Las imágenes de una redada en un autolavado de Los Ángeles que muestran la ofensiva del gobierno de Trump contra los indocumentados

Acto seguido, todos corrieron.

Algunos saltaron una valla cercana mientras los agentes los perseguían a pie y en camionetas oficiales.

Los operativos continuaron al día siguiente, con más arrestos.

Uno de los seis hombres detenidos fue Jesús Cruz, quien había trabajado en ese lavado de autos durante más de una década y ha vivido en Estados Unidos durante más de 30 años.

Su esposa, Noemi, le contó a la BBC que estaba de compras con su hija cuando vio una publicación en redes sociales alertando sobre la redada.

La imagen mostraba el negocio de lavado de autos. De inmediato llevó a su hija a casa y fue al lugar, pero ya era tarde. Desde entonces no ha podido comunicarse con su esposo.

«Uno se acostumbra a tener a su pareja ahí, que te apoya, que es tu columna vertebral… y ahora es como: ¿cómo voy a seguir sola?», dijo Noemí.

«Mi esposo no tiene antecedentes penales. Nunca ha recibido ni una multa. Pagamos nuestros impuestos. Estamos al día con todo.»

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió a las consultas de la BBC sobre el estatus migratorio de Jesús Cruz ni sobre el objetivo específico del operativo.

Redadas como esta representan una escalada significativa en la estrategia de la Casa Blanca para detener y deportar a inmigrantes indocumentados.

Durante su campaña, el presidente Trump prometió enfocarse en la deportación de personas indocumentadas acusadas de delitos violentos, una medida que incluso recibió respaldo entre sectores de la comunidad hispana.

Sin embargo, en las últimas semanas su administración ha ampliado el alcance de la sredadas, elevando el objetivo diario de arrestos de unos 660 a 3.000, y apuntando también a lugares donde trabajan personas sin papeles, en sectores clave como la agricultura, la industria textil o el comercio.

«Simplemente salgan y arresten a ilegales», habría dicho Stephen Miller, principal asesor de Trump, a los agentes de ICE antes de lanzar las redadas en Los Ángeles, según reportó el Wall Street Journal.

Miller indicó que no era necesario elaborar listas específicas de personas buscadas, una práctica común hasta entonces y que bastaba con intervenir grandes negocios para detener al mayor número posible de trabajadores.

Mehmet Aydogan, dueño del lavado de autos, dijo que los agentes no pidieron documentos antes de esposar a los empleados y llevárselos. «No estaban haciendo nada ilegal», aseguró. «Todos trabajan duro». Añadió que todo ocurrió en menos de un minuto.

Días antes, otra redada en Ambiance Apparel, una empresa mayorista de ropa en el distrito de la moda de Los Ángeles, había generado temor. Testigos dijeron que más de una docena de personas fueron arrestadas.

El llamado «zar fronterizo», Tom Homan, negó que se tratara de una redada migratoria y explicó que era una investigación criminal en la que también encontraron a personas sin documentos.

«Lo he dicho desde el primer día: si estás en el país ilegalmente, no estás fuera del radar», declaró al New York Times.

Uno de los testigos, Enrique López, publicó imágenes en Instagram del operativo, que luego motivó una protesta con decenas de personas tratando de impedir que se llevaran a los trabajadores. Las autoridades usaron gases lacrimógenos y explosivos de distracción para dispersar a la multitud.

«Es triste que se trate de gente trabajadora», comentó López. «Y están tratando de hacer parecer que son delincuentes».

Las protestas en California comenzaron el 6 de junio con enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales en las calles, y se han extendido a otras zonas, algunas de las cuales han sido puestas bajo toque de queda nocturno. Cientos de personas han sido detenidas.

Las autoridades migratorias han asegurado que las manifestaciones no detendrán sus operativos. El presidente Trump ha enviado a la Guardia Nacional y a los Marines para reforzar la ofensiva.

Los Ángeles ha sido especialmente golpeada por las redadas. Se estima que más de 900.000 personas viven en la ciudad sin estatus migratorio legal, cerca del 10% de la población del condado. La mayoría pertenece a la comunidad hispana, que supera ampliamente a otros grupos étnicos, y muchos residentes legales o ciudadanos tienen familiares indocumentados.

«No puedo describir el nivel de miedo y terror que hay en la ciudad», dijo la alcaldesa Karen Bass.

«No sabemos si será esta noche, mañana, si será en sus casas o en sus lugares de trabajo. ¿Hay que mandar a los niños a la escuela? ¿Hay que ir al trabajo?».

Grupos comunitarios han comenzado a organizar redes de apoyo para que las familias indocumentadas puedan permanecer en sus casas, con voluntarios que las ayudan a hacer compras o trámites esenciales.

Pero la incertidumbre reina. Las autoridades migratorias no suelen informar de dónde se han realizado redadas ni cuántas personas han sido arrestadas, lo que incrementa la ansiedad en una ciudad cada vez más paralizada por el miedo.

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