El desafío del gobernador Gavin Newsom a Trump tras el envío de la Guardia Nacional a California por las protestas (y el pedido del presidente para que lo arresten)

Aunque el despliegue se limitó oficialmente a tareas de protección de agentes federales, la presencia militar en las calles de Los Ángeles ha generado preocupación y críticas de autoridades locales, juristas y activistas.

Unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional comenzaron a movilizarse en puntos estratégicos de Los Ángeles este domingo tras varios días de protestas contra las redadas migratorias del ICE en barrios de mayoría latina.

El presidente Donald Trump los desplegó invocando el Título 10 del Código de Estados Unidos sobre Servicios Armados para federalizarlos y colocarlos bajo su mando directo sin la aprobación de Gavin Newsom.

En circunstancias normales los gobernadores conservan el control de sus respectivas unidades de la Guardia Nacional, incluso cuando estas reciben fondos federales.

Sin embargo, el Título 10 permite al presidente asumir el mando en casos excepcionales, como una rebelión o cuando no se puedan hacer cumplir las leyes federales.

Según el despacho del gobernador, Trump no invocó la Ley de Insurrección -una vía legal más clara para este tipo de despliegues- lo que ha generado dudas sobre la legalidad de la maniobra.

Las tropas no participan directamente en tareas de control de manifestantes ni en detenciones, sino que brindan apoyo a agentes federales.

No obstante, expertos han destacado que esta función de protección conlleva riesgos, ya que los soldados podrían verse involucrados en el uso de la fuerza.

El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles dio paso a una escalada de la tensión entre Trump y Newsom, que se vieron inmersos en un choque político y personal con declaraciones cruzadas y amenazas subidas de tono.

Trump sugirió que Newsom debería ser arrestado por oponerse a las medidas federales.

«Yo lo haría si fuera Tom. Creo que sería genial… Ha hecho un trabajo terrible», declaró el presidente el domingo frente a la Casa Blanca, en alusión a su zar fronterizo, Tom Homan

Homan había advertido previamente en Fox News que «ningún funcionario está por encima de la ley» y que quienes interfirieran con la aplicación de la ley migratoria podrían enfrentar cargos por obstrucción a la justicia.

Newsom respondió con una desafiante publicación en la red social X: «Arréstame. Terminemos con esto, tipo duro».

«El presidente de Estados Unidos acaba de pedir el arresto de un gobernador en funciones. Este es un día que esperaba no ver en Estados Unidos… Es una línea que no podemos cruzar como nación», agregó.

Tras el cruce de declaraciones, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a Newsom de haber actuado con desidia ante los disturbios en Los Ángeles, y alegó que «funcionarios federales fueron atacados por radicales violentos y criminales ilegales».

Trump, por su parte, intensificó su retórica al calificar de «insurrectos» y «agitadores profesionales» a los manifestantes, de quienes dijo que «deberían estar en la cárcel».

En declaraciones recogidas por medios estadounidenses, el presidente insistió en que su decisión de enviar tropas había sido «excelente» y llamó «desagradecidos» a Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, por criticar una medida que, a su juicio, evitó que la ciudad fuera «completamente destruida».

Karen Bass también intervino públicamente en el conflicto: en una entrevista con la cadena CNN pidió al gobierno federal «bajar el tono» y dijo que las redadas migratorias que desencadenaron las protestas son «una receta para el caos completamente innecesaria».

El gobierno estatal de California ha presentado una demanda contra la administración Trump al considerar que el despliegue de las tropas excede la autoridad del gobierno federal y viola la Décima Enmienda, que establece el límite entre las competencias del ejecutivo central y los estatales.

Newson también advirtió que el decreto presidencial podría sentar un precedente para futuras intervenciones en otros estados.

«Esto es exactamente lo que Trump quería (…) Ahora podrá hacer lo mismo en cualquier parte del país», aseguró el gobernador en la red social X.

Agregó que «todo gobernador, ya sea republicano o demócrata, debería rechazar este escandaloso exceso».

El pulso entre Trump y Newsom no solo refleja una disputa sobre competencias, sino también una pugna entre dos visiones políticas opuestas, con un trasfondo más amplio que venía gestándose desde hace años.

California se declaró «estado santuario» en 2018, lo que limitaba la cooperación de sus autoridades con las agencias federales de inmigración, y en 2024 el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó una medida aún más estricta que prohíbe dedicar recursos locales a operativos migratorios.

Trump ha criticado duramente estas políticas al considerar que fomentan un ambiente de «anarquía» en el estado demócrata.

En el caso de Newsom, figura destacada dentro del Partido Demócrata, algunos analistas señalan que la actual crisis le ofrece una oportunidad de reforzar su perfil nacional al plantarle cara al presidente de Estados Unidos.

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