Qué dice la ley de 1798 que Trump invocó para deportar a cientos de venezolanos a El Salvador y que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial

Pero, ¿qué dice la ley, qué poderes distintos otorga a las autoridades y cuándo fue la última vez que se aplicó? BBC Mundo responderá estas y otras preguntas a continuación.

La Ley de Enemigos Extranjeros es una norma de 227 años de antigüedad, la cual le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que EE.UU. se encuentre en guerra. Es decir, naciones con las que mantenga hostilidades reales.

La ley, que fue aprobada por el Congreso con el apoyo del presidente John Adams cuando EE.UU. estaba al borde de la guerra con Francia, buscó para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros.

«Se generó mucho alarmismo sobre los simpatizantes franceses en el país y sobre conspiraciones para, básicamente, poner a EE.UU. del lado de Francia», explicó Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, a la Radio Pública Nacional de EE.UU. (NPR, por sus siglas en inglés).

A lo largo de los últimos dos siglos, la ley se ha aplicado en tres ocasiones.

La primera fue en 1812, durante la guerra que EE.UU. mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por las tropas británicas.

La segunda y tercera vez ocurrieron durante la Primera (1914-1919) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945) respectivamente.

Durante el primer conflicto global, las autoridades estadounidenses utilizaron la ley para internar a más de 6.000 «extranjeros enemigos», muchos de ellos alemanes, en campos de internamiento, y algunos permanecieron detenidos hasta dos años después del fin de los combates, reportó la NRP, cintando información obtenida de los Archivos Nacionales.

Por su parte, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. registró a 480.000 «extranjeros enemigos» alemanes y arrestó a 6.300 entre la declaración de guerra en abril de 1917 y el armisticio en noviembre de 1918.

Más recientemente, durante la Segunda Guerra Mundial, el texto fue utilizado para permitir el encarcelamiento de ciudadanos alemanes, italianos, pero sobre todo japoneses que vivían en EE.UU.

Fue así como más de 30.000 personas pasaron la conflagración presas en campos de internamiento, porque Washington los consideraba potencialmente peligrosos.

Para justificar su aplicación ahora, en 2025, el presidente Donald Trump dictó un decreto este sábado en el cual declaró que el Tren de Aragua estaba «perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE.UU».

Y para enfrentar dicha amenaza, el mandatario ordenó que todos los ciudadanos venezolanos en el país que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que «no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales» sean «detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros».

Sin embargo, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, consideró que esta declaración era insuficiente para aplicar la ley, dado que esta fue creada pensado en un conflicto bélico.

Y, por ello, el funcionario judicial ordenó la paralización de las deportaciones. No obstante, su mandato fue ignorado.

«La ley de 1798 es clara en el sentido de que una ‘invasión o incursión depredadora’ debe ser realizada por una ‘nación o gobierno extranjero’ para que pueda invocarse», explicó a BBC Mundo Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón, hace unas semanas.

Entonces ¿Por qué Trump recurre a una ley tan antigua? y ¿Qué ventajas tiene al hacerlo?

Según expertos consultados por BBC Mundo, el instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que garantizarles el debido proceso; es decir sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse, a apelar ante una instancia superior, entre otros.

«La Alien Enemies Act da al gobierno de Trump un poder ejecutivo muy amplio y sin restricciones para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados a voluntad», explicó Tichenor.

«La norma autoriza a los presidentes a agilizar el proceso de deportación, dejando a los no ciudadanos sin posibilidad de recurrir a los tribunales de inmigración», agregó el experto.

Al impedirle a los inmigrantes poder ejercer sus garantías judiciales se reducen los tiempos y se pueden ejecutar deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump a lo largo de su campaña.

Otro elemento es que la Ley de Enemigos Extranjeros no requiere que se presenten pruebas de que un extranjero es una amenaza, basta con la simple sospecha. Así lo advirtió Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan para la Justicia.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha identificado a los venezolanos deportados, ni ha presentado pruebas que confirmen su relación con el Tren de Aragua ni que hubieran cometido delitos en EE.UU.

En febrero pasado, cuando los primeros dos vuelos con deportados llegaron a Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que «ninguno (de los deportados) tenía vinculación con el Tren de Aragua».

Asimismo, el funcionario venezolano indicó que de los primeros 190 deportados, solamente 17 tenían antecedentes penales.

La decisión de Trump de recurrir a este instrumento ha provocado controversia.

«Una ley de tiempos de guerra no tiene cabida para aplicarse en tiempos de paz», agregó Yon Ebrigth.

Por su parte, desde el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés) denunciaron que la implementación del instrumento legal constituye «un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales».

«Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de EE.UU.», afirmó la organización no partidista en un comunicado.

Trump ha prometido poner en marcha la mayor ola de deportaciones de la historia del país para devolverle la seguridad.

«Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos», enfatizó.

Desde que el magnate neoyorquino volvió a la Casa Blanca, en enero pasado, se ha incrementado el número de redadas y detenciones indiscriminadas.

Según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al menos 32.000 migrantes han sido detenidos desde la toma de posesión del presidente Trump.

Sin embargo, cerca del 23% de estas detenciones, unas 9.000, corresponden a migrantes legales, sin récord criminal, o en espera de procesos, audiencias y respuestas a solicitudes de residencia y asilo. ICE llama a estas detenciones «daños colaterales», reportó la cadena gala France 24.

*Con investigación de Cristina J. Orgaz

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