Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU sobre la independencia de los jueces, acerca del gobierno de Trump: “Es importante que veamos que las órdenes judiciales se aplican y no se eluden”

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con esta especialista en derechos humanos que también es profesora en la Universidad de Nueva York, donde dirige una Clínica de Justicia Global:

¿Cómo evalúas la relación del gobierno de Trump con los jueces en EE.UU.?

Quisiera ser muy prudente en la respuesta, porque es muy pronto en el proceso. Sin embargo, lo que he notado es preocupante.

Cuando el presidente Trump estaba en campaña, hizo ciertas promesas sobre el uso del sistema de justicia como castigo.

Por eso, muchos observábamos con cuidado su relación con el sistema de justicia una vez que fue investido. Y en términos generales sobre el sistema de justicia, ya comenzó a remodelarlo en sus propios términos.

En el Departamento de Justicia, por ejemplo, ya despidió a docenas de fiscales que trabajaron en los casos de quienes entraron al Capitolio el 6 de enero [de 2021], y algunos fiscales también renunciaron en lugar de tomar ciertas medidas que se les pidió.

En cuanto a los jueces, el presidente Trump en la campaña electoral denigró a jueces particulares, en especial a los que supervisaban casos procesados en su contra.

Pero desde que asumió la presidencia, vimos a sus aliados pedir la destitución de jueces.

Señalo en específico a Elon Musk, quien en varias ocasiones ha pedido la destitución de jueces simplemente porque tomaron decisiones contrarias a los intereses del presidente o pausaron algunos de sus esfuerzos para remodelar el gobierno federal.

De hecho, no solo gente del gobierno de Trump sino partidarios suyos creen que hay jueces que intentan frenar su agenda por motivaciones políticas y señalan a magistrados nombrados por presidentes demócratas. ¿Ves indicios de politización o de utilización del sistema judicial como arma, como dice el presidente?

Lo que veo de hecho es lo contrario. Veo jueces que prestaron juramento a la Constitución intentando hacer su trabajo con cuidadosa deliberación para ser imparciales e independientes.

La acusación de un uso como arma creo que es muy injustificada. En los últimos días, varios jueces han hablado sobre los problemas de seguridad que surgen cuando la gente empieza a pedir no sólo la destitución, sino algo peor.

Lo peor viene de internet, viene de los partidarios, no viene de funcionarios ahora mismo. Pero hay una serie de publicaciones en las redes sociales que tuvieron una muy amplia difusión y parecen bastante amenazantes.

En los últimos días, varios jueces han salido a hablar de estas preocupaciones. Dos de ellos fueron nombrados por presidentes republicanos, uno por el propio Trump.

Dijeron que está bien el desacuerdo, incluso criticar a un juez, pero ir tan lejos como para plantear su destitución o algo peor es una amenaza directa al Estado de derecho.

La respuesta correcta cuando no se está de acuerdo con el juez es apelar, no amenazar.

¿Crees que hay un intento de presionar políticamente a los jueces de EE.UU.?

No quiero referirme a la intención. Pero lo que sí digo es que en gran medida es un movimiento intimidatorio pedir la destitución de jueces y ver que esas peticiones encuentran eco en formas que son bastante peligrosas.

Hay normas internacionales que prohíben intimidar o interferir en el trabajo de los jueces. Y cuando se empieza a traspasar ese límite y se amenaza con sustituirlos, eso empieza a constituir una interferencia.

Por eso es importante que quienes ocupan puestos de poder se dirijan a sus partidarios y les digan: aunque no estemos de acuerdo con los jueces, no los destituimos por eso ni los amenazamos, creemos en el Estado de derecho, y los jueces están para responder directamente ante la Constitución y las leyes, para aplicar el Estado de derecho de forma imparcial e independiente, y debemos proteger eso.

Sin hablar de intenciones, ¿sería posible que una presión política sobre los jueces en EE.UU. influyera en su independencia o en sus decisiones?

