Qué dice el canje de presos entre EE.UU. y Venezuela sobre la relación de Trump con Maduro

Cuando Trump asumió su segundo mandato en enero, muchos esperaban que endureciera las políticas de EE.UU. hacia el gobierno socialista de Venezuela.

Esas expectativas surgían en parte de lo ocurrido en su primer mandato (2017-2021), cuando Trump buscó sin éxito la caída de Maduro mediante su aislamiento diplomático, sanciones y declaraciones sobre una «posible opción militar» para Venezuela.

«Éramos enemigos con Venezuela», dijo el propio Trump en agosto, en plena campaña para volver a la Casa Blanca, y calificó a Maduro de «dictador».

Sin embargo, tras su retorno al poder comenzaron las sorpresas.

Richard Grenell, un enviado de Trump, viajó a Caracas el 31 de enero, se reunió con Maduro y volvió a su país con seis presos estadounidenses liberados por su anfitrión.

Además dijo haber logrado un compromiso de Maduro de recibir en su país a venezolanos deportados por el gobierno de Trump, a cambio del «regalo enorme» que suponía para él la «esperanza de un futuro diferente».

En mayo se supo que Venezuela había liberado a otro estadounidense que tenía en prisión, un veterano de la Fuerza Aérea de su país.

Luego surgieron reportes de negociaciones para un intercambio de detenidos como el que acaba de concretarse este viernes.

El trato llegó a estancarse por discrepancias internas en el gobierno estadounidense, informó el diario The New York Times a comienzos de este mes.

Y precisó que esas diferencias se debían a que Grenell negoció un pacto más atractivo para Caracas que el que buscaba en paralelo el Departamento de Estado, ya que admitía que la petrolera Chevron mantuviera operaciones en Venezuela.

Chevron es una empresa de EE.UU. cuyas operaciones en Venezuela se volvieron una fuente crucial de ingresos para el gobierno de Maduro, pero Washington anunció en mayo que dejaría expirar la licencia para eso.

No está claro por ahora si el acuerdo para el canje de detenidos incluye a Chevron o concesiones de otro tipo.

«Tanto Rubio como republicanos en el Congreso no parecen dispuestos a suavizar las sanciones petroleras u otras al régimen venezolano, mientras que Grenell y quizás incluso el presidente Trump parecen más abiertos a permitir que Chevron saque petróleo de Venezuela», explica Arnson.

Si bien esta analista sospecha que EE.UU. mantendrá una línea dura hacia Venezuela, otros creen que al menos ahora se impuso dentro del gobierno de Trump el ala menos ideológica y más transaccional sobre otra más rígida que incluye a quienes tienen vínculos con las comunidades cubana y venezolana en EE.UU. como Rubio.

Adam Isacson, experto en seguridad y defensa de la Oficina de Washington para América Latina, una organización de derechos humanos conocida por sus siglas en inglés de Wola, señala que en EE.UU. «quienes están dispuestos a hacer un trato con el gobierno venezolano e incluso darle una victoria propagandística ganaron» este viernes.

Entre los gobiernos de Trump y Maduro «no hay amor, pero ciertamente hay menos tensión que durante los años de (el anterior presidente estadounidense) Biden», dice Isacson a BBC Mundo.

La idea de un canje de presos entre San Salvador y Caracas surgió en abril, después que el gobierno de Trump deportara a 252 venezolanos a la megacárcel Cecot del país centroamericano, conocida por alojar a expandilleros.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo entonces que estaba dispuesto a enviar esos detenidos a Venezuela si la misma cantidad de «presos políticos» eran liberados por el gobierno de Maduro, que tachó de cínica la propuesta.

Pero la concreción de un canje que involucra además a ciudadanos de EE.UU. pone en cuestión afirmaciones previas de la Casa Blanca en el sentido de que carecía de potestad sobre los migrantes que envió a El Salvador a cambio de pagos millonarios al gobierno de Bukele.

«Es evidente que El Salvador no habría hecho esto sin la participación y la aprobación de funcionarios estadounidenses. Así que eso contradice lo que estaban diciendo a los tribunales», sostiene Isacson.

Bukele, quien se ha convertido en un aliado clave de Trump en la región y es acusado por críticos de vulnerar las normas democráticas en su país, afirmó que muchos de los venezolanos que repatrió este viernes «enfrentan múltiples cargos de asesinato, robo, violación y otros delitos graves».

El gobierno de Trump ha asegurado en distintas ocasiones, sin ofrecer pruebas claras, que los venezolanos que deportó a El Salvador saltándose los procesos jurídicos habituales pertenecían al Tren de Aragua, un grupo que designó recientemente como «organización terrorista extranjera».

Pero esa afirmación también parece en entredicho ahora, al aceptar Washington que esos mismos venezolanos vuelvan a su país de origen, señala Isacson.

«¿Imaginas que EE.UU. acepte enviar a miembros de Al Qaeda de vuelta a Pakistán, o a miembros de ISIS de vuelta a Siria?», compara.

«Es un estándar distinto de terrorismo, entre comillas, sobre todo porque sabemos por las noticias que probablemente la mayoría de esos hombres no tenían vínculos con el grupo criminal en absoluto».

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