¿Por qué fue tan baja la participación en la elección judicial en México, si era una iniciativa de un gobierno tan popular?

Lo que para Sheinbaum es un sistema de elección popular que profundiza la democracia en un país con 90% de impunidad en la resolución de homicidios, para otros, tanto en la oposición como en sectores especializados, es un golpe al Estado de derecho.

Salvo el estimado de participación, los resultados de las elecciones del domingo están por conocerse: primero se divulgarán los nombres de los elegidos para la Suprema Corte, luego los de los nuevos órganos de control judicial y después los de los jueces en cada estado.

Sin embargo, antes del domingo ya se podía predecir que el oficialismo sería vencedor, no solo porque la mitad de los candidatos eran considerados partidarios de Morena, sino porque la oposición —fragmentada y carente de discurso— llamó a la abstención.

Según encuestas, cerca del 70% de los mexicanos estaba a favor de una reforma al sistema de justicia y el 60% decía que la elección sería legítima si participaba más de la mitad del padrón.

¿Cómo se explica, entonces, que tan poca gente haya acudido al llamado electoral?

Para la presidenta, ese 13% es, en realidad, muestra de un «éxito». Y para la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la participación «cumplió las expectativas».

Las funcionarias hicieron una comparación con la consulta popular impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2021 sobre el enjuiciamiento de expresidentes, en la que participó el 6%.

«Si vota el mismo número de personas que votó para el primer ejercicio de consulta, pues muy buen resultado», dijo Sheinbaum antes del domingo.

Dicha elección, sin embargo, no era vinculante ni generó el revuelo político que ésta ni modificaba de manera estructural un pilar del Estado.

También hubo una consulta, en 2022, sobre el mandato de AMLO, en la que participó el 18%.

Sheinbaum también ha comparado esta elección con la de jueces locales en Estados Unidos, donde suele participar un 20%.

En su forma de verlo, para una elección como esta es esperable que participen fracciones minoritarias del electorado.

Y no hay encuesta que cuestione la conexión de la mandataria con el pueblo, que la responsabiliza —así como a su antecesor— de reducir la pobreza, tener resultados tangibles de gestión y plantarse con firmeza y serenidad ante la amenaza de Donald Trump.

Pero precisamente por la dificultad de activar a las mayorías en la elección de jueces, entre otras razones, es que muchos consideran este sistema fallido por definición.

Parte de la razón de ser del sistema es que las reformas impulsadas por AMLO entre 2018 y 2024 fueron bloqueadas por la justicia, que se convirtió en el actor principal de su oposición. La reforma se volvió una puja política.

De fondo además está que la corrupción, el nepotismo y la influencia del narcotráfico marcan al sistema de justicia mexicano. Al menos 90.000 personas privadas de la libertad no tienen condena. El sistema es lento y opera de manera desigual para cada ciudadano.

Pero la urgencia política de la reforma primó sobre su pertinencia judicial.

«La baja participación no me parece un reflejo del entusiasmo de la gente por la reforma, sino de los problemas de implementación de esta», le dice a BBC Mundo Vanessa Romero Rocha, abogada y analista política.

La experta, quien integró un comité de evaluación de aspirantes a jueces federales, añade: «Fue una elección intermedia —que suelen tener menor participación—, no partidista —lo que quita ese impulso identitario típico—, y además muy compleja: difícil de entender quiénes eran los perfiles y qué hacían los cargos».

«Todo eso, sumado a lo apresurado y abrupto del proceso, explica en buena parte el desinterés».

Los candidatos para las elecciones judiciales no podían recibir recursos públicos ni privados para hacer campaña. Tampoco podían hacer proselitismo en medios de comunicación.

La presencia del crimen organizado, como suele ocurrir en México, condicionó el proceso en algunas regiones.

Los mexicanos en el exterior no podían votar; tampoco las personas privadas de libertad que aguardan una sentencia judicial, probablemente los afectados más directos de la elección.

A esto se añade que votar era particularmente difícil: cada ciudadano recibía entre 6 y 10 complejos tarjetones y, según estudios especializados, el votante promedio tardaría entre 10 y 15 minutos ejerciendo su derecho.

Uno de los cambios sustanciales de la reforma es que relajó los requisitos de educación y experiencia para los aspirantes a juez. Muchos candidatos, entonces, aparecieron en campaña como inexpertos. Y a otros les encontraron vínculos con el narcotráfico.

Sheinbaum arrasó en las presidenciales de 2024: ganó con 60% de los votos, 30% más que su contrincante de la oposición.

Además, el oficialismo logró mayorías absolutas en el Congreso y fue eso, precisamente, lo que les permitió aprobar la reforma constitucional a la Justicia, la que ahora se concreta con la elección de jueces y tendrá otro certamen en 2027, cuando se renueven los funcionarios judiciales restantes.

En este año de Sheinbaum Morena se convirtió en un partido todopoderoso que controla, también, las ramas legislativa y judicial del Estado, así como la vasta mayoría de gobernaciones, alcaldías y asambleas locales.

Hoy Sheinbaum es una de las jefes de Estado más populares del mundo.

Muchos creen que, por esta creciente acumulación de poder, este domingo la democracia mexicana recibió un golpe fulminante; uno similar a los que, durante el siglo XX, le propinó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido gobernante en México durante 71 años.

Otros, como Sheinbaum, piensan exactamente lo contrario: que estas elecciones alejan a México del autoritarismo clientelista y corrupto de antaño.

Lo que para unos es un retroceso, para otros es una evolución. Y es en esa tensión histórica que los mexicanos vivirán del domingo en adelante.

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