El centro de investigación económica y social Fedesarrollo realizó un estudio sobre los impactos que tendrá la importación de gas natural en el país. De acuerdo con la entidad, se proyecta un mayor incremento en las tarifas en el caso de que se aumente la oferta de la molécula comprada en el extranjero para abastecer la demanda del segmento esencial.
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El documento estima una subida en la tarifa del gas natural para el sector residencial, considerando distintos niveles de participación del combustible importado. Se calcula el incremento porcentual de la tarifa del gas natural (costo unitario variable, CUV) en cinco de las principales ciudades, en comparación con la tarifa promedio observada en 2024.
De acuerdo con el documento, si la mitad de la oferta proviniera de gas importado, el incremento tarifario podría alcanzar el 44,6% en Bogotá, 44,9% en Medellín, 45,8% en Bucaramanga, 30,3% en Cali y 11,7% en Barranquilla, respectivamente.
“En un escenario en el que la canasta esté compuesta exclusivamente por gas importado, los aumentos podrían ser 89,3% en Bogotá, 89,7% en Medellín, 91,5% en Bucaramanga, 60,7% en Cali y 23,4% en Barranquilla”, se resalta del documento.
Además, el estudio señaló que las proyecciones del balance entre oferta y demanda, de acuerdo con información oficial, indican que, hacia finales de 2026, la oferta de gas natural nacional e importado no sería suficiente para cubrir la demanda proyectada por la Unidad de Planificación Minero – Energética (Upme).
“El gas importado, además de ser insuficiente para suplir el déficit local por el tamaño de la planta de regasificación en la Costa atlántica, tiene precios que pueden ser hasta tres veces superiores al del gas nacional”, resaltó el documento.
Gas natural
iStock
Alerta por posibilidad de racionamiento de gas
Por consiguiente, resaltó que, en un escenario crítico y si hacia finales de 2026 no se incorpora nueva oferta de gas, es posible que la disponibilidad total de la molécula -tanto de origen nacional como importado- sea inferior a la demanda interna. Esta situación podría generar racionamientos de gas en algunos sectores o incluso cortes en el suministro de electricidad a nivel nacional.
Entre tanto, el estudio también identifica una combinación de políticas públicas pasadas y actuales que han incrementado los costos de transacción en la exploración y explotación del gas natural, tanto convencional como no convencional. Además, se mencionan indecisiones sobre el uso, tamaño, localización y remuneración de nuevas facilidades de importación, así como inflexibilidades en la contratación y cobro por distancia del sistema de transporte. Estas situaciones han llevado a un déficit y posible desabastecimiento de gas natural en el corto plazo.
Aumento del precio del gas
Fuente: IStock
Más impactos para el sector
Dentro del estudio se destacan otros posibles impactos que llevarían al incremento en el precio de las tarifas de gas, siendo el primero el costo fiscal por subsidios.
En este se evalúa el efecto que tendría el alza del precio del gas sobre el gasto público, debido a la necesidad de ampliar los subsidios para mantener la asequibilidad en hogares de bajos ingresos.
Otro impacto es el del segmento macroeconómico, en este se estudia el efecto de una menor oferta de gas natural sobre la producción industrial, el crecimiento económico y la competitividad nacional.
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La pobreza energética también es una de las aristas que genera gran impacto ante este panorama en el sector. En este se mide cómo el alza de precios y la escasez pueden incrementar la pobreza energética, es decir, la incapacidad de hogares vulnerables para acceder a servicios energéticos básicos.
Y la última nota técnica que resalta el informe tiene que ver con las políticas públicas y regulación. Allí, se proporcionan recomendaciones sobre cómo mitigar el déficit de gas natural en el corto y mediano plazo a través de ajustes regulatorios, incentivos a la exploración y mejoras en infraestructura.
Entre tanto, se resalta que actualmente Colombia enfrenta un déficit y posible desabastecimiento de gas natural en el corto plazo debido a una combinación de factores, incluyendo políticas públicas inadecuadas y dificultades en la expansión de capacidades de importación.
Por lo tanto, desde Fedesarrollo se hace un llamado a la implementación de políticas públicas y regulaciones eficaces que aborden estos desafíos de manera integral y sostenible.
“A pesar de contar con un importante potencial geológico, Colombia ha visto una marcada reducción en la incorporación de reservas probadas de gas y petróleo. En los últimos trece años, las reservas probadas de gas natural en Colombia se han reducido a menos de la mitad”, resalta otro párrafo
Gas Natural
Ecopetrol
¿Cuál fue el declive de la oferta doméstica?
Dentro de este estudio se resaltaron en total seis riesgos que generaron esta reducción en la oferta de gas en firme para abastecer el segmento esencial. Se destaca que desde diciembre del 2024 Colombia comenzó a usar la molécula importada para abastecer la oferta residencial, de comercios, vehículos, entre otros.
Sin embargo, uno de los primeros riesgos que resalta el estudio tiene que ver con la exploración. Ya que entre 1952 y 2010, el factor de éxito exploratorio ha sido de 23%, lo que significa que solo uno de cada cuatro pozos perforados alcanza viabilidad comercial. Este indicador refleja los riesgos asociados a la exploración de hidrocarburos en el país.
La segunda aversión está enlazada con el aumento de la participación del estado en los ingresos petroleros. Hasta 2018, se incentivó la inversión mediante deducciones y beneficios fiscales, consolidando al sector como motor económico del país. La reforma tributaria de 2022 incrementó la participación del Estado en las utilidades generadas por los proyectos de hidrocarburos, elevando el goverment take del 63% a más del 80% con la imposición de sobretasas (con tarifas adicionales del 5%, 10% o 15%, dependiendo de los precios internacionales del petróleo), mayor tributación sobre dividendos y restricciones en la amortización de activos.
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Entre tanto, otra situación ha tenido que ver con la reducción y freno a la actividad exploratoria. Históricamente, Colombia ha ofrecido más de 1.000 bloques, con 413 contratos firmados.6 Mientras que entre 2010 y 2014 se perforaban entre 110 y 130 pozos anualmente, esa cifra se redujo a 34 en el 2024.
Esta baja actividad limita los nuevos descubrimientos y la incorporación de reservas probadas. Además, desde 2021, el país no ha adjudicado nuevos bloques para exploración y producción, y el actual gobierno ha sido claro en su decisión de no firmar contratos adicionales.
Otro punto es la complejidad de trámites de licencia ambiental, licencias sociales y consultas previas. Estos trámites tardan años en completarse. El entorno regulatorio en estos asuntos prolonga los plazos de ejecución, encarece los proyectos, y disminuye su rentabilidad al postergarla entrada en operación comercial.
También, se resalta un aumento de la inseguridad. En los últimos dos años, Colombia ha registrado más de 2.708 eventos de bloqueo y cerca de 69 ataques a la infraestructura petrolera esta situación implica riesgo para los operadores, interrupciones en la operación de campos e incrementos en los costos de operación debido a mayores gastos en seguridad, reparación de infraestructura y primas de seguros.
Y finalmente, la estructura de industria concentrada y debilidad regulatoria. El mercado de producción es altamente concentrado (Ecopetrol tiene el control sobre más del 80% de la oferta doméstica) lo que disminuye la presión competitiva en oferta. Además, la expansión y el cobro del transporte por distancia en una red poco enmallada disuade el ingreso de campos altamente productivos y se ha entorpecido, por prejuicios, el ingreso del gas obtenido con la técnica del fracking.
LEIDY RUIZ
Periodista de Portafolio
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2025-05-12 18:29:00
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