así se vive en Jamundí entre el miedo y el fuego de los disidentes de las Farc

Al momento del atentado, que dejó dos a policías y a cuatro civiles heridos, doña Alicia y tres familiares más estaban en la casa de dos pisos, la cual queda ubicada a una cuadra de otro hotel, donde 100 policías se estaban hospedando para reforzar la seguridad de este municipio.

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“El problema era que los policías hacían guardia cerca de mi casa”, contó la mujer que lo perdió todo con el estallido a las 6 de la mañana de ese 20 de mayo. “No sé qué va a pasar y me pregunto quién responderá por los daños, me quedé sin nada y mi familia depende de este hotel”.

Como si fuera poca su situación, los ladrones hicieron de las suyas en la noche del mismo día del atentado. «Como los vidrios quedaron rotos en las ventanas, se entraron y se llevaron cinco televisores; el monitor de las cámaras de seguridad y una bicicleta que hace tres años costó $ 3 millones», continuó narrando.

“La explosión se sintió horrible. Las tejas se nos caían encima. Una cosa es vivir esto y otra, contarla. Lo único es que me quedé sin nada”, siguió repitiendo la señora Toro, quien aseguró que la violencia la ha perseguido desde que era niña. Vivió en poblados de Caldas azotados por crímenes y por eso, llegó al Valle. Estuvo primero en el norte de la región y desde hace 60 años, cuando abrió su hotel familiar, vive en Jamundí.

«Si le contara toda mi historia, no alcanzaría el año para hacerlo. Hace 37 años me mataron a uno de mis hijos, cuando iba a estudiar medicina en Cali». Pero, además, una de sus hijas, Maryuri Toro, está desaparecida desde hace cinco años. Desapareció en el casco urbano de Jamundí, cuando había dicho que iba a celebrar el cumpleaños de una amiga.

Otros vecinos, dueños de locales comerciales y de residencias, también están desconsolados en esa cuadra, la calle 13, entre carreras 10 y 11, del barrio Libertadores, donde siguen recogiendo los destrozos por la explosión de la moto.

“Estamos ajenos a una guerra y terminamos pagando los ‘platos rotos’, dijo la dueña de otro local que pidió reservar su nombre.

Son alrededor de 50 viviendas afectadas por el atentado en el casco urbano, por parte de disidentes que han impuesto un régimen del terror en 600 kilómetros cuadrados de la zona rural, donde hay cabecillas en los corregimientos para exigir extorsiones, hacer amenazas y hasta ejecutar homicidios y causar desapariciones forzadas.

Concejales que pidieron no ser identificados dijeron que son objetivo militar, así como lo fue el cabildante Jhon Fredy Gil, asesinado el pasado 27 de abril.

“Estamos desprotegidos en un municipio donde el conflicto armado está disparado”, dijeron. “Si veíamos que los ataques y masacres ocurrían en zona rural ahora el conflicto se trasladó a la zona urbana”.

Hasta la misma alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, ha pedido más protección por el riesgo alto que enfrenta esperando mayor respaldo en reforzar su esquema de escoltas por parte de la Unidad de Protección Nacional (UNP). La mandataria señaló que la Policía y el Ejército incrementaron medidas de seguridad para retomar el control territorial.

“Repudiamos estos hechos que altera la tranquilidad en Jamundí. Estamos trabajando. Decirle a la comunidad jamundeña que no vamos a parar, Jamundí es un territorio de paz”. También hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que visite esta localidad del sur del departamento y con el Gobierno se pueda avanzar en una intervención integral. “Los hechos en el casco urbano y en la zona rural nos preocupan de igual manera”, dijo la alcaldesa.

“La reacción de la Policía y del Ejército nos ha permitido tener el control del territorio y elevamos una voz al Gobierno Nacional para que nos acompañe en intervención integral, no solo en fortalecimiento con operativos, sino con inversión social”.

La alcaldesa insistió en el llamado al Gobierno Nacional y que hay situaciones que desbordan la capacidad de la Fuerza Pública, a pesar de los esfuerzos en conjunto con la Policía y el Ejército.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó que las autoridades tienen identificada a la persona responsable del atentado en el centro de Jamundí, bajo órdenes del frente de las disidencias ‘Jaime Martínez’, por el cual se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos y pidió a los ciudadanos denunciar o brindar información a través de la línea 321 394 5156.

