«¿Por qué tendría que hacerme ilegítima haber defendido a El Chapo?»: los temores en México a que candidatos con nexos con la política y el crimen organizado sean elegidos como jueces

«¿Por qué debería? ¿Por hacer mi trabajo?», replica, levantando inmediatamente la voz ante cualquier sugerencia de conflicto de intereses.

«¿Por defender las garantías individuales de las personas? ¿Por montar una defensa técnica adecuada para un ser humano? ¿Por qué debería eso hacerme ilegítima?», pregunta.

Delgado no ha sido condenada por ningún delito, no enfrenta cargos ni está bajo investigación, ni por sus vínculos con El Chapo ni por cualquier otra cosa.

Pero una destacada organización de derechos humanos y transparencia en México llamada Defensorxs la ha incluido en una lista de 19 candidatos de «alto riesgo» en la elección.

La lista incluye un candidato condenado por narcotráfico y otro que enfrenta acusaciones de orquestar violencia contra periodistas.

El director de Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, cree que los «candidatos de alto riesgo» son un peligro para la legitimidad del sistema judicial de México.

«Es muy difícil que alguien que ya ha trabajado con un cártel salga, aunque haya sido solo como abogado. Ni siquiera se trata de si es una buena o mala persona», dice Meza sobre Silvia Delgado.

«El Cártel de Sinaloa no es solo ‘El Chapo’ Guzmán. Es una empresa que tiene intereses criminales y económicos que se están ventilando en los tribunales. El cártel podría presionarla para que muestre lealtad porque ella ya ha sido su empleada», indica Meza.

Silvia Delgado se pone visiblemente tensa cuando le mencionan a Defensorxs y a Miguel Alfonso Meza.

«Es algo estúpido», se enfurece, y afirma que ha retado a los organización a «escarbar» en su pasado todo lo que quieran. También rechaza su principal acusación, que le pagaron con dinero del narcotráfico y que podría verse comprometida si es elegida jueza.

«¿Cómo puedes probar eso? Recibí un pago que fue igual a cualquier pago mensual normal y me lo hicieron los abogados de su equipo legal. No soy su hija ni su hermana ni nada. Soy una profesional».

Delgado compite por uno de los más de 7.500 puestos judiciales en juego, desde magistrados locales hasta los nueve jueces de la Suprema Corte.

Mientras se debatía, la reforma judicial provocó protestas generalizadas de estudiantes de Derecho y una huelga de trabajadores del sistema legal. Sus críticos sostienen que elegir a cada juez en México equivale a la politización del sistema de justicia del país.

«Claro que es un ataque político (al poder judicial)», dice Miguel Alfonso Meza.

«Al expresidente Andrés Manuel López Obrador no le gustaba tener restricciones del poder judicial. Cuando la presión se hizo demasiado grande y las restricciones demasiado estrictas, la única solución que encontraron fue destituir a todos los jueces del país», añade.

Esta reforma fue aprobada antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum asumiera el cargo, pero ella es una firme partidaria de la misma y las encuestas sugieren que también cuenta con una amplia aprobación entre el electorado.

Los partidarios señalan que Estados Unidos, Suiza y Bolivia eligen a muchos de sus jueces. Pero México se convertirá en el primer país del mundo en elegirlos a todos.

Los mercados parecen haber mostrado sus dudas, y los inversores han dado muestras de temer la perspectiva de que el partido gobernante acabe controlando la presidencia, el poder legislativo y el poder judicial.

Meza cree que surgirán problemas debido a «los acuerdos y negociaciones que los jueces tienen que hacer con los actores políticos… para obtener el apoyo que necesitan para ganar las elecciones».

Una de las 64 candidatas que buscan un asiento en la Suprema Corte es Olivia Aguirre Bonilla. También de Ciudad Juárez, su formación legal es en Derecho Humanos y como activista contra la violencia de género en la peligrosa ciudad fronteriza.

Como todos los candidatos, Aguirre Bonilla ha tenido que pagar su campaña de su propio bolsillo.

Los candidatos tienen prohibido aceptar financiación pública o privada y comprar espacios publicitarios. Por ello, ha utilizado principalmente las redes sociales para impulsar su plan de seis puntos, que incluye la reducción de salarios exorbitantes y la apertura de las audiencias de la Suprema Corte al público.

Si bien reconoce las críticas sobre la posible politización del sistema de justicia de México, Aguirre Bonilla cree que la votación es una oportunidad para un cambio significativo de un poder judicial colapsado, corrupto y nepotista.

«Creo que todos los ciudadanos en México estamos politizados, y todos somos parte de la vida pública», dice.

«La diferencia aquí es que nuestro sistema legal ‘intocable’ –y era intocable porque estaba controlado por las élites, por los privilegios– por primera vez en la historia va a ser resultado de una votación. Se democratizará a través del voto popular.»

Muchas personas en el poder judicial estaban allí por influencia y conexiones familiares, argumenta Aguirre Bonilla, y carecen de la legitimidad de los poderes ejecutivo y legislativo.

«Este voto dotará al sistema de justicia de independencia, ya que quien lo está eligiendo no es la presidenta de la República, sino el pueblo de México para que lo representes».

Hasta ahora, los argumentos sobre la constitucionalidad y la legitimidad, sobre el proceso y los candidatos han sido amargos y feroces.

Ahora todas las miradas se dirigen a los colegios electorales, particularmente a las tasas de participación y abstención como indicadores del apoyo de los mexicanos a la reforma.

En cuanto a Silvia Delgado, la mujer que defendió al narcotraficante más buscado de México, solo espera que la gente de Ciudad Juárez respete su trabajo lo suficiente como para permitirle juzgar a otros criminales que sean llevados ante ella.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.