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- Autor, Redacción
- Título del autor, BBC News Mundo
Hace menos de un año mujeres indígenas le entregaban el bastón de mando a la primera mujer presidenta en la historia de México, Claudia Sheinbaum. Ahora, también por primera vez, un indígena presidirá la Suprema Corte de Justicia del país.
Hugo Aguilar Ortiz fue el candidato más votado en las inéditas y polémicas elecciones judiciales del pasado 1 de junio.
Desde el 1 de septiembre presidirá el máximo órgano de Justicia del país.
«Esta corte surge del pueblo, se debe al pueblo y al pueblo habrá de rendir cuentas en cumplimento a la mayor expresión de democracia», sostuvo en su primer discurso después de conocerse los resultados.
Aguilar dice que su principal objetivo es generar «acuerdos entre diferentes». Plantea, además, que los jueces «no obstaculicen los cambios» y que la justicia mantenga un «diálogo con la realidad nacional», dos puntos que parecen dirigidos a la Corte saliente, considerada un escollo opositor para las reformas del partido oficialista, Morena.
Tras haber conseguido casi 6 millones de votos, pese a la baja participación, Aguilar llamó a los miembros del Poder Judicial a unirse a esta nueva etapa «donde la corrupción, el nepotismo y el clasismo no tendrán lugar».
Parte de la justificación de la reforma que ha dado Sheinbaum, precisamente, es que el sistema de justicia opera bajo principios de «corrupción, nepotismo y clasismo».
«Las causas sociales serán la base del nuevo rostro de la justicia en México», añadió Aguilar.
La reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador redujo de 11 a nueve los ministros de la Corte Suprema, creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que vigilará a todos los jueces del país y lanzó el sistema de elección de jueces por voto popular.
Todos estos nuevos y viejos organismos de justicia, tras las elecciones, quedaron en manos de juristas alineados con el oficialismo, según diversos análisis especializados que investigaron sus carreras.
Aunque existe consenso en que el sistema judicial debía ser reformado, expertos de varias corrientes alertan que el nuevo sistema, controlado por el partido de gobierno, puede poner en riesgo el estado de derecho democrático de México.
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Quién es Hugo Aguilar
Nacido en Oaxaca en 1973, Aguilar lleva más de 30 años vinculado a la defensa de los pueblos originarios en México.
Es abogado y tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
«Crecí con la guía de mi padre, abrevando de la sabiduría, la visión y la filosofía indígena de mi comunidad de San Agustín Tlacotepec», cuenta en su página oficial.
Aguilar fue consultor en tierras indígenas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, trabajó en el Instituto Estatal y Participación Ciudadana de Oaxaca y fue subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca, según su hoja de vida.
El abogado recibió el apoyo de Sheinbaum en su búsqueda del cargo. En febrero, la presidenta dijo: «Queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte».
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Desde el primer año de la presidencia de López Obrador, en 2018, Aguilar dirigió el área de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lugar desde donde coordinó las consultas con las comunidades sobre el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Los tres proyectos de infraestructura estrella del gobierno obradorista tuvieron un alto impacto ambiental que, en las diferentes regiones, generaron fuerte rechazo por parte de las comunidades indígenas locales.
En su momento, la oficina en México para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas cuestionó las consultas lideradas por Aguilar por la baja participación y falta de información.
En la península de Yucatán, por ejemplo, las comunidades denunciaron que el Tren Maya se construyó sin consulta previa y que se destruyeron cenotes y selvas de connotación ancestral.
Aguilar fue el representante del gobierno en la atención de dichas quejas, las cuales, en una mayoría de los casos, se mantienen.
Críticos del sector indígena aseguran que el gobierno de Morena declaró reiteradamente el tema de los pueblos originarios como su prioridad, pero que en la práctica no concretó los cambios prometidos: por ejemplo, está pendiente una reforma constitucional que les garantiza representación política y les asegura la propiedad de sus tierras ancestrales.
«Nuevo sistema de justicia»
Antes de las elecciones, Aguilar aseguró que su objetivo es garantizar la «pensión para adultos, las becas para estudiantes, la protección del maíz nativo, la igualdad sustantiva de las mujeres».
Para el abogado el proceso electoral no solo definió a los nuevos jueces, sino que abre una etapa para definir lo que él mismo llamó un «nuevo sistema de justicia».
Aunque las reformas estructurales están pendientes, según críticos indígenas del gobierno, los siete años de gobierno de Morena abrieron una época de reconocimiento a las comunidades indígenas desde el Estado.
Esta etapa incluyó un decreto de López Obrador de la llamada Reforma Indígena sobre el control del territorio y la política de restitución de tierras promovida por Claudia Sheinbaum.
«No había habido representación de una persona de los pueblos originarios desde Juárez [presidente Benito Juárez, 1858-1872]. Entonces, sí es un cambio profundo», dijo la presidenta el martes siguiente a la elección.
«Qué bueno que llegó una persona de los pueblos originarios… mixteco. Juárez era zapoteco», añadió.
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De todos modos, el proceso electoral no ha estado exento de críticas.
El Instituto Nacional Electoral ha recibido un centenar de impugnaciones de las elecciones que denuncian irregularidades en la forma como se celebraron los comicios y la supuesta injerencia del partido de gobierno en el ejercicio de voto de los ciudadanos a través de los llamados «acordeones», unas listas promovidas por Morena en las que indicaban a la gente por quién votar.
El consejero electoral Arturo Castillo propuso «no declarar la validez» de las elecciones, sino dejar esta decisión en manos de la Suprema Corte, la cual seguirá presidida por los magistrados anteriores a la reforma hasta el 31 de agosto.
La Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, recomendó no replicar la elección judicial de México en otros países por considerar que debilita la imparcialidad de la Justicia.
Una reforma judicial con simbolismo político
Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en México
La elección de jueces tiene una vieja historia política que permite entender la relevancia de la elección de Aguilar. No se trata, solamente, del símbolo aparentemente reivindicativo hacia los indígenas.
Durante el gobierno de AMLO, entre 2018 y 2024, el Poder Judicial bloqueó, con base en amparos constitucionales, muchas de las reformas que el mandatario propuso para México.
Eso convirtió a los jueces y magistrados, a los ojos del mandatario, en una suerte de brazo de una oposición que, según él, no tiene conexión con las necesidades del pueblo y opera en favor de una élite oligárquica.
Por eso la reforma a la justicia es ampliamente vista como una represalia política más que como una medida rigurosa, metódica y pertinente para reformar una justicia considerada ineficiente y, en muchos casos, corrupta.
Y en ese sentido, la elección de Aguilar cumple los criterios políticos que dominan el discurso del partido de gobierno: es, creen desde los ojos de Morena, una reivindicación histórica para una población, el 20% del total nacional, que ha sido durante siglos discriminada y excluida del proceso político.
La pregunta es si, esta vez, los gestos simbólicos tendrán contraparte en la realidad.
Las necesidades y desafíos de la justicia en México son de inmensa envergadura. El país vive una emergencia de seguridad por cuenta del control territorial, político y económico que ejerce el crimen organizado en todo el país.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.bbc.com
Publicado el: 2025-06-20 08:40:00
En la sección: BBC Mundo