Además, indicó ya se detuvieron a tres personas y un menor de edad fue aprehendido. Entre los capturados hay un delincuente conocido como alias Míller Ortiz Rivas por el hostigamiento que se presentó en el corregimiento de Robles, aseguró la gobernadora Toro. Ese lunes, hubo hostigamiento en esta zona rural, así como contra la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, también en Jamundí, que por fortuna no dejó víctimas que lamentar.
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Al tiempo, la Fuerza Pública anunció más patrullajes por tierra y aire en Valle y Cauca, pues en este último, dos policías murieron luego de que quedó destruida la estación por el voraz ataque con ráfagas de fusil y explosivos, también el pasado 20 de mayo. Por ello, las autoridades ofrecen hasta 500 millones de pesos por seis cabecillas del frente ‘Jaime Martínez’ que también hace presencia en Morales, como lo hace en Jamundí.

La zona rural de Jamundí, ese pedacito de territorio vallecaucano, es como si fuera otro país. Uno de no creer, donde hombres armados imponen su propia ley del terror con asesinatos, secuestros y trabajos forzados a una comunidad para que termine de construir una carretera de muerte y droga.

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Cerca de allí, según versiones de la misma población que han llegado hasta las autoridades y al Ejército, habría cuatro estaciones de gasolina levantadas por los mismos disidentes del frente ‘Jaime Martínez’, al parecer, para bombear combustible a la maquinaria que da forma a la vía que los alzados en armas están construyendo.
Esta es la zona de las veredas La Liberia, Ampudia, La Cabaña, Pradera, Cascarilla, Paso de la Bolsa, Potrerito, Robles, San Antonio, Puente Vélez, Villacolombia, Timba y La Cima, donde en buena parte de esa región hay pancartas de bloques del mismo frente de disidentes de las Farc. En La Liberia estarían funcionando las cuatro estaciones de bombeo ilegales.

Labriegos y sus familias que no demuestren ser moradores de las veredas, portando carnés de las juntas de Acción Comunal, son sometidos a castigos por los disidentes, como multas de tres millones de pesos y si no hay cómo pagar, vienen secuestros para que estos pobladores realicen trabajos forzados en construir una vía que va de la zona de El Despunte hasta el sector La Playa, cerca del río Naya, en las entrañas montañosas de Jamundí para tener acceso al mar del Pacífico colombiano. Es una de las rutas perfectas para la salida de cargas de droga.

Esta situación por el deseo del control territorial y social de la zona rural de Jamundí por parte de estos grupos ya venía de tiempo atrás, 10 años para ser precisos, cuando se desató una serie de masacres con más de una decena de muertos, entre 2019 y 2020. En ese entonces, el frente ‘Jaime Martínez’ ya demarcaba territorio, enfrentándose a ‘Los Pelusos’ que nacieron del EPL.

La Defensoría del Pueblo, en su alerta temprana de inminencia, la 005-24, dio un campanazo que se suma a la alerta 030 del año pasado. “En los homicidios y las desapariciones perpetradas en sectores rurales montañosos o adyacentes, por regla general se infiere la participación de este frente (‘Jaime Martínez’) al mantener un control territorial férreo y único hasta el momento”, indicó la alerta que fue ratificada por el propio defensor nacional, Carlos Camargo.

Según la Defensoría, el año pasado fueron asesinadas 112 personas, un 5,56 por ciento más que en el 2022 y de esas muertes violentas, 44 ocurrieron en zona rural, muchas de las cuales, es donde el grupo ‘Jaime Martínez’ tiene incidencia. Estos casos se han registrado en Timba, Paso de la Bolsa, Potrerito, San Antonio, Villacolombia, Robles y Puente Vélez.

En ese panorama de desasosiego están los homicidios de dos jóvenes, en noviembre de ese 2023, quienes fueron retenidos en el corregimiento La Liberia. Ese mismo día, en Timba, ocurrió la muerte de un joven que hacía poco tiempo había terminado de prestar el servicio militar, informó la Defensoría del Pueblo.

En diciembre pasado fueron encontrados en Potrerito, los cuerpos de un padre y su hijo, oriundos de Tumaco (Nariño), previamente secuestrados; asimismo, el primero de febrero tuvo lugar el homicidio de dos hombres, quienes fueron degollados en el corregimiento de San Vicente.

En ese mismo año hubo cinco desaparecidos, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, que tiene jurisdicción en el vecino municipio de Jamundí, además de cinco heridos por el carro bomba en septiembre de ese año contra la estación de Policía de Potrerito y 10 heridos más por granadas de mano.