«Si mi hermana no estuviera allá, con gusto te hablaría»: el miedo de los venezolanos en EE.UU. a opinar sobre la amenaza militar de Trump

Este presunto grupo criminal fue clasificado recientemente por Washington como una «organización terrorista extranjera», lo que otorga más poderes a las fuerzas militares estadounidenses para atacarla.

Sin embargo, las autoridades venezolanas niegan cualquier conexión con actividades ilícitas y aseguran que el gobierno de Trump busca derrocar a Maduro.

Debido a la tensión entre ambos países, conocer las opiniones de los venezolanos que viven en Doral sobre lo que está sucediendo es cada día día más difícil.

Junto a mi compañero de video, iniciamos la búsqueda de testimonios en un conocido restaurante de comida venezolana, pero la encargada nos ahuyentó para evitar «molestias» a los clientes.

Sugirió que abordáramos a la gente en la calle, aunque Doral comparte el mismo rasgo que otras ciudades del área metropolitana de Miami: no hay peatones porque todos se mueven en auto.

Probamos esta fórmula en un parque del centro de Doral, pero la reacción de la primera pareja se repitió con algunas variantes. Un hombre negó ser venezolano aunque su acento lo delataba, mientras que otro se llevó las manos a la cabeza de tan sólo pensar que Venezuela pueda ser atacada.

«No, esto es muy complicado», dijo levantándose a toda prisa del banco donde esperaba el autobús. «Mi familia está allá, imagínate, ¿qué te puedo decir? No quiero ni pensarlo».

En los últimos días, seis aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos hacia y desde Venezuela debido al riesgo de sobrevolar el espacio aéreo del país por la actividad militar estadounidense.

En respuesta a esta decisión, el gobierno de Maduro revocó los derechos de tráfico de Iberia, TAP Portugal, Avianca, Latam Airlines Colombia, Turkish Airlines y Gol, por considerar que se habría sumado a «acciones de terrorismo de Estado promovidas por el gobierno de Estados Unidos».

Para tratar de encontrar a venezolanos que estuvieran dispuestos a hablar, nos plantamos a las puertas de un supermercado.

Mientras empujaba el carrito de la compra en el que su hijo jugaba a ser un agente de policía, una mujer joven aseguró que le encantaría compartir su opinión, pero no era posible.

«Aquí estoy involucrada en actividades políticas y allá tengo a mi familia», dijo en medio de los gritos de su hijo, quien nos ordenaba quedarnos quietas. «Si no tuviera a mi hermana en Venezuela, con gusto te hablaría».

A inicios de noviembre, más de 800 personas permanecían detenidas por motivos políticos en Venezuela, según el monitoreo de la ONG de defensa de derechos humanos Foro Penal.

Esta organización calcula que 18.639 personas han sido detenidas arbitrariamente desde 2014, cuando ocurrió el primer ciclo de protestas violentas contra el gobierno de Maduro, que acumula 12 años en el poder.

«Estamos apretados por aquí y por allá», matizó la mujer con una media sonrisa, atenta a impedir que su hijo saltara del carrito.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, prometió que el gobierno venezolano buscaría a cualquiera que respaldara una invasión desde Estados Unidos.

«Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano», dijo hace varias semanas.

«El Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer».

Antes de entrar en el supermercado, una señora de cabello canoso se negó a dar opiniones en cámara.

«Ay mijita, qué vamos a saber, estamos en ascuas», respondió. «¿Qué quieres que te diga? Esto es una mierda».

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo en octubre que los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en El Caribe y el Pacífico son «inaceptables» y deben responder a las leyes internacionales que regulan el uso de la fuerza letal.

Hasta el momento más de 80 personas han muerto en esos ataques.

Türk también se mostró preocupado por el «deterioro de la situación de los derechos humanos» en Venezuela, por lo cual fue declarado persona non grata por el Parlamento en Caracas.

En los meses siguientes a las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado ganador pese a las denuncias de fraude de la oposición, 2.200 personas fueron detenidas en medio de las protestas contra los resultados.

Un joven de 17 años llamado Ángel Gabriel González cumplió más de un año en prisión tras haber sido acusado de participar en los ataques contra una estatua del expresidente Hugo Chávez en La Guaira, al norte de Venezuela, durante las manifestaciones que siguieron a los comicios.

Hace unos días, la doctora Marggie Orozco fue condenada a 30 años de cárcel, la pena máxima que las leyes venezolanas imponen a delitos como homicidio, secuestro y violación, por criticar a Maduro en un audio de WhatsApp.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que investiga violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela, ha advertido que la «persecución por motivos políticos» se intensificó en el país después de las elecciones, incluida la detención de menores de edad.

Bajo la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, cualquier persona en Venezuela que «fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia» puede ser detenida y juzgada.

La siguiente compradora que entró en el supermercado en Doral también era venezolana. Cuando le pregunté sus impresiones sobre la situación, se quedó inmóvil y en silencio.

«No sabemos nada… Mi familia está allá… No sé, no puedo decir nada».

El único que accedió a conversar fue Oscar, un hombre venezolano de 93 años que tiene dos décadas viviendo en Estados Unidos.

«Yo no creo que pase nada», dijo mientras recuperaba el aliento después de caminar desde el auto hasta la entrada del supermercado. «Mi hermana vive en Venezuela y su única preocupación es conseguir dinero para comer».