Elecciones en Venezuela: ¿en qué se parece y en qué no la actual crisis a la que se desató en 2019 cuando Maduro asumió su segundo mandato?

Más de cinco meses después de las votaciones, el Consejo Nacional Electoral no ha divulgado las actas que habrían permitido verificar los resultados ni permitió una auditoría internacional e independiente del proceso que muchos gobiernos latinoamericanos y de otras partes del mundo le solicitaron como requisito para avalar el resultado anunciado.

El hecho de que la oposición publicara en una página web más del 80% de las actas electorales y que las mismas otorgaran a González Urrutia un 67% de los votos frente a 30% de Maduro contradijo los resultados oficiales.

Esas actas divulgadas por la oposición fueron analizadas por gobiernos e investigadores independientes y fueron convalidadas por Jennie Lincoln, la jefa de la misión de observación electoral del Centro Carter, organismo que durante años fue avalado por el chavismo.

En el acto en el que fue proclamado ganador por el CNE el pasado 29 de juio, Maduro dijo ser víctima de un intento de golpe de Estado.

«Los mismos países que hoy cuestionan el proceso electoral venezolano, la misma ultraderecha fascista… fueron los que quisieron tratar de imponerle al pueblo de Venezuela, por encima de la Constitución, a un presidente espurio, utilizando la institucionalidad del país», señaló.

«Una especie de Guaidó 2.0», añadió refiriéndose al caso de Juan Guaidó, el opositor que presidía la Asamblea Nacional y que se juramentó como presidente interino en 2019 alegando que le correspondía ocupar la Jefatura de Estado dado que la reelección de Maduro en 2018 había sido fraudulenta.

Guaidó fue reconocido por unos 60 gobiernos del mundo, incluyendo muchos latinoamericanos.

Aunque varios países como Perú, Argentina, Costa Rica, Panamá y Uruguay han reconocido a González Urrutia como ganador de las elecciones, hay importantes diferencias entre lo ocurrido en 2019 y ahora.

En los comicios de 2018 la oposición mayoritaria decidió no participar alegando que no había condiciones para que el proceso fuera libre y justo.

Pero tanto el gobierno de Maduro como quienes le siguieron apoyando en la escena internacional argumentaban que no había habido fraude sino que simplemente la oposición había tenido la oportunidad de participar y no lo había hecho.

En 2024, en cambio, pese a que denunció la falta de condiciones para una elección libre, la oposición sí participó en los comicios y, de hecho, demostró haberlos ganado.

Otra diferencia clave es que la juramentación de Guaidó se basaba en artículos de la Constitución que establecen que, en caso de ausencia absoluta del jefe de Estado, corresponde al presidente de la Asamblea Nacional (AN) ocupar de forma temporal el Ejecutivo.

Guaidó formó una suerte de gobierno interino, paralelo al de Maduro, que intentó -infructuosamente en la mayoría de los casos- ejercer la Presidencia.

González Urrutia, en cambio, fue candidato en las elecciones presidenciales y publicó las actas de escrutinio que demuestran su triunfo.

Él no pretende formar un gobierno paralelo, sino que se reconozca su victoria y asumir la Jefatura de Estado.

González Urrutia contaría con un mandato expreso y masivo de los venezolanos para convertirse en presidente, mientras que Guaidó era un parlamentario poco conocido al que supuestamente le correspondía asumir el cargo debido a su rol en la AN.

Benjamin Gedan, director del programa para Latinoamérica del Wilson Center en Washington, considera que la situación de Maduro dentro de Venezuela es ahora más difícil.

«Esas elecciones hicieron mucho daño al perfil interno de Maduro porque lo que tenemos ahora es una población movilizada, comprometida con un proceso electoral que ahora no sigue y con esperanzas incumplidas de lograr una transición política», le dijo Gedan a BBC Mundo.

«Es una población decepcionada, pero con rabia también y dispuesta a manifestar o a buscar otros caminos para realizar los cambios políticos que exigen», agregó el experto.

