas categorías que podían llevar a la deportación, como, por ejemplo, delitos agravados. Se incluyó una larga lista de delitos.

Antes de eso, los residentes permanentes que estaban legalmente viviendo en EE.UU. estaban ampliamente a salvo de la deportación. Eran considerados casi como ciudadanos estadounidenses, pero sin ciudadanía: no podían votar ni aspirar a la presidencia.

Pero, en ese punto, los residentes permanentes que se encontraban legalmente se volvieron más vulnerables a la deportación y, de hecho, con esas leyes penales se deportaron casi exclusivamente residentes que estaban legalmente.

Empezamos a ver la deportación masiva de personas que habían vivido aquí por mucho tiempo.

La guerra contra las drogas ha sido criticada por sus motivaciones raciales o por su enorme impacto racial en las personas de color, especialmente hombres que fueron encarcelados.

Pero también, y ese fue realmente el punto de mi artículo, abrió la puerta a la criminalización y encarcelamiento de otros grupos de personas de color y particularmente de personas de América Latina.

Escribió que la exclusión, la deportación y la detención fueron medidas históricamente usadas como «remedios civiles», pero se han ido convirtiendo en «castigos comparables a sanciones penales». ¿Qué quiere decir?

Excluir a alguien, evitar que entre a EE.UU. con autorización; deportar, expulsar a una persona del país o detenerlo son acciones administrativas.

La persona no ha sido penalmente castigada, no ha sido condenada, ni acusada por un crimen en esas circunstancias.

Pero incluso aunque la expulsión, la deportación y la detención son acciones administrativas, civiles, se parecen exactamente a la forma en que manejamos nuestro sistema de justicia penal.

Los funcionarios del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) -que desempeñan funciones administrativas- tienen uniformes que parecen de agentes de policía.

La primera vez que escuché sobre la detención de inmigrantes, pensé en que quizás los llevaban a hoteles o lugares de estadía temporal hasta que pudieran resolver su situación: si podían quedarse o debían irse.

Pero investigué. Algunos centros de detención son propiedad de EE.UU. Son dirigidos por compañías que solían gestionar prisiones privadas.

Cuando el mercado de las prisiones privadas empezó a declinar, esas compañías casi se declararon en quiebra y, luego, la detención de inmigrantes aumentó.

Así que esas empresas ahora tienen a miles de inmigrantes en centros de detención que solían ser prisiones privadas o que, cuando se construyeron, lo hicieron siguiendo el modelo de prisiones privadas.

También tenemos inmigrantes detenidos administrativamente, no castigados por un delito, que están en cárceles y prisiones porque el gobierno federal ha alquilado esos espacios a los estados y localidades. Por lo tanto, los centros de detención no solo funcionan como cárceles y prisiones, sino que en realidad son o fueron cárceles y prisiones.

Estos son los tipos de lugares en los que retenemos a inmigrantes que no han cometido ningún delito y que básicamente están recluidos en el marco de las leyes civiles.

Y paralelamente con los movimientos migratorios operan mafias de traficantes de migrantes y tratantes de personas

No hay duda de que el tráfico y la trata de personas, que son perjudiciales para los inmigrantes y generan delincuencia en la frontera, es algo terrible que debemos abordar.

Esta tendencia ha crecido desde la criminalización de la migración y desde los intentos por cerrar la frontera.

Cuando aumenta el costo y la dificultad de cruzar la frontera, y aún así, la gente necesita irse o venir para reunirse con sus familiares, hay quienes recurren a personas que ven como expertos y caen en manos de traficantes de migrantes.

Y por eso creo que una de las razones por las que se está produciendo esta tendencia es que hemos hecho que sea mucho más difícil cruzar la frontera de forma organizada, y esa industria ha crecido en torno a eso.

Antes no existía porque los costos de cruzar la frontera no eran tan altos ni el peligro tan grande, pero hemos trasladado la migración indocumentada a lugares más peligrosos.

Lo hicimos a propósito y esa fue una de nuestras estrategias de control de la inmigración, pero la consecuencia no ha sido menos migración, sino más tráfico (de migrantes) lamentablemente.

Estos días hemos visto imágenes de inmigrantes esposados subiendo a aviones para ser deportados de EE.UU. Entiendo que es una práctica habitual en este tipo de operativos. ¿Cree que es parte de la crimigración?

Absolutamente. La deportación es una acción administrativa, no un castigo penal.

Con la deportación se saca a una persona de Estados Unidos y se envía a otro país. Pero, aunque la gente deportada con frecuencia siente como que está sufriendo un castigo, los tribunales sostienen que ese traslado es una acción administrativa civil.

Sin embargo, solemos establecer una asociación fuerte entre esposas y grilletes con el derecho penal y el castigo penal y su uso en vuelos de deportación manda un mensaje poderoso de que las personas que están siendo deportadas son peligrosas y necesitan ser contenidas físicamente.

Es otro ejemplo de la forma en la que la ley civil de inmigración puede ser revestida con la apariencia de criminalidad.

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