Rubén Rocha deja «temporalmente» el cargo de gobernador de Sinaloa mientras la Fiscalía de México investiga sus presuntos nexos con el cartel de «Los Chapitos»

«No voy a permitir que me utilicen para dañar el movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanos», dijo, y añadió: «México seguirá cambiando para bien».

Según los fiscales estadounidenses, Rocha habría recibido apoyo del cartel de Sinaloa para ser electo, lo que habría incluido actos de presión contra sus adversarios. A cambio, una vez en el cargo, el veterano político izquierdista habría permitido que el grupo operara sin intervención de las autoridades estatales.

Las sospechas sobre los nexos entre el gobernador y los cárteles de la droga no son nuevas. En 2021, informes de inteligencia mexicana que señalaban que el veterano político izquierdista había mantenido tratos con miembros del cartel de Sinaloa fueron publicados por el diario «Milenio».

Sin embargo, fue a finales de 2024, tras la captura de «El Mayo» Zambada, cuando los señalamientos cobraron fuerza. El capo aseguró en una carta que su detención se logró porque «Los Chapitos», la facción del cartel liderada por los hijos de «El Chapo», lo engañaron convocándolo a una reunión en la que, según le prometieron, estaría Rocha.

El político no apareció y Zambada fue secuestrado y llevado a Estados Unidos para ser entregado a las autoridades judiciales, según su relato.

El gobernador negó estos señalamientos.

«No estaba enterado de esa reunión. Ni estaba enterado ni me invitaron, ni tenían por qué hacerlo», aseveró en agosto de 2024.

El hecho de que Rocha naciera el 15 de junio de 1949 en el municipio de Badiraguato (Sinaloa), la misma zona donde en 1957 nació «El Chapo» Guzmán, también ha alimentado las sospechas sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Tanto AMLO como Sheinbaum han expresado en reiteradas ocasiones su confianza en el veterano político.

La licencia concedida a Rocha es por «hasta 30 días», según informaron los medios. Durante este tiempo, la hasta ahora secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, lo sustituirá.

Si producto de las investigaciones judiciales la ausencia del mandatario se prolonga por más de 30 días, el Congreso regional deberá nombrar a un «gobernador interino», de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución del estado de Sinaloa.

Dado que el mandato de Rocha concluye en 2027, las posibilidades de convocar elecciones son remotas. En caso de declararse su falta definitiva, el Congreso elegirá por mayoría a su sustituto, quien deberá concluir el periodo, según establece el artículo 59 de la Constitución.

Rocha afirmó que al dejar temporalmente su cargo busca «facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación».

Con su separación, el político pierde el llamado «fuero», la inmunidad de la que gozan los gobernadores mientras ejercen sus funciones.

«Quien obtiene una licencia deja de ejercer la función; por tanto, puede ser detenida como cualquier persona», advirtió Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de México, a través de su cuenta X (antigua Twitter).

Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía mexicana no ha dado indicios de que piense solicitar arrestos dado que «no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia».

Las autoridades mexicanas sostienen que sus pares estadounidenses no les han enviado evidencias que soporten sus señalamientos contra Rocha ni ninguno de los otros nueve mencionados.

Rocha no es el único señalado que se ha separado de su cargo: también lo hizo el alcalde de Culiacán (Sinaloa), Juan de Dios Gámez, igualmente dirigente de Morena, según informaron medios locales.

En contraste, el senador Enrique Inzunza, también miembro del partido gobernante y otro de los acusados, declaró que continuará en sus funciones mientras se defiende de los señalamientos provenientes de EE.UU.

No obstante, el diario «El Universal» aseguró que los abogados del legisladores se han acercado al Departamento de Justicia para solicitar que su cliente sea considerado «testigo cooperante»; es decir, una persona que colabora con las autoridades en una investigación o proceso penal a cambio de algún beneficio legal, como una reducción de pena.

Inzunza fue secretario de Gobierno de Sinaloa, entre 2021 y 2024, bajo el gobierno de Rocha.

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