Las denuncias por la falta de protección a las mujeres en Argentina tras el brutal asesinato de Agostina Vega

El asesinato de Agostina Vega ha conmocionado a Argentina aunque no se trata de un caso único.

Dos días antes de que la encontraran, apareció dentro de un tanque séptico en un edificio abandonado el cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, desaparecida durante dos semanas en la provincia de Misiones. Como Agostina, había sido asfixiada.

El mismo sábado que encontraron a Agostina, Noelia Romero, de 30 años, llamaba aterrorizada a la policía: «Mi novio me tiene rehén». Los agentes se acercaron a la vivienda, pero aguardaron horas a las puertas a la espera de una orden judicial. Cuando entraron, Noelia ya estaba muerta.

Hace 11 años, otro asesinato de una niña de 14, Chiara Páez, dio origen al movimiento feminista «Ni Una Menos», que se manifiesta desde entonces cada 3 de junio contra la violencia machista, y que esta semana volvió a llevar la rabia y la indignación de muchos argentinos a las calles del país.

Desde entonces, la organización ha contabilizado más de 3.200 casos de víctimas letales de violencia de género.

La violencia contra la mujer no es nueva en Argentina pero, en el contexto actual, los casos de Agostina, Dulce y Noelia han puesto el foco en las críticas a los recortes que el gobierno de Javier Milei ha impuesto a los programas e instituciones dedicadas a la protección de la mujer y la lucha contra la violencia de género.

También en lo que muchos en Argentina denominan un «clima de época», es decir, la «batalla cultural» que empuñan el presidente Milei y sus partidarios con un discurso antifeminista que ha ido calando en ciertos sectores.

Algo que se vio, por ejemplo, en el tratamiento que en redes sociales y en ciertos medios de comunicación se dio al caso de Agostina, cuestionando a la propia víctima -cómo vestía o cómo actuaba- o a su familia. En una rueda de prensa, un periodista llegó a preguntar al padre de la chica que por qué creía él que habían matado a su hija.

«¿En serio me preguntás eso? Yo no puedo estar en la cabeza de un psicópata», respondió indignado el hombre.

Pero los casos de Agostina, Dulce y Noelia ha hecho también que muchos argentinos y argentinas sigan enarbolando la bandera de la lucha contra la violencia de género, ante el temor de que se pierdan los logros alcanzados durante años.

«Cada vez hay menos instituciones hoy para denunciar, acompañar y dar contención a las personas que son víctimas de violencia de género o que acompañan a víctimas de violencia de género», critica en diálogo con BBC Mundo la periodista y escritora Ingrid Beck, que fue una de las primeras organizadoras de la primera movilización de Ni Una Menos en 2015.

Hace justo dos años, Milei cerró el Ministerio de las Mujeres, después de haberlo reducido a subsecretaría de Estado nada más llegar al poder en diciembre de 2023. Había sido una de sus promesas de campaña. Sus competencias se enmarcan ahora en el ministerio de Justicia, aunque han quedado diluidas, según los críticos de la decisión del gobierno.

La línea 144, que servía para atender llamadas de mujeres en situación de violencia de género, pasó a convertirse también en 2024 en un servicio genérico para atender a cualquier persona «en situación de violencia y riesgo», a pesar de que en esas fechas se registraba un femicidio en Argentina cada 29 horas, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Desde el Ministerio de Justicia aseguraron a BBC Mundo que las políticas que se descontinuaron en este gobierno «son aquellas que solo tenían un nombre bonito pero que en la práctica no resolvían ningún problema concreto, funcionaban mal o eran caja política».

Ante las críticas que apuntan a que los recortes en instituciones, programas y marcos normativos diseñados para proteger a las mujeres y sus derechos han dejado a personas como Agostina Vega en situaciones de riesgo, el Ministerio señaló que el gobierno no va a hacer «bajo ninguna circunstancia un aprovechamiento político de situaciones tan dolorosas y vulnerables. Preferimos la verdad y el correcto funcionamiento de las instituciones por encima de cualquier especulación discursiva».

Las leyes que protegen a las mujeres o que protegen sus derechos siguen en pie, pero muchos temen que, al desfinanciar las instituciones que las sostienen, sea más difícil aplicarlas.

El femicidio de Agostina, señala Ingrid Beck, muestra cómo «mecanismos que estaban empezando a funcionar, porque estos son cambios que llevan muchísimos años han dejado de hacerlo».