EE.UU. tiene una tradición muy sólida de justicia verdaderamente independiente e imparcial. Y sé que los jueces federales se toman muy en serio su juramento a la Constitución. Están muy preparados y bien educados, y creo que harán frente a este desafío.

Todavía no veo ninguna evidencia de que esto vaya a cambiar su enfoque en absoluto.

Sin embargo, no creo que los jueces deban ser héroes. No deberían correr grandes riesgos ni enfrentarse a peligros mortales, ni siquiera a acosos y amenazas.

Deberían poder hacer su trabajo con profesionalidad, cuidado y deliberación.

La administración Trump deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador el fin de semana, pese a que un juez federal lo prohibió. ¿Esto es parte de los hechos que mencionas como preocupantes?

Será importante conocer en los próximos días los hechos que rodean el momento de la orden del juez y el momento de esas deportaciones.

No quiero sacar conclusiones precipitadas, y no puedo decir en este momento si la administración tuvo la oportunidad de aplicar la orden del juez.

Pero sí diré que es importante que cualquier gobierno siga cuidadosamente las órdenes de un juez.

Y me preocupan algunos de los comentarios que hacen personas en el poder que parecen sugerir que los jueces están yendo más allá de sus mandatos, o que no actúan correctamente.

No creo que tengamos ninguna prueba de esto.

De hecho, el Departamento de Justicia de EE.UU. argumentó que un juez carece de autoridad para revisar las decisiones de seguridad nacional y política exterior tomadas por el presidente. ¿Cómo viste esto?

Cuando se exponen argumentos en documentos legales hay que tener cuidado.

Cualquier abogado que firme debe hacerlo de buena fe y creer que tiene al menos una base razonable en la legislación vigente.

Es una norma importante a mantener en el Departamento de Justicia.

Pero ese tipo de afirmación será decidida por los jueces. Veremos prevalecer la Constitución pase lo que pase.

Es importante que veamos que las órdenes judiciales se aplican y no se eluden o reinterpretan.

Una clave de este caso es el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por el gobierno. La administración Trump alega que los deportados eran miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, que designó como organización terrorista extranjera y que dicen que estaba perpetrando una invasión de EE.UU. Parece que intentan mostrar que es una circunstancia especial. ¿Coincides?

De nuevo, que los jueces decidan sobre la cuestión legal estadounidense. Pero bajo el derecho internacional, sin duda, esa sería una construcción muy inusual de preocupaciones de seguridad nacional.

Y también sería muy inusual no garantizar que las personas tengan acceso al debido proceso cuando se les acusa de pertenecer a un grupo de ese tipo.

Me preocuparía por asegurar que esas personas no son etiquetadas como algo y luego tratadas de esa manera, sino que tienen el debido proceso para hacer frente a tales desafíos.

¿Algún comentario sobre el hecho de que estos detenidos fueran enviados a El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele indicó el domingo que era «demasiado tarde» para cambiar las cosas?

El presidente Bukele tiene una relación problemática con la legislación internacional de derechos humanos en varios niveles relevantes a mi mandato.

Por desgracia, en el pasado hizo uso de diversas medidas para interferir con el Poder Judicial. Y me han preocupado bastante las garantías procesales en relación con los detenidos en El Salvador.

Creo que muchos están familiarizados con el durísimo régimen carcelario que existe en El Salvador.

Así que me preocupó bastante ver esa deportación allí. También me preocupó el tipo de bromas en las redes sociales que parecían sugerir que el no haber sido parados por la orden del juez causaba cierto deleite.

¿Consideras lo ocurrido como un hecho aislado, o has identificado otros casos en los que la administración Trump podría estar ignorando la orden de un magistrado?

Lo que hemos visto aún no pasa a ser un claro desafío a una orden de un juez, pero creo que estamos al borde de eso y es muy importante que miremos con cuidado, que todos esperemos que cualquier gobierno puesto en su lugar democráticamente debería, debe y, de hecho, se asegure de cumplir con cualquier orden de un juez.

