Por qué en EE.UU., el país más rico del mundo, hay casi 800.000 personas sin hogar

Las medidas anunciadas este lunes por Trump siguen a una orden ejecutiva firmada en julio, que facilita el arresto de quienes vivan en las calles y que, según coinciden las organizaciones del ramo, dibuja una imagen «simplista y distorsionada» del fenómeno.

En 2024 la cifra de quienes no contaban con un hogar se disparó hasta superar los 770.000, la más alta desde que empezó a registrarse, según el más reciente informe federal al respecto.

Para decirlo de otra manera: para finales del año pasado 23 de cada 10.000 habitantes del país no tenía un techo bajo el que vivir.

¿Pero cuáles son las principales razones de esta compleja situación que, lejos de solucionarse, sigue sumando afectados? ¿Por qué no se ha logrado superar en un país que, con un Producto Interior Bruto (PIB) cercano a los US$30.000 billones según el Banco Mundial, se considera el más rico del mundo? ¿Y qué se espera del enfoque planteado ahora por la administración Trump?

Desde 2007 el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), una agencia federal que reporta directamente al presidente, lleva a cabo un recuento de las personas que viven en situación de calle.

Lo hace durante una noche al año, y el conteo realizado en enero de 2024 arrojó la cifra de 771.480 personas sin acceso a vivienda.

Se trata de un incremento del 18% con respecto a 2023, cuando también se vio un repunte del 12% en comparación al año anterior.

Así lo recoge el más reciente informe anual de la agencia, publicado en diciembre, que muestra además que el aumento se dio en todas las categorías poblacionales y de una manera especialmente pronunciada (un 40%) entre las familias con hijos.

Casi 150.000 menores fueron considerados sin hogar la noche del conteo.

Uno de los pocos colectivos en experimentar un descenso fue el de los veteranos de las Fuerzas Armadas.

Así, el número de exmilitares sin hogar se redujo en un 8%, hasta los 32.882, en 2024. Y el declive fue aún mayor, del 11%, hasta sumar 13.851, entre los que no permanecían en albergues o no tenían acceso a otro tipo de acogimiento temporal.

El informe apuntaba, en general, a la crisis nacional de la vivienda y al fin de las ayudas federales de la pandemia –como las moratorias al desalojo o el Programa de Asistencia para Alquiler de Emergencia— como dos de los principales fenómenos que impulsaron la cifra récord.

Pero también a la presión demográfica que supuso la llegada de decenas de miles de migrantes en busca de asilo y por tanto de techo.

De hecho, según el HUD, la cantidad de familias sin hogar aumentó más del doble en las 13 comunidades que más inmigración recibieron, mientras en las 373 restantes la diferencia fue del 8%.

En una visita a principios de 2024 a Skid Row, un área del centro de Los Ángeles con la mayor concentración de indigentes de la ciudad, BBC Mundo pudo constatar que decenas de familias procedentes de Venezuela, Ecuador y otros países latinoamericanos se habían sumado a la población habitual de los sin hogar.

Mientras mostraba una tienda de campaña en plena calle que compartía con su hija y su nieta, Doris, una venezolana de 40 años, le contó a este medio que llevaba allí 10 días.

«Pensábamos que estaríamos primero en un albergue y que después, con algún trabajito aquí o allá, podríamos asentarnos y pagar una renta. Pero lamentablemente no es fácil cuando eres migrante y no tienes permiso de trabajo», explicó.

Esto flujo hoy prácticamente está paralizado como consecuencia de las políticas antiinmigración de la administración Trump y el refuerzo de la frontera con México, y el panorama en las calles también se ha visto afectado por las deportaciones masivas.

Pero más allá de los récords, las organizaciones del ramo subrayan que la crisis de los sin techo es una problemática compleja y de larga data, estructural y multifactorial.

«Las políticas discriminatorias históricas y actuales continúan dando forma a quién tiene acceso a recursos y oportunidades», señala la entidad que, desde 1987, provee datos e investigación para que se desarrollen políticas públicas en torno a la vivienda, además de ofrecer asistencia técnica a sus socios en el terreno.

«Entender (la problemática del acceso a la vivienda) requiere reconocer cómo coactúan estos sistemas interconectados de discriminación para negar a las comunidades los recursos y las oportunidades necesarios para la estabilidad habitacional», concluye.

Según datos recopilados por la alianza, el porcentaje de hogares del país que destinan más de la mitad de sus ganancias a pagar el alquiler se ha disparado en la última década, aumentando en más del 12,5% entre 2015 y 2022.

Naciones Unidas considera que una vivienda es asequible si un hogar dedica menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda.