Indicó, además, que muchos de los militantes tradicionales del chavismo no acudieron a votar porque, aunque no están a favor de la oposición, quieren un cambio político en el país.

Como consecuencia de la reelección cuestionada en 2018, el gobierno de Maduro fue sometido a numerosas sanciones internacionales en 2019 por parte de la Unión Europea y, especialmente, de Estados Unidos, cuyo gobierno adoptó una serie de medidas que limitaron la posibilidades de la petrolera estatal venezolana Pdvsa para explotar y comercializar el crudo venezolano.

Estas sanciones ocurrieron en un momento en el que la economía venezolana venía sufriendo varios años de gran contracción, se encontraba en default de la deuda externa y padecía de una crisis hiperinflacionaria.

Así, el gobierno inició una suerte de travesía en el desierto en el campo internacional durante la cual conservaba a sus aliados del ALBA (Cuba, Nicaragua, Bolivia y varias islas del Caribe), así como otros aliados internacionales como Rusia, China, Irán y Turquía.

Esta situación empezó a cambiar a partir de 2021, cuando Maduro fue invitado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México.

Ese mismo año, gracias a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, se inició un diálogo entre Washington y Caracas que permitió algunos acuerdos puntuales.

La salida del poder de mandatarios de derecha en países como Bolivia, Brasil o Colombia también contribuyó a que Maduro poco a poco recuperara reconocimiento y avanzara en una cierta normalización de su estatus internacional.

Como parte de este proceso, Biden flexibilizó en noviembre de 2022 las sanciones petroleras, a cambio de que el gobierno de Maduro se sentara nuevamente a negociar en México con la oposición venezolana.

Así se inició un proceso que conduciría a las elecciones del 28 de julio que, habrían abierto la puerta para la relegitimación de Maduro y, en consecuencia, al levantamiento de las sanciones contra de su gobierno.

Pese a que el gobierno de Maduro los da por buenos y rechaza cualquier sugerencia de malos manejos, los resultados de las presidenciales del 28 de julio anunciados por el CNE fueron recibidos con bastante escepticismo por parte de la comunidad internacional.

Si bien países como Nicaragua, Rusia, Irán, Bolivia, Cuba, China y Honduras reconocieron como legítimo el triunfo de Maduro, ha habido otros gobiernos tradicionalmente cercanos al chavismo venezolano que no le dieron un espaldarazo automático y exigieron más transparencia sobre el proceso electoral.

Ese fue el caso, por ejemplo, de los gobiernos de Brasil, Colombia y México.

Encabezado por Lula da Silva -un aliado tradicional de Maduro-, Brasil abogó durante meses por la publicación de las actas como un “paso indispensable hacia la transparencia, la credibilidad y la legitimidad del resultado de las elecciones”.

Sin embargo, sus sugerencias y recomendaciones no fueron escuchadas por Caracas y, de hecho, se abrió una clara brecha entre ambos gobiernos.

Las autoridades venezolanas revocaron la custodia que tenía Brasil de la embajada de Argentina en Caracas -dónde se encuentran refugiados varios opositores venezolanos- y criticaron duramente y en términos personales la decisión de Lula de vetar el ingreso de Venezuela en el grupo de los BRICS.

Luego de meses de desplantes, Lula optó por tomar distancia con la crisis, señalando que «Maduro es un problema de Venezuela, no es un problema de Brasil».

En el caso de Colombia que, junto a Brasil y México, estuvo buscando una solución para la crisis post-electoral venezolana, también hubo un distanciamiento.

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro anunció que no asistiría a la toma de posesión de Maduro debido, entre otras cosas, a la detención del defensor de derechos humanos Carlos Correa, así como al dirigente opositor Enrique Márquez.

Petro lamentó que sus peticiones de mayor transparencia electoral no fueran oídas y sostuvo que, aunque no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, no puede reconocer los resultados de las elecciones.

El gobierno venezolano dijo que más de 100 representaciones diplomáticas acudirían este 10 de enero a la toma de posesión de Maduro, sin embargo, en el acto estuvieron solamente dos jefes de Estado latinoamericanos: el cubano Miguel Díaz Canel y el nicaragüense Daniel Ortega.

