asesinato de veedor ciudadano es solo la punta del iceberg

Dos meses han transcurrido desde aquella mañana en la que el veedor ciudadano Jaime Vásquez fue asesinado a sangre fría en una panadería del centro de Cúcuta. Su verdugo fue capturado días después, pero aún no se conoce quién dio la orden de silenciar la voz del abogado y periodista de 54 años.

Insisten en que la muerte de Vásquez fue un “mensaje miserable” e intimidatorio que los obliga a tomar más precauciones antes de exponer casos de corrupción y fallas en la contratación pública.

“Este sentimiento de desprotección hacia la prensa tiene como consecuencia la autocensura y vulnera los derechos a la libertad de prensa y al acceso a la información que debe tener la ciudadanía sobre temas de interés y de coyuntura en el departamento”, dijo la Flip en relación a la muerte de Vásquez.

El abogado y docente Yefri Torrado explicó que en Cúcuta cada día los líderes comunales son amenazados, a pesar de que Fedecomunal ha sido reconocido como sujeto de reparación colectiva. Lo cierto es que no existen garantías de no repetición. 

“El homicidio de Jaime Vázquez dejó un mensaje de violencia no solo física sobre su humanidad, sino simbólica frente al ejercicio de la veeduría ciudadana y la defensa de los derechos humanos. Y si bien su muerte intensificó la necesidad de protección de muchos líderes, no es un fenómeno nuevo, dado que por décadas los líderes y lideresas sociales han sido blanco de homicidios, desaparición, amenazas y atentados”, dijo Torrado.

La Corte Constitucional ha determinado que los líderes sociales son sujetos de especial protección constitucional, porque han sido objeto de una estrategia de ataque sistemática, estructural y generalizada.

Para el líder comunal Édgar Epalza, el homicidio de Vásquez llenó de desesperanza a ediles y presidentes de juntas de acción comunal que admiraban la vehemencia y las críticas de Jaime ante cualquier irregularidad.

“Su rol despertó enemistades. Jaime habló en varias ocasiones de fraudes cometidos por empresas públicas y también incomodó a la delincuencia común que tenía el control de las pilas públicas en el anillo vial occidental”, aseguró Epalza.

Al menos 10 líderes en la comuna 8 de Cúcuta han sido amenazados recientemente a través de panfletos, mensajes o llamadas telefónicas. En total, son más de 36 los líderes en riesgo en la ciudad.

Carlos Arturo Ramos, director administrativo de Corporeddeh, indicó que las investigaciones por delitos contra líderes sociales avanzan con lentitud o se limitan a capturas de los autores materiales, pocas veces se identifican los determinadores o autores intelectuales.

“Nadie en la institucionalidad responde por lo que le pasa a los líderes sociales en esta región, estamos totalmente expuestos y solos. El camino de los líderes y de los periodistas valientes que denuncian, es un camino que se han trazado por pura convicción y amor por la ciudad y por el país”, expresó el defensor. 

Las denuncias

En las últimas transmisiones que Jaime Vásquez hizo a través de las redes sociales, mencionó presuntos casos de corrupción que involucran al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y al representante a la Cámara, Wilmer Carrillo.

El último escándalo del que habló Vásquez trató de presuntas irregularidades en la recaudación de impuestos de vehículos. Al parecer, en 2018, Villamizar habría otorgado facultades a Ifinorte para realizar una sociedad mixta con Ap System, empresa que en cuatro años ha recaudado más de 18.000 millones de pesos.

Villamizar es miembro de la junta directiva de Ap System, empresa que había ordenado el embargo de vehículos de placa extranjera, violando así la Ley 1386 de 2010, que prohíbe a las entidades territoriales delegar la administración de tributos a particulares.

El lunes 15 de abril, un día después de la muerte del veedor, la secretaría de Hacienda departamental comunicó que desde el 8 de abril habían iniciado los embargos a más de 15.000 cuentas. Sobre este asunto, ningún ente de control ha abierto procesos o investigaciones.

El gobernador Villamizar Laguado tiene activas cerca de 24 investigaciones, cuatro ante la Corte Suprema de Justicia por delitos como corrupción al sufragante, peculado por apropiación y prevaricato por acción.  

Alias ‘El cojo’ no aceptó cargos

El caso Vásquez ha despertado el rechazo y la atención de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, y del presidente Gustavo Petro, quien ordenó a la Fiscalía una «profunda investigación».

Una semana después del homicidio, la Policía y la Fiscalía lograron la captura de Alejandro José Arias, alias El Cojo, quien sería el presunto homicida. Arias fue trasladado de Bucaramanga a Cúcuta para ser presentado ante una juez, quien le impuso detención preventiva en la cárcel La Picota de Bogotá. 

“Mientras el acusado insista en su inocencia y no acepte los cargos, todo será muy lento. Lo mejor sería que se haga un preacuerdo con la Fiscalía y se pueda dictar una sentencia, pero todo parece indicar que no será así. Lo más importante en el caso es que se proteja la vida de Arias y este entregue detalles de los autores intelectuales”, dijo una fuente judicial a EL TIEMPO.

Por ahora, los cucuteños coinciden en que la ciudad afronta un “estado de indefensión”, y de aparente abandono por parte del Gobierno Nacional. La confianza en los entes territoriales está cada vez más fracturada y muchos temen que, al igual que en el periodo del exalcalde Ramiro Suárez, los actores ilegales hayan permeado la clase política. 

CÚCUTA