¿Puede realmente Estados Unidos enviar a sus ciudadanos convictos a la megacárcel de Bukele en El Salvador?

«Solo digo que si tenemos derecho a hacerlo, lo haría en un instante», dijo el mandatario antes de admitir: «No sé si lo tenemos o no; lo estamos estudiando ahora mismo, pero podríamos llegar a acuerdos para sacar a esos animales de Estados Unidos».

Ya durante la visita de Rubio a El Salvador quedó claro la buena acogida del gobierno de Trump a la oferta. «Podemos enviarlos y ellos los meten en sus cárceles», dijo Rubio, satisfecho, en referencia a los inmigrantes clandestinos.

Pero la sorpresa llegó cuando Rubio explicó que Bukele «también se ha ofrecido a hacer lo mismo con criminales peligrosos actualmente detenidos y cumpliendo sus condenas en Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales».

El líder salvadoreño confirmó que había «ofrecido a los Estados Unidos de América la oportunidad de subcontratar parte de su sistema penitenciario».

Aclaró que El Salvador estaría «dispuesto a acoger sólo a delincuentes condenados» y que su gobierno lo haría «a cambio de una tarifa».

Bukele también reveló dónde albergaría a los deportados de Estados Unidos: «nuestra megaprisión».

La megacárcel, también conocida como Cecot (abreviatura de Centro de Confinamiento del Terrorismo), se ha convertido en la bandera que Bukele enarbola como símbolo del éxito de su política de mano dura contra la delincuencia.

La prisión de máxima seguridad, una de las más grandes de América Latina, abrió sus puertas en enero de 2023 y puede albergar a 40.000 reclusos, según cifras del gobierno salvadoreño.

Allí, los reclusos están confinados en celdas sin ventanas, duermen en literas de metal y son vigilados constantemente por guardias armados.

El acceso a la prisión es muy restringido y los periodistas solo han podido entrar en visitas organizadas y cuidadas al milímetro por las autoridades.

No está claro el número de reclusos por celda. Algunos grupos de derechos humanos cifran la cifra en 80 prisioneros, mientras que otros dicen que puede llegar a más de 150.

Cuando nuestra periodista le preguntó cuál era la capacidad máxima, el director de la prisión respondió «donde caben 10 personas, caben 20».

Los prisioneros están encerrados dentro de sus celdas las 24 horas del día. Solo pueden salir durante 30 minutos a un pasillo sin ventanas para sesiones de ejercicio en grupo.

El diseño de la cárcel no es casual.

Después de un fin de semana particularmente sangriento en 2022 en el que más de 70 personas murieron en las calles de El Salvador, el presidente Bukele escribió en las redes sociales: «Mensaje para las pandillas: por sus acciones, sus chicos no podrán ver un rayo de sol».

Poco tiempo después se inició la construcción de la megacárcel.

Las condiciones en la cárcel y el trato a los reclusos han sido objeto de duras críticas por parte de grupos de derechos humanos.

Miguel Sarre, ex miembro del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, la ha descrito como un «pozo de hormigón y acero».

Entonces, ¿podría la administración Trump enviar ciudadanos estadounidenses allí?

Cualquier intento de deportar a ciudadanos estadounidenses o a personas que residen legalmente en EE.UU. a una cárcel extranjera parece abocado a ser impugnado ante los tribunales.

Los ciudadanos estadounidenses nacidos en ese país gozan de protección legal contra la deportación.

Sin embargo, hay algunos casos en los que los ciudadanos naturalizados, aquellos que no nacieron en el país y obtuvieron la ciudadanía estadounidense a través de un proceso legal, pueden perderla.

Suele suceder cuando se demuestra que la persona en cuestión cometió fraude para obtener la ciudadanía.

Alex Cuic, abogado de inmigración y profesor en la Universidad Case Western Reserve en Ohio, le dijo a la BBC que los ciudadanos estadounidenses naturalizados sospechosos de tener vínculos con pandillas criminales u organizaciones catalogadas como terroristas por el gobierno de Estados Unidos, como el Tren de Aragua o la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, también podrían, en teoría, perder la ciudadanía.

«Si usted tenía vínculos con pandillas y nunca los reveló, podrían usar eso como una razón para desnaturalizarlo».

Una vez que una persona ha sido «desnaturalizada», corre el riesgo de ser deportada.

Cuic señaló que «la ciudadanía no es algo que sea definitivamente para siempre si usted es naturalizado», pero cualquier medida de este tipo tendría que estar precedida por un «proceso judicial formal» en un tribunal federal.

Sin embargo, enfatizó que «nunca había oído» hablar de casos de ciudadanos estadounidenses nativos enviados al extranjero para cumplir penas de prisión por delitos cometidos y procesados en EE.UU.

Shev Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que «nunca había oído hablar de tal idea».

Si bien reconoció que había varios escenarios en los que los ciudadanos estadounidenses naturalizados podrían perder su ciudadanía, dijo que «no se puede desnaturalizar a un ciudadano nacido en Estados Unidos».

La situación de los residentes permanentes legales en Estados Unidos es más precaria que la de los ciudadanos estadounidenses.

Pueden ser deportados si violan ciertas disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que incluyen cometer delitos relacionados con drogas, delitos violentos o delitos como robo, fraude o agresión.

Al igual que los ciudadanos naturalizados, también pueden ser deportados si obtuvieron su residencia mediante fraude.

Los residentes permanentes legales que estén involucrados en terrorismo, espionaje o cualquier actividad que amenace el interés nacional de Estados Unidos también podrían correr riesgo de deportación.

Este último punto cobra importancia a la luz de la orden ejecutiva que el presidente Trump emitió el día de su toma de posesión en la que designó a los carteles de la droga como «organizaciones terroristas extranjeras».

Dos organizaciones criminales nombradas en la orden ejecutiva, Tren de Aragua y MS-13, también fueron mencionadas la semana pasada por el enviado especial de Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone.

En una comparecencia sobre el viaje de Marco Rubio a El Salvador, Claver-Carone elogió cómo Bukele había hecho frente a la MS-13 -una pandilla profundamente arraigada en El Salvador y que durante mucho tiempo ha aterrorizado a sus ciudadanos,-y dijo que el presidente salvadoreño podría ofrecer respuestas sobre cómo lidiar con el Tren de Aragua, banda criminal con origen en Venezuela.

Claver-Carone también insinuó que los pandilleros venezolanos preferirían regresar a su país antes que ser internados en una cárcel salvadoreña.

«Apuesto a que querrán volver a Venezuela en lugar de lidiar con las cárceles de las Mara en El Salvador», dijo sobre los miembros delTren de Aragua.

Marco Rubio también pareció enfatizar que el gobierno de Trump querría enviar ante todo a miembros de estas dos notorias pandillas a El Salvador.

Sin embargo, no está claro quién, ni siquiera si alguien, será enviado desde Estados Unidos a la megaprisión de El Salvador.

Lo que sí es seguro es que, con su «oferta de amistad sin precedentes», Bukele se ha ganado el favor de Trump en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y sus vecinos se ven sacudidas por las amenazas del presidente estadounidense de imponer aranceles a sus productos.

Con información adicional de Bernd Debusmann Jr en Washington DC.

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