Tampoco reconocen a Maduro Chile, El Salvador, Guatemala ni República Dominicana; mientras que Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay han ido un paso más allá al reconocer a González Urrutia como presidente electo.

«Creo que Maduro está peor ahora. No tiene apoyo de básicamente ningún gobierno fuerte en América Latina», dice a BBC Mundo Benedicte Bull, profesora titular de Ciencia Política la Universidad de Oslo especializada en América Latina.

Destaca que aunque lo consideran ganador de los comicios, muchos gobiernos no han querido reconocer a González Urrutia para evitar las dificultades legales que se vivieron en 2019.

«Se hizo súper complicado hacer diferentes trámites en el tema de migraciones y los gobiernos necesitan algún tipo de relación formal para manejar ese asunto», indica.

Alegando el tema de la legitimidad democrática, los 27 gobiernos de la Unión Europea decidieron no enviar representantes a la toma de posesión.

La falta de legitimidad hace difícil que la economía venezolana logre una plena recuperación, pues según señalan numerosos economistas, no solamente necesitará el levantamiento de sanciones, sino una renegociación de la deuda externa, la entrada de cuantiosas inversiones y el apoyo financiero de organismos multilaterales como el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial.

Gedan explica que hay mucho interés en el petróleo de Venezuela, debido a que ese país todavía tiene una gran capacidad de producción, pero no cree que esas inversiones se concreten.

“Todos los expertos que analizan el sector energético de Venezuela dicen claramente que no tiene futuro sin una transición política. No importa lo que pasa con las sanciones de Estados Unidos, lo que el país necesita es una renovación total de los gobernantes, otro marco regulatorio para el sector, nuevas leyes e inversiones enormes para reconstruir este sector que ha quedado casi totalmente destruido”, apunta.

Bull, por su parte, destaca que durante los últimos tres años Maduro había tratado de hacer ver que los problemas de Venezuela se habían arreglado, gracias a que había habido un poco de crecimiento económico.

«Las elecciones iban a ser lo que le ayudaría a llegar a otra situación y creo que eso es lo que había prometido también a los inversionistas: que pronto tendrían una situación más estable al lograr legitimidad», apunta.

Ambos analistas coinciden en que esa relegitimación no se producirá y, por tanto, el esfuerzo se habrá perdido.

Bull advierte que esta crisis de legitimidad no afectará la alianza que mantiene Maduro con China y Rusia, pero resalta que la situación internacional ha cambiado en comparación con 2019.

“Rusia no tiene capacidad económica en esos momentos para brindarle a Maduro el apoyo que le daba en 2019 para evitar las sanciones. Con China sí hay una relación, pero Maduro sabe muy bien que China no está dispuesto a darle más financiamiento”, dice la experta.

En el frente latinoamericano, Gedan advierte que el proceso de “normalización” de relaciones entre Venezuela y los países de la región ha sufrido un frenazo con la crisis de legitimidad derivada de las elecciones.

«Maduro está más aislado que nunca. Ni siquiera Gustavo Petro, quien normalizó la relación colombiana con su vecino, asistió al juramento de Maduro», dice el experto.

“Va a ser muy difícil para la mayoría de los gobernantes en Latinoamérica normalizar las relaciones con este gobierno, porque todavía existe un compromiso regional con la democracia y está a la vista que en Venezuela no existe democracia”, agrega.

Explica que eso no significa necesariamente la aplicación de sanciones regionales -que no son usuales- ni cierre de embajadas.

“Lo que eso significa es que Venezuela no tendrá aliados en la región justificando su comportamiento, que es lo que tenía por muchos años. Para gente como Lula, como el presidente colombiano Gustavo Petro va a ser muy difícil defender el comportamiento del régimen o justificar las violaciones de Derechos Humanos después de esas elecciones”, concluye.

*Esta nota fue publicada originalmente el 1 de agosto de 2024 y fue actualizada tras la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato el 10 de enero de 2025.

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