Yasuní: por qué Ecuador sigue explotando petróleo en el parque nacional un año después del histórico referendo en el que se votó a favor de prohibirlo

Pese a que el presidente Noboa se mostró en la campaña a favor de abandonar la explotación en el Yasuní, su ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, dijo que el tiempo adicional planteado por el Ejecutivo es necesario para poder llevar a cabo un cierre seguro del Bloque 43 y subrayó que no hay precedentes de una operación de paralización y desmantelamiento de un campo de petróleo como los que se plantean en Ecuador.

Pero organizaciones ambientalistas denuncian que el gobierno incumple injustificadamente el mandato popular expresado en las urnas.

Con una extensión de más de un millón de hectáreas en el corazón de la Amazonía, el Yasuní no solo es el mayor parque nacional de Ecuador, sino también una de las zonas de mayor biodiversidad de la Tierra.

Ubicado en el centro-norte de la región amazónica de Ecuador, es el hogar de 150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 598 de aves, 169 de mamíferos y 2.113 de flora. Los expertos lo describen como un “centro de biodiversidad de extraordinaria riqueza a nivel mundial”.

También es el hogar de varios pueblos indígenas ancestrales, entre ellos los tagaeri y los taromenane, considerados los últimos en aislamiento voluntario en el país.

El gobierno ecuatoriano creó el parque en 1979 y la Unesco lo declaró Reserva de la Biosfera en 1989.

Pero además de tesoros naturales, el Yasuní contiene también un gran yacimiento de petróleo que ha generado ingresos millonarios desde que se puso en funcionamiento y del que se sacan más de 50.000 barriles diarios.

De acuerdo con un informe del Banco Central del Ecuador, el Bloque 43, conformado por los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), dejó US$ 6.733 millones en las arcas del Estado entre 2016 y 2022 y supuso más de un 12% de la producción total de la petrolera estatal, Petroecuador.

Los ambientalistas denuncian que el Bloque 43 es una amenaza para este entorno único y para los indígenas de la zona.

Uno de los estudios realizados para la operación en el bloque detectó 17 impactos ambientales críticos y 86 severos, y se alertó del peligro de que la fauna de la zona sufriera atropellos, caza y pesca ilegales y vertidos de crudo, entre otros.

“La industria petrolera tiene un largo historial de contaminación y derrames en la Amazonía ecuatoriana, y sus actividades amenazan el modo de vida de las comunidades que viven en ella porque contaminan el agua que beben y en la que se bañan, y la selva en la que consiguen sus medicinas y alimentos”, afirmó Kevin Koenig, de la ONG Amazon Watch, en conversación con BBC Mundo.

Pero el petróleo es uno de las principales exportaciones de Ecuador y se estima que el Bloque 43 contiene un 20% de las reservas probadas del país. Su actividad supone actualmente un 1% de todo el Producto Interno Bruto nacional, por lo que renunciar a explotarlo no es un paso fácil para las autoridades.

Walter Spurrier, director de la revista económica ecuatoriana Análisis Semanal, le dijo a BBC Mundo que “cerrar el Bloque 43 sería sumamente duro en un momento en que el país necesita el dinero”.

Spurrier destaca que Ecuador lleva en una “situación económica muy complicada desde que cayó el precio del petróleo en 2014”, con un alto déficit fiscal y grandes dificultades para financiarse en los mercados.

Ahora que el gobierno necesita recursos para la lucha contra los grupos criminales que el presidente Noboa ha fijado como prioridad y sostener un sistema eléctrico al borde del colapso, cerrar el Bloque 43 es “pegarse un tiro en el pie”, sostiene Spurrier.

Estos argumentos no convencen a los partidarios del cierre. Koenig cree que “el gobierno está inflando las cifras de lo que representa el Yasuní”, y Pedro Bermeo, uno de los activistas que promovió el referéndum, declaró: “No estamos intentando detener la producción petrolera del Ecuador; estamos hablando de un bloque que está en una de las zonas medioambientales más importantes del mundo”.

A comienzos de la década de los 2000 arreciaron las voces que pedían explotar el petróleo del Bloque 43, el principal del Yasuní, en el que aún no había comenzado la extracción.

Pronto movimientos sociales y ambientalistas comenzaron a coordinarse para evitarlo.

En 2007 el entonces presidente Rafael Correa presentó ante la ONU un plan por el que el gobierno ecuatoriano se comprometería a dejar el petróleo del Bloque 43 en el subsuelo, evitando así la contaminación resultante, a cambio de unos US$3.600 millones de compensación que debería aportar la cooperación internacional.

Pero el dinero nunca llegó y en 2013 se decidió abandonar la iniciativa y autorizar la explotación del Bloque 43.

Ese mismo año, el movimiento Yasunidos, que agrupaba a distintos colectivos ambientalistas y pro indígenas, solicitó a la Corte Constitucional y al Consejo Nacional Electoral la celebración de un referéndum para dejar el petróleo del Bloque 43 en el subsuelo y así proteger el Yasuní.

Ambas instancias lo rechazaron y en 2016 comenzó finalmente la explotación en el campo Tiputini.

Pero en mayo de 2023 la Corte Constitucional se pronunció en un fallo a favor del referendo, que finalmente se celebró en agosto de ese año y en el que los ecuatorianos votaron a favor de abandonar el Bloque 43.

Tras el referéndum, la Corte Constitucional dio un año para finalizar la explotación del Bloque 43, pero ahora que se ha cumplido el plazo ha surgido un debate entre juristas sobre si la Corte se refería a un año del calendario o a días hábiles.

Noboa creó en mayo el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní, con el objetivo declarado de hacer efectivo el “retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada con la extracción de petróleo en el Bloque 43”.

Y el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, dijo que “hay un mandato claro del pueblo ecuatoriano” y “este Gobierno responsablemente iniciará el proceso de cierre».

Pero persisten las dudas sobre cuándo se completará.

El ministro Goncalves dijo a los medios locales que “esto no se ha hecho nunca, ni en el país ni en el mundo; tiene que hacerse de una manera responsable” y subrayó que el cierre se ha de realizar de manera progresiva para evitar riesgos ambientales y sociales.

Koenig, de la ONG Amazon Watch, cree que “el Estado está lanzando todos los argumentos que puede porque quiere que esos pozos sigan produciendo el mayor tiempo posible”.

Spurrier, por su parte, afirma que el desmantelamiento de la infraestructura del Bloque 43 será una tarea compleja y costosa para la que Ecuador “necesitará probablemente asesoramiento internacional”.

“Al dar un plazo de más de cinco años, el Gobierno no le está pasando el asunto no al próximo gobierno, sino al que vendrá después del próximo”, indica el economista.

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