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- Autor, Kayla Epstein
- Título del autor, BBC News
Cuando Rebecca, una madre de 48 años de Michigan, necesitó ayuda para su hijo con discapacidad, recurrió a la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación de Estados Unidos.
El hijo adoptivo de Rebecca, de 13 años, padecía síndrome de alcoholismo fetal, TDAH y otros diagnósticos de salud mental que requerían apoyo educativo especializado.
Sus síntomas podían incluir agresión hacia compañeros, profesores u objetos, y tras algunos arrebatos fue suspendido el otoño pasado.
Rebecca afirmó que el distrito escolar aisló a su hijo de sus compañeros durante meses, dejándolo con un contacto limitado con profesores de educación especial y otro profesorado.
En octubre de 2024, Rebecca presentó una queja ante la OCR alegando que la escuela violaba la ley federal sobre discapacidad y que su hijo «había sido discriminado y se le había negado una educación pública gratuita apropiada».
Argumentó que la escuela solo le permitía «asistir dos horas al día y en un entorno segregado».
Gradualmente se le fueron agregando horas, afirmó Rebecca, pero permaneció aislado. El distrito escolar no respondió a una solicitud de comentarios.
Aunque Rebecca contaba con un abogado privado y un defensor de la educación, un abogado de la OCR en Cleveland estaba facilitando la mediación con el distrito escolar en abril.
Pero antes de que eso sucediera, la administración Trump despidió a todo el personal de la oficina de Cleveland, incluyendo al abogado que ayudaba al hijo de Rebecca, dejando su caso, y otros similares, en el limbo.
«No tengo otra opción para este niño», señaló Rebecca, quien pidió a la BBC que no revelara su apellido ni el nombre de su hijo para proteger su privacidad.
«Están jugando a la política con mi pequeño hijo. Y no creo que sea justo».
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Los repentinos despidos y la consiguiente confusión precedieron al enorme paso que dio este jueves el presidente Donald Trump: firmar una orden ejecutiva para tratar de desmantelar por completo el Departamento de Educación.
La orden ejecutiva instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a comenzar a «facilitar el cierre» del Departamento.
El Congreso, no el presidente, tiene la facultad de desmantelar una agencia federal, y la orden probablemente generará demandas legales.
Pero la medida ha dejado a muchos estadounidenses como Rebecca con incertidumbre sobre el futuro de sus hijos.
La secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, dijo a los medios el jueves que, si bien el departamento no se cerrará por completo, lo que quedará será mucho más pequeño y se centrará en funciones críticas, como los préstamos federales para estudiantes.
La OCR, agregó, se reducirá considerablemente en escala y tamaño.
Los recortes ya han comenzado: el 11 de marzo, la administración de Trump implementó drásticos recortes en el departamento mediante un proceso de reducción de plantilla, cortando su personal a la mitad.
McMahon afirmó que los despidos demostraban un «compromiso con la eficiencia, la rendición de cuentas y la garantía de que los recursos se dirijan a donde más importan: estudiantes, padres y maestros».
Aunque el Departamento de Educación tiene poca supervisión sobre las operaciones diarias de la mayoría de las escuelas en EE.UU., desempeña un papel clave en la aplicación de las directrices y políticas educativas federales.
La Oficina de Derechos Civiles fue una de las divisiones más afectadas en esa primera ronda de despidos.
La administración cerró 7 de las 12 oficinas regionales, incluyendo las de importantes áreas metropolitanas como Nueva York, Filadelfia, Chicago y San Francisco.
Este mes, mientras Rebecca y su esposo intentaban comprender las implicaciones de los cambios en el departamento para el caso de su hijo, todo el personal de la oficina de la OCR en Cleveland recibió un correo electrónico informando de la «eliminación» de su unidad, junto con sus puestos.
La noticia dejó a un abogado de Cleveland que trabaja en casos de discapacidad con una «sensación de desesperación total».
El abogado le dijo a la BBC que no solo le preocupaban los casos individuales que aún estaban en curso.
«El impacto de cada caso individual a veces es mucho mayor, en términos de educar a la escuela y beneficiar a los demás en el distrito», señaló el abogado, quien solicitó el anonimato por temor a represalias de la administración.
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Los padres y los abogados de la OCR llevaban mucho tiempo frustrados con los crecientes retrasos y la disminución de personal de la agencia.
Temen que los nuevos recortes imposibiliten que la ya desbordada división gestione las decenas de miles de quejas que recibe cada año.
