El megajuicio contra centenares de supuestos pandilleros que arrancó en El Salvador

Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros centros penales de alta seguridad.

«Vamos a juzgar y vamos a saldar una deuda histórica. Se les estaría atribuyendo todos los delitos que hizo la Mara Salvatrucha durante estos 11 años», afirmó el fiscal.

Centros Judiciales de El Salvador, el organismo que reúne a los juzgados, precisó en su cuenta en X que entre los imputados están miembros de la «ranfla» (máxima jerarquía) de la MS-13, cabecillas por zonas y fundadores.

La MS-13 y su rival Barrio 18 -con sus dos facciones-, nacidas en Los Ángeles (California, Estados Unidos) en la década de los 80 y que evolucionaron hasta convertirse en unas organizaciones transnacionales designadas «terroristas» por Estados Unidos el año pasado, llegaron a controlar el 80% del territorio nacional de El Salvador, según el gobierno de Bukele.

En esa línea, a los imputados ahora «además se les procesa por el delito de rebelión porque buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo», lo que atenta contra «la soberanía nacional», según un comunicado de la Fiscalía General.

No es la primera vez que se llevan a cabo audiencias multitudinarias en El Salvador.

Fueron unas reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado aprobadas por la Asamblea Legislativa –controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas– en el marco del régimen de excepción las que abrieron la puerta a estos procesos.

Además de permitir la realización de juicios colectivos contra las personas detenidas en ese contexto, se eliminó el plazo máximo de un proceso penal (24 meses) y otorgó poderes investigativos a la Policía Nacional Civil.

«Estas disposiciones amenazan el derecho al acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho a la defensa garantizados en tratados internacionales en materia de derechos humanos», alertó en 2023 la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), críticas a las que se sumaron organizaciones nacionales e internacionales del ramo.

«Los salvadoreños tienen derecho a que los crímenes atroces de las pandillas sean investigados, juzgados y sancionados. Pero estos juicios masivos hacen imposible establecer responsabilidades individuales con pruebas sólidas y garantías reales de defensa, y por ello corren el riesgo de convertir la justicia en una puesta en escena», le dice ahora Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

El proceso «exigirá mucho cuidado por parte de los jueces, quienes deben ser muy meticulosos en el examen y análisis de las pruebas», subraya por su parte el juez salvadoreño Juan Antonio Durán Ramírez.

«Se requerirá mucho tiempo para poder identificar a los acusados, individualizar los hechos y delitos que se atribuyen a cada uno, las evidencias, para poder determinar bien la responsabilidad de cada acusado; porque hay un riesgo de generalizar esas responsabilidades y riesgos de condenas injustas», agrega.

En ese sentido, la Fiscalía dijo tener «abundantes pruebas para pedir las penas máximas» para los imputados, sin precisar si se trataría de la cadena perpetua que entrará en breve en vigor para castigar a homicidas, violadores y «terroristas», según una reforma legal recientemente aprobada.

Y agregó, sin precisar fechas, que se espera que el juicio acabe «pronto».

Ante ello, el juez Durán considera que debería «valorarse el uso de procedimientos abreviados para darles aplicación a los principios de celeridad y economía procesal».

«¿De qué servirán condenas de 300, 500, 800 o 1.200 años de prisión, si no las pondrán cumplir?», se pregunta. «Se debería ser práctico y negociar esa condenas a partir de las pruebas que existan, para que la responsabilidad y las penas sean razonables».

El magistrado apunta además a la existencia de una «atmósfera de presión» sobre los jueces y que «el miedo a sanciones, represalias, a exposición pública o reproches está bien arraigado».

«Sin duda, eso afecta la calidad de la justicia y el servicio de una justicia independiente e imparcial», subraya.

«Pero aun así se debe demandar de la judicatura esa independencia en sus actuaciones para evitar fallos injustos. Hay que demandar decisiones objetivas, sobre la base de evidencias reales, confiables, corroborables y no impugnables o cuestionables con otras evidencias igualmente confiables y corroborables», señala.

«Muchos familiares alegan la inocencia de algunos detenidos y esperan una justicia independiente, imparcial y objetiva», prosigue.

«Mucha gente lleva detenida cuatro años o más, en espera de este momento, de su día del juicio, y deberían tener la oportunidad de conocer las evidencias en su contra, para poder cuestionarlas, impugnarlas y poder probar su inocencia; y los juicios masivos dificultan el ejercicio pleno de esos derechos», explica.

«Es un enorme reto para los jueces, y hay una gran expectativa por su desempeño, pues esperan justicia».

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