Por qué la fiscalía en Guatemala pidió la extradición de dos altos funcionarios de Colombia

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el organismo que impulsó las órdenes de arresto, los acusa de haber negociado acuerdos judiciales irregulares con Odebrecht.

No solo el gobierno colombiano sino también el ejecutivo de Bernardo Arévalo en Guatemala -que está enfrentado con la fiscalía- rechazaron las órdenes de detención, al considerar que son arbitrarias y violan acuerdos internacionales.

Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo enfrentan cargos en Guatemala por asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión.

Presentó la acusación este lunes la FECI, una unidad del Ministerio Público guatemalteco dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche.

Curruchiche es la mano derecha de la fiscal general Consuelo Porras. Ambos figuran en las listas de «actores corruptos» de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei (2020-24).

En este caso, la acusación se centra en la presunta actuación de Velásquez y Camargo durante las negociaciones judiciales con la constructora brasileña Odebrecht, mientras ambos formaban parte de la CICIG.

Según la versión de la FECI, Velásquez -entonces jefe de la CICIG- y Camargo -responsable del área de investigación y litigio estratégico- habrían establecido acuerdos con directivos de Odebrecht sin base legal en el sistema guatemalteco.

La fiscalía alega que estos convenios habrían beneficiado indebidamente a la empresa, implicada en una amplia trama de corrupción en América Latina, causando al Estado guatemalteco un daño económico de unos 3.000 millones de quetzales, aproximadamente US$390 millones.

Una de las obras bajo escrutinio es una carretera de 140 kilómetros que, aunque se pagó parcialmente con fondos públicos por unos US$255 millones, nunca fue construida.

A esto se suma a la supuesta falta de transparencia en los acuerdos judiciales, según la acusación de la FECI.

El organismo de la fiscalía afirma contar con entre 3.000 y 4.000 pruebas, entre ellas correos electrónicos fechados en 2017, grabaciones, testimonios y la declaración de un testigo protegido.

Además de Velásquez y Camargo, el documento de los fiscales también señala como acusados a otros exfuncionarios de la CICIG y del Ministerio Público guatemalteco. La lista contiene 26 nombres en total.

Con base en todo lo anterior, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal autorizó este lunes la emisión de órdenes de captura internacionales.

Guatemala solicitó la extradición de ambos y pidió a Interpol la activación de una circular roja para exigir su arresto en cualquier país con fines de extradición.

Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo llegaron a ocupar posiciones clave dentro de la CIGIG, el organismo de la ONU que operó en Guatemala durante más de una década.

Velásquez asumió la dirección de la comisión en 2013, y Camargo encabezó el área de investigación y litigio estratégico entre 2014 y 2017.

Desde sus cargos, ambos lideraron investigaciones que involucraron a expresidentes, ministros, empresarios y altos mandos militares guatemaltecos.

Uno de los casos más emblemáticos fue el conocido como «La Línea», que derivó en la renuncia y posterior condena del entonces presidente Otto Pérez Molina.

También se abrieron procesos contra otros mandatarios como Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Jimmy Morales, este último acusado de financiamiento electoral ilícito.

Las tensiones entre la CICIG y el gobierno guatemalteco alcanzaron su punto máximo durante el mandato de Morales, cuando en 2017 el entonces presidente intentó expulsar del país a Velásquez.

Aunque la Corte de Constitucionalidad bloqueó inicialmente la medida, en 2018 se le prohibió reingresar a Guatemala y el año siguiente el gobierno decidió no renovar el mandato de la comisión, lo que llevó al cierre definitivo de la CICIG en 2019.

Para Velásquez y Camargo, las actuales órdenes de captura son fruto de aquella confrontación.

En un mensaje publicado tras conocerse la orden de captura, Velásquez denunció una ofensiva encabezada por actores señalados de corrupción, como Curruchiche y Porras.

«La corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio», publicó el ahora embajador colombiano en el Vaticano en la red social X.

Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro defendió públicamente a Velásquez y Camargo, señalando que las órdenes en su contra «obedecen al crimen y no a las ciudadanías» al buscar intimidar a quienes lucharon contra la corrupción.

Las órdenes de captura emitidas contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo no solo generaron el rechazo de Colombia, sino también el del propio gobierno de Guatemala.

«Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional», expresó el ejecutivo de Bernardo Arévalo.

Arévalo, quien asumió el cargo en enero de 2024, es un reformista de centro-izquierda que llegó al poder con la promesa de luchar contra la corrupción y sanear la democracia guatemalteca.

El presidente mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los fiscales afines a su predecesor Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.

Voces críticas dentro y fuera de Guatemala consideran la acción judicial contra los funcionarios colombianos una represalia política impulsada por sectores y actores guatemaltecos que en su momento fueron investigados por corrupción.

Analistas y medios locales han advertido que muchas de las figuras señaladas por la CICIG han vuelto a ocupar espacios de poder y han influido en el rumbo del sistema de justicia del país centroamericano.

Desde el cierre de la CICIG en 2019, el aparato judicial de Guatemala -y en específico el Ministerio Público- ha sido objeto de constantes cuestionamientos.

Organizaciones internacionales han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces, defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.

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