Encargada de garantizar que las escuelas cumplan con las leyes de derechos civiles de Estados Unidos, la labor de la OCR es ayudar a garantizar que los estudiantes no sean discriminados por su discapacidad, sexo, raza o religión.
Las soluciones que la oficina ayuda a implementar podrían ser tan sencillas como añadir medidas de accesibilidad a los edificios escolares o sentar a un niño miope al frente de la clase.
Pero la oficina también aborda casos complejos de discriminación u hostigamiento escolar, así como de acoso y agresión sexuales.
Antes de la orden ejecutiva de Trump, ya había indicios de que la misión de la oficina estaba cambiando.
El personal de la OCR había recibido orientación para priorizar los casos de antisemitismo, informó la agencia AP.
Craig Trainor, subsecretario interino del departamento para los derechos civiles, declaró que se encargarán de los casos que involucren a atletas transgénero en las universidades para combatir la «ideología transgénero radical».
El 14 de marzo, el Departamento de Educación anunció el inicio de investigaciones en más de 50 universidades como parte de la iniciativa de la administración para erradicar las prácticas de diversidad, equidad e inclusión que considera excluyentes.
El personal que permaneció en sus puestos afirmó que la nueva dirección del Departamento de Educación había proporcionado poca o ninguna orientación sobre cómo se reasignarían miles de casos pendientes, incluido el de Rebecca.
También les preocupaba que los casos que involucran a minorías raciales o personas con discapacidad no reciban la atención adecuada.
La oficina recibió un récord de 22.687 quejas en el año fiscal 2024, según el informe anual de la OCR.
El número de empleados ha disminuido a pesar del aumento de casos a lo largo de los años. En 1981, la OCR contaba con 1.100 empleados de tiempo completo. Para 2024, se habían reducido a 588.
«Ya estábamos increíblemente saturados de casos», señaló el abogado de Cleveland. «Nunca me sentí orgulloso de nuestro tiempo de procesamiento».
Con los nuevos recortes, dijo, «este trabajo no se podrá realizar».
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Pero padres y educadores afirman que lucharán para no permitir el cierre del Departamento de Educación.
Nikki Carter, madre y defensora de derechos de las personas con discapacidad en Alabama, es una de las dos querellantes en una demanda presentada por el Consejo de Padres Abogados y Defensores, que denuncia al Departamento de Educación, a McMahon y a Trainor por los recortes masivos de empleos.
Carter ya conocía la frustración que generaba la acumulación de casos pendientes en la OCR. Su propio caso, presentado en diciembre de 2022 durante el gobierno de Biden, se prolongó con actualizaciones esporádicas.
La demanda alega que las acciones de McMahon han paralizado el caso de discriminación racial de Carter, que estaba siendo gestionado por la OCR, y que ella «no ha recibido ninguna indicación de que la investigación se haya reanudado».
«Hubo falta de comunicación durante todo el proceso», le dijo Carter a la BBC. «Cuando llegó el gobierno de Trump, empeoró aún más la situación y la hizo aún más difícil».
A pesar de su frustración con la OCR, creía que ésta seguía siendo necesaria para ayudar a las víctimas de discriminación racial. Esperaba que la demanda no solo restaurara la oficina, sino que la mejorara.
«Ni los niños, ni las familias, ni los defensores, están teniendo un debido proceso», declaró Carter. «Se les están negando los derechos educativos federales básicos. Y cuando eso no se puede conseguir a nivel local y estatal, la única esperanza que nos queda es recurrir al gobierno federal».
«Necesitamos que la OCR vuelva a trabajar», dijo. «Y también necesitamos que la OCR rinda cuentas por sus acciones, o por la falta de ellas».
Mientras tanto, Rebecca transfirió a su hijo a una escuela del distrito para estudiantes con discapacidades emocionales.
Pero aún quiere que la OCR negocie una tutoría especial para el niño y que informe al personal del distrito sobre cómo ayudar a estudiantes como él.
Recientemente se enteró de que el caso de su hijo sería transferido a la oficina de Denver, que aún está en funcionamiento, pero no ha recibido ninguna actualización.
«Lo trataron tan mal y de forma tan diferente debido a la manera en la que está estructurado su cerebro», indicó. «Quiero que alguien rinda cuentas por la forma en la que lo trataron».
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.bbc.com
Publicado el: 2025-03-21 13:21:00
En la sección: BBC Mundo