Con ese porcentaje como referencia, un informe reciente de la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), otra organización no gubernamental centrada en el tema, concluye que el trabajador promedio que gana el salario mínimo en EE.UU. debe trabajar aproximadamente 104 horas semanales (el equivalente a 2,4 empleos a tiempo completo) para poder rentar un apartamento de un dormitorio a un precio «justo» en el mercado.

Fundada en 1974 y con sede en Washington, la NLIHC estima además que hay una escasez de 7,1 millones de viviendas en alquiler asequibles y disponibles para inquilinos considerados de extremadamente bajos ingresos.

Esto se traduce en tan solo 35 viviendas de ese tipo para cada 100 hogares con ese perfil, aquellos que registran el 30% o menos del ingreso medio del área en el que viven.

«La crisis actual está enraizada en la enorme escasez de vivienda para personas que llevan demasiado tiempo en situaciones extremas», le confirma a BBC Mundo Margot Kushel, directora del Benioff Homlessness and Housing Initiative de la Universidad de California San Francisco (UCSF).

Pero Kushel, profesora de medicina y jefa de la División de Equidad en Salud y Sociedad de dicha universidad, apunta a otros factores que pueden contribuir a la pérdida de vivienda.

«Cuando los ciudadanos no pueden costear o acceder a servicios sociales y de asistencia sanitaria, esto repercute no solo en su salud sino también en su situación financiera», señala la experta.

EE.UU. no tiene un sistema de salud pública universal.

De acuerdo a una encuesta de 2024 de KFF, una organización no partidista centrada en la políticas de salud, tres de cada cuatro adultos están muy preocupados porque no puedan hacer frente a facturas médicas inesperadas (74%) o al costo de servicios de salud (74%) para ellos y sus familias.

El sondeo también concluye que el 61% de los adultos que no cuentan con seguro de salud privado pospusieron su contratación debido al costo, y el 21% de los encuestados que sí están asegurados dijo no recibir la atención médica que necesitan porque póliza no la cubre en su totalidad y no pueden costeársela.

Por otra parte, el equipo de investigación de UCSF encabezado por Kushel ha estado estudiando a personas mayores sin hogar durante varios años y ha encontrado que casi la mitad de ellas se quedó sin techo cuando tenía más de 50 años.

Por todo ello, la experta señala que la orden ejecutiva del presidente Trump y sus declaraciones al respecto dibujan un retrato «excesivamente simplista y distorsionado» de la cuestión.

La decisión presidencial, emitida el pasado 24 de julio, afirma que «la vagancia endémica, el comportamiento desordenado, los enfrentamientos repentinos y los ataques violentos» han vuelto las ciudades estadounidense «más inseguras».

Apuntando al repunte en las cifras de las personas sin hogar, añade que «la abrumadora mayoría de estos individuos son adictos a las drogas o tienen una afección de salud mental, o ambos (…)».

Y concluye que los gobiernos federales que le precedieron, así como los estatales, «han gastado decenas de miles de millones de dólares en programas fallidos que abordan la falta pero no sus causas raíces, dejando a otros ciudadanos vulnerables a las amenazas a la seguridad pública».

Basándose en ello, pide a la fiscal general, Pam Bondi, tomar acciones legales para revocar los precedentes judiciales y los llamados «decretos de consentimiento», que limitan la capacidad de los gobiernos locales y estatales para trasladar a las personas que viven en las calles y campamentos a centros de tratamiento.

También instruye a la fiscal a brindar asistencia a los gobiernos estatales y locales que permitan el internamiento civil y el tratamiento adecuados de las personas con enfermedades mentales que representan un peligro para los demás o que viven en la calle y no pueden cuidar de sí mismas.

«El traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del internamiento civil restablecerá el orden público», se lee en la orden titulada «Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses».

La decisión presidencial exige además a los departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Transporte priorizar las subvenciones federales para los estados y ciudades que «hagan cumplir las prohibiciones sobre el consumo abierto de drogas ilícitas, acampar en zonas urbanas y el merodeo».

Asimismo, ordena una amplia recopilación federal de datos sobre personas sin hogar y con discapacidades mentales, lo que plantea serias preocupaciones sobre la vigilancia, la privacidad y «cómo dichos datos podrían utilizarse para justificar una mayor criminalización», advirtió en un comunicado la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

«Criminalizar a la gente por no tener un techo o por sufrir problemas de salud mental o de abuso de sustancias no aporta a crear una comunidad más segura, sino que hace que todos estén menos seguros, y no contribuye en nada a una posible solución de la crisis de las personas sin hogar», zanja Kushel.

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