El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó un incremento del 5,36% en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. Este ajuste, basado en la inflación causada a noviembre de 2024, responde a la imposibilidad de realizar un cálculo más preciso debido a las inconsistencias en la información reportada por las EPS.
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Según la entidad, esta decisión se tomó en cumplimiento de las normas vigentes y para garantizar la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
La cartera explicó que las EPS tienen la obligación legal de presentar información confiable, clara y oportuna, tal como lo exige la Ley 1438 de 2011. No obstante, indicaron que se detectaron irregularidades en los reportes, entre ellas «incrementos abruptos en los patrones de severidad y frecuencia de los servicios de salud, gastos médicos elevados sin la justificación correspondiente y pagos de medicamentos por encima del precio regulado«.
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El Viceministerio de Protección Social, señaló que las reservas técnicas de las EPS presentan un manejo discrecional y no se alinean con los comportamientos históricos. En este contexto, recordó que en casos donde no sea posible determinar el valor de la UPC debido a fallas en los reportes, la normativa establece que este se ajuste automáticamente según la inflación, como lo dispone el Decreto Ley 4107 de 2011.
Finanzas en salud
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Sin embargo, cabe recordar que la información pública expedida por el Gobierno muestra que, desde el 2023 a la fecha, a través de la Supersalud el Gobierno ha intervenido nueve EPS, en las que la ha designado sus interventores (en las que por la toma de posesión tiene injerencia), y cuyo número de pacientes ya supera los 28,6 millones de personas.
Solamente la Nueva EPS, intervenida en abril de este año, tiene 11,3 millones de pacientes, seguida por Sanitas, que reporta 5,7 millones de afiliados; Coosalud, la más reciente (22 de noviembre) tiene 3,2 millones de afiliados y Famisanar tiene 2,7 millones de personas vinculadas.
Según la cartera, no es la primera vez que la información inconsistente de las EPS obliga a tomar esta medida. Por ejemplo, en 2010, la Comisión de Regulación en Salud determinó que, ante la falta de datos confiables, los ajustes de la UPC debían basarse en la inflación causada.
Además, en 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la agremiación Acemi y a varias EPS por manipulación de datos para distorsionar el valor de la UPC, un hecho confirmado por el Consejo de Estado en una sentencia de julio de 2023.
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A pesar de los recursos asignados, el Ministerio también denunció que las EPS incumplieron con la constitución de las reservas técnicas obligatorias. En 2024, se entregaron $82,4 billones por concepto de UPC, pero las irregularidades en su manejo llevaron a interponer una demanda de acción popular en contra de estas entidades.
«¿Dónde están los recursos de las reservas técnicas?», cuestionó la cartera, advirtiendo que este incumplimiento afecta directamente la sostenibilidad del sistema de salud.
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Enfatizaron que incrementar la UPC más allá de la inflación con datos inconsistentes sería una medida irresponsable que pondría en riesgo el Presupuesto General de la Nación. «El compromiso es con la transparencia, la protección de los recursos públicos y la garantía de acceso equitativo a los servicios de salud para todos los colombianos«, concluyeron.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2024-12-31 14:05:00
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