«No se están cumpliendo ninguna de las leyes que tienen que ver con la violencia contra las mujeres y no hay nada que acompañe a las personas que están siendo víctimas de esa violencia», critica la autora.

Entre esas leyes, Beck enumera la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la ley de patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género, o el programa «Acompañar», que venía del gobierno anterior y que «lo que hacía era darle un salario mínimo a las personas que habían sido víctimas de violencia de género para que pudieran salir del círculo de la violencia durante seis meses. Eso también se dio de baja».

Además, el gobierno quiere sacar adelante un proyecto de ley de «falsas denuncias», que busca reformar el Código Penal para aumentar las penas por falso testimonio en causas vinculadas a violencia de género, delitos sexuales, niños y adolescentes y que, según Beck, «lo que está haciendo es desalentar a las mujeres a denunciar, porque pone en duda su palabra».

Según datos oficiales, las denuncias falsas apenas llegan al 0,9% de los casos en Argentina.

En el caso concreto de Agostina Vega, los críticos apuntan, además, a errores y decisiones y controvertidas de las instancias policiales y judiciales que contribuyeron al fatal desenlace.

Ary Garbovetzky es editor jefe de la sección de Ciudadanos y Sucesos del diario cordobés La Voz del Interior, y ha seguido el caso de Agostina desde el principio.

Para él, hubo desidia en el trato que se dio en un primer momento al caso por parte de la policía y la justicia: «Hubo una falta de adopción de perspectiva de género para tener la señal de alerta presente. Sí, este no era un caso más, no era una búsqueda de una piba [chica] que se fue con un noviecito, como lo calificó luego el fiscal».

Garbovetzky considera que «residuos patriarcales en la justicia» influyeron en esos primeros días en «minimizar la denuncia o el relato» y en «no tomar con la suficiente diligencia un caso de esta gravedad».

Una fiscalía especializada debía haberse hecho cargo del caso, afirma el periodista: «Muy posiblemente hubiera actuado de otra manera. Hubiera visto los signos de alarma que marcan los expertos, es decir, que la enorme mayoría de los femicidios son cometidos por personas cercanas al entorno de la víctima. Y si encima tenemos un relato de una menor en contacto con un mayor de edad, las alarmas tendrían que haber sido muy tempranas».

Tuvo que ser la familia, asegura Laura Vilches, que tiene contacto con personas cercanas a Agostina, «quienes iniciaron todo desde el momento cero».

«La familia la buscó, la familia armó los flyers con los datos de contacto para que la gente se enterara. Ahí estaba su foto, su rostro».

Así, gracias a las imágenes que su familia compartió en las redes sociales, fue cómo Ariel, el conductor del remís (taxi) que llevó a Agostina a encontrarse con Claudio Barrelier la noche de su muerte, se dio cuenta de que la chica estaba desaparecida, y llamó a la madre.

A partir del miércoles 27 de mayo, todo se aceleró. Imágenes de cámaras de seguridad que captaron un vehículo conducido por Barrelier dirigiéndose al lugar donde finalmente se encontró el cuerpo ayudaron a incriminarlo. Los perros, finalmente, hallaron los restos de Agostina enterrados.

Barrelier es el único detenido e imputado por la muerte de la adolescente.

La adolescente cordobesa corrió la misma suerte que en 2017 Micaela García, de 21 años, que más tarde dio nombre a la Ley Micaela, que obliga a formarse en perspectiva de género a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado. Ambas fueron asesinadas por un hombre que ya tenía antecedentes.

«Son fallas del sistema judicial, pero no son nuevas», apunta Beck. «Si desde el poder se niega la existencia de los femicidios o de la desigualdad, entonces, ¿por qué esperar que los funcionarios públicos tomen en cuenta que hay una víctima, una persona que está en riesgo?», se pregunta la autora.

La justicia, coincide Laura Vilches, «siempre actuó así».

«En estos 11 años desde que se iniciaron las marchas de Ni Una Menos, no cambió. Lo que sí cambió es la respuesta de la gente al enterarse de lo escandaloso de esto», agrega.

El caso de Agostina, como el de Dulce, Noelia, Chiara, Sofía o Micaela, han causado una profunda conmoción en el país. Una ola de indignación que muestra, según Ary Garbovetzky, cómo hay un sector de la sociedad «que no quiere dar marcha atrás, que se resiste al retroceso».

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