En una carta abierta al Congreso de la República, 23 exministros y exvicemientros de Hacienda se refirieron al proyecto de ley con el que se buscaría reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) en Colombia y el impacto que este representaría para las finanzas públicas ante la actual situación fiscal.
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De acuerdo con el documento, la iniciativa incrementaría los recursos del SGP de los departamentos, distritos y municipios hasta llegar a ser como mínimo del 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación. Para dimensionar mejor su magnitud, hay que tener en cuenta que actualmente esa participación se encuentra en 25,7%, tomando como base el Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado por el Gobierno para el 2025.
La principal crítica que el grupo hace al proyecto es que este no se apoya en una redistribución clara de las competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Un problema que de agravarse tendría que ser zanjado con leyes posteriores.
«La sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, activos que han caracterizado al país en las últimas décadas, se amenaza de manera grave, puesto que haría imposible cumplir con el ancla de la deuda del 55% del PIB y podríamos llegar en pocos años al tope de la deuda del 71% del PIB, establecidos en la ley 2155 de 2021», se explica en el texto.
Lo anterior se fundamenta en que dicha iniciativa podría agravar la hoy ya crítica situación fiscal al incrementar la inflexibilidad de gasto del PGN.
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¿Por qué? Tomando como referencia el monto propuesto para el próximo año, e incluyendo al SGP, los gastos inflexibles del Presupuesto ascienden a $362,4 billones, es decir, el 113% de los ingresos corrientes proyectados por el Gobierno. Cifra que contempla, además, los 12 billones que espera reunir el Ejecutivo si es aprobada la ley de financiamiento.
Entre esas inflexibilidades se encuentran los gastos de personal ($60,2 billones), las transferencias para pensiones y asignaciones de retiro, incluyendo el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ($$70,5 billones), el servicio de la deuda pública ($112,6 billones), las destinaciones específicas de origen legal del impuesto sobre la renta y complementarios al Sistema de Seguridad Social en Salud ($13,5 billones), al Icbf ($4,8 billones), al Sena ($3,2 billones), y a las Instituciones de Educación Superior Públicas ($6,6 billones).
En ese contexto, los exministros y viceministros firmantes advierten que, como consecuencia, «para financiar el resto de gastos de funcionamiento, como la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación de la administración pública y los gastos de inversión, el gobierno nacional no tiene otra alternativa distinta que la de endeudarse, incrementando año tras año el monto de la deuda pública».
En ese orden de ideas, de acuerdo con la misiva, si bien es necesario cambiar las responsabilidades y competencias entre la Nación y las entidades territoriales en un marco de sostenibilidad fiscal, el grupo hace énfasis en que se deben definir y cuantificar primero cuáles serán las responsabilidades que dejarán de ser de la Nación y que asumirán las entidades territoriales. Se trata de una tarea necesaria, ya que con eso claro se podría definir la distribución de recursos entre ellas.
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Por otra parte, se menciona que también es importante que se adelanten reformas que permitan profundizar la tributación propia de las entidades territoriales.
«Definir la participación de las entidades territoriales como un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación es altamente inconveniente. Cada vez que se necesiten recursos nuevos para la nación, como muy seguramente ocurrirá de aprobarse este acto legislativo, será necesario adoptar proyectos de reforma tributaria, pero estos aumentarían automáticamente el gasto público por el incremento en el Sistema General de Participaciones», advierten. Esto, además, produciría un círculo vicioso «imposible de cerrar entre los mayores tributos y el mayor gasto público».
Teniendo todo lo anterior en cuenta, el grupo hace un llamado al Congreso a reconsiderar el proyecto y a que se abran los escenarios de discusión con la academia, los representantes de las autoridades territoriales y la sociedad civil, para que «el país en su conjunto estudie y resuelva el escenario de descentralización fiscal que más convenga al bienestar de toda la población colombiana».
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2024-10-25 20:56:00
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