La Justicia de Ecuador aprueba la extradición a EE.UU. de Adolfo Macías «Fito», el líder de la temida banda «Los Choneros»

La Justicia estadounidense había pedido a Ecuador la extradición de Fito después de que las autoridades militares y policiales ecuatorianas lograran recapturarlo el 25 de junio, tras una búsqueda que se prolongó por 17 meses.

En enero de 2024, Macías, de 45 años, volvió a ocupar los titulares al conocerse que se fugó de la cárcel de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años impuesta en 2011 por varios delitos, entre ellos narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada.

La aprehensión del delincuente más buscado de Ecuador hace cuatro semanas se dio en medio de un impresionante operativo policial y militar que se prolongó durante más de 10 horas.

Durante la operación, las autoridades emplearon radares y sonares para hallar el búnker, debajo de una casa ubicada en la localidad de Montecristi, a unos 400 kilómetros de distancia de Quito, donde se ocultaba el prófugo.

«Un líder despiadado y un narcotraficante prolífico de una violenta organización criminal transnacional».

En estos términos se refirió a Macías el fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, John J. Durham, cuando el pasado abril anunció sus intenciones de sentarlo en el banquillo de los acusados.

Durham informo que presentó una acusación contra el líder «Los Choneros» que incluía siete cargos ante los tribunales de Brooklyn (Nueva York):

«Al liderar la red de asesinos y traficantes de drogas y armas de ‘Los Choneros’ y enviar cantidades potencialmente letales de cocaína a EE.UU., el acusado ha causado un gran daño a su propio país y a EE.UU., destino de la gran mayoría de los cargamentos de cocaína de ‘Los Choneros'», afirmó el fiscal.

En caso de ser enjuiciado y condenado en EE.UU., alias «Fito» se enfrenta a penas de entre 10 años y cadena perpetua, según la organización Insight Crime.

Durham aseguró que su intención de enjuiciar a Macías suponía un «golpe significativo» contra los carteles de la droga.

«Es un mensaje claro de que nadie que impulse este comercio letal está fuera del alcance de la justicia», dijo.

«Los Choneros» nacieron en los años 90 en la ciudad de Chone, en la provincia costera de Manabí; y de allí se extendieron a Manta y otras localidades a las orillas del Pacífico.

Para 2023, se estimaba que la banda tenía entre 12.000 y 20.000 miembros, por lo que era considerada una de las organizaciones criminales más importantes de Ecuador.

Originalmente las autoridades la identificaron como un brazo armado de un cartel colombiano, que buscaba controlar las rutas de tráfico marítimas hacia México y EE.UU. Pero también tendría nexos con disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que ayudaban a pasar cocaína desde Colombia, de acuerdo con medios ecuatorianos.

Sin embargo, hoy la justicia estadounidense también la vincula al grupo con el Cártel de Sinaloa en México, al que facilitan rutas clave de tráfico de cocaína a través de Ecuador. Asimismo, opera una red a gran escala responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de Centroamérica y México, hasta EE.UU. y otros lugares.

Las autoridades estadounidenses aseguran que, bajo la dirección de Macías, «Los Choneros» enviaron grandes cantidades de droga a EE.UU. y además cometieron actos violentos contra las fuerzas del orden, políticos ecuatorianos, abogados, fiscales y civiles.

De consumarse la extradición de Macías, el líder de «Los Choneros» se convertirá en el primer ecuatoriano en ser entregado a la justicia de otro país en décadas y esto ocurrirá gracias a la modificación constitucional que el presidente Noboa impulsó el año pasado.

Hasta abril de 2024, el artículo 79 de la Constitución ecuatoriana establecía: «En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador».

Sin embargo, en un referendo la mayoría de los ecuatorianos decidieron reescribir la norma antes citada y abrir las puertas a la entrega de nacionales a otras jurisdicciones para su procesamiento.

Esta decisión supuso un giro de 180 grados y el fin de una restricción que se había mantenido inalterada en todas las constituciones desde 1946; es decir por casi ocho décadas.

Noboa defendió el cambio alegando que era indispensable para combatir delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.

«Ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas», declaró al conocer los resultados del referendo popular donde se aprobó la enmienda.

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