¿Qué riesgos supone para una democracia que un gobierno desafíe la orden de un juez?

Los riesgos son muy altos, porque cualquier democracia tiene una división de poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, al que se le da el poder de interpretar la Constitución y las leyes del país.

Si uno de los otros poderes determina que de algún modo está por encima o es más poderoso que el Judicial, empieza a haber una verdadera erosión de la propia arquitectura de la democracia.

Por eso es importante insistir en que esperamos que el Ejecutivo cumpla cualquier orden judicial.

¿Dices que no ves esta erosión ocurriendo ya, pero ves el riesgo de que ocurra en EE.UU.?

Veo el riesgo muy claramente en el horizonte, y veo una erosión ya en el Departamento de Justicia, por ejemplo, y con el despido además de los llamados jueces de derecho administrativo: son jueces de inmigración o que son nombrados a través del Ejecutivo.

Algunos expertos advierten incluso del riesgo de una crisis constitucional en EE.UU., con un enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial. ¿Coincides con ellos o crees que esa advertencia puede ser exagerada?

No estaría de acuerdo ni haría caso omiso; tomaría un camino intermedio, en el sentido de que veo en el horizonte un riesgo, y creo que es importante que todos estemos muy atentos.

Pero aún no hemos entrado en ese terreno.

Y me gustaría recordar que no sólo está en cuestión nuestra Constitución, sino derechos humanos internacionales: el derecho humano a tener acceso a la justicia, a poder comparecer ante un juez y que éste tome una decisión, y a esperar que el gobierno la lleve a cabo.

También está la expectativa de que el Poder Judicial no sea utilizado de algún modo y pueda mantener su independencia y su imparcialidad en el futuro.

Alguien puede pensar que las diferencias entre los miembros de un gobierno y los jueces es parte de una democracia que funciona, de su sistema de pesos y contrapesos. ¿Hasta qué punto es habitual o extraordinaria esta situación que describes para EE.UU.?

Creo que lo inusual aquí es el ritmo y el número. He oído que en algunos de estos casos los jueces han hecho observaciones, parece que la implementación de algunas órdenes ejecutivas y otros tipos de directivas no ha sido cuidadosamente examinada por los abogados.

Parece que no se ha revisado su constitucionalidad. Y eso significa que se presentan ante los jueces en una forma que podría llamarse cruda.

Hay cosas que normalmente habría hecho el Departamento de Justicia por adelantado, diciendo: tal vez esta propuesta de orden ejecutiva es demasiado amplia, vamos a recortarla para que esté de forma más clara dentro de los poderes constitucionales del Ejecutivo.

Parece que eso no está sucediendo de modo efectivo, lo que significa que los jueces tienen que hacer todo ese trabajo.

Entonces, tal vez para la gente en este momento hay más casos que los normales. De algún modo es cierto, pero no porque haya una politización de los tribunales, sino más bien porque hay cierta externalización de ese tipo de trabajo preventivo a los jueces.

Has mencionado que la independencia de los jueces está protegida por el derecho internacional. Entonces, ¿si hubiera una clara violación de la autoridad o independencia de los jueces en EE.UU. podría hacerse algo a nivel internacional para intentar evitar o revertir la situación?

La legislación internacional sobre derechos humanos protege la independencia e imparcialidad del Poder Judicial en diversos tratados. Hay muchas formas de aplicarla. EE.UU. ha aceptado estas convenciones y tratados que dejan clara esta norma.

Por eso hay mecanismos de revisión de la ONU, por ejemplo. Hay relatores especiales como yo, que pueden enviar comunicaciones en cartas formales de preocupación. Ya lo he hecho por el ataque a la independencia del Departamento de Justicia.

Luego están los organismos regionales, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también examina la aplicación y el pleno cumplimiento de la legislación internacional sobre derechos humanos.

¿Ha tenido alguna respuesta a su carta al gobierno de Trump?

Aún no. Normalmente hay un periodo de 60 días antes de que mi carta se haga pública, y aún estamos en ese periodo.

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