Colombia enfrenta el reto del cierre minero: ¿restauración ambiental o pasivos eternos? | Crecimiento | Economía

Por décadas, la discusión sobre minería en Colombia ha girado en torno a su legalidad, sus impactos ambientales o su rol en la economía, pero poco se ha dicho sobre un momento inevitable en todos los proyectos cuando cierran al final de la extracción y la mina deja de operar, especialmente frente a quiénes responden por la tierra degradada, el agua contaminada, las comunidades desplazadas.

Para los expertos, la respuesta no es sencilla, y por primera vez se plantea abiertamente desde un escenario técnico, político y académico, ya que durante los próximos 20 a 30 años, decenas de proyectos mineros legales en el país entrarán en su fase final y frente a ese panorama, Colombia se encuentra en una encrucijada.

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Esto, ya que puede apostarle a cierres bien planificados, con criterios de sostenibilidad y justicia territorial, o puede repetir el patrón de abandono que ha marcado la extracción ilegal, dejando tras de sí lo que ya se conocen como pasivos ambientales.

En medio de todo esto, el Primer Congreso Internacional de Gestión de Cierre Minero y Pasivos Ambientales, celebrado en Bogotá entre el 21 y 23 de mayo, se posiciona como el escenario donde expertos de Europa, América y Oceanía revisarán la necesidad que tiene Colombia de construir urgentemente una hoja de ruta nacional para los cierres mineros, diferenciando con claridad la minería legal de la devastación causada por la extracción ilegal.

“La minería legal opera con contratos, regula su impacto y está obligada a cerrar de manera técnica y social. Lo que no podemos seguir tolerando es la expansión de la minería ilegal, que no deja más que destrucción”, advirtió Giovanni Franco, uno de los organizadores del congreso, quien resaltó que de acuerdo con cifras actuales, cerca del 70% del oro producido en el país es ilegal, y más de 69.000 hectáreas han sido afectadas solo por minería de aluvión.

Frente a este escenario, voces del sector legal insisten en que cerrar una mina no debe significar abandono, sino oportunidad y ponen como ejemplo el caso del Ecoparque El Colibrí, un proyecto de cierre progresivo en Segovia (Antioquia), que se convirtió en una muestra de cómo se puede transformar un antiguo sitio de explotación en un espacio ambiental y socialmente útil.

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Uno de los temas centrales de este encuentro es la Ley 2327 de 2023, que para muchos se puede entender como un primer paso hacia la definición y gestión de pasivos ambientales mineros, aunque el desafío va más allá de las normas e implica cambiar la manera en que se conciben los proyectos mineros desde su inicio, incluyendo desde el primer día su plan de cierre y la articulación con las comunidades.

Además, se hará énfasis en el riesgo de que los territorios queden atrapados entre dos vacíos: el de las minas legales que cierran sin un plan adecuado, y el de las zonas devastadas por la extracción ilegal, donde no hay responsables ni instrumentos efectivos de recuperación.

Minería

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“Colombia se registra una creciente expansión de la ilegalidad, sin normas ni regulación alguna, y con un resultado que deja miles de hectáreas degradadas y deforestadas, los pasivos ambientales inherentes a la ilegalidad, estas tragedias ambientales y también sociales avanzan dramáticamente, y vemos que en la opinión se suele confundir minería dentro del marco de la ley, con la extracción ilegal que solo deja devastación”, agregó Franco.

Este evento, primero en el país en abordarse desde este enfoque, reunirá a expertos de primer nivel de Polonia, España, Chile, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, que traen su conocimiento y experiencia para compartir con las empresas que hoy operan en Colombia, con la asistencia de académicos, legisladores y agentes del gobierno.

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Todo para generar una discusión franca y abierta que busca sentar las primeras bases para trazar la hoja de ruta de un tema poco debatido, como es el cierre minero, desde sus distintas dimensiones, y que debe guiar el adecuado manejo al momento de concluir la explotación de las minas en los próximos 30 años en el país.

“Igualmente, es importante entender que la mal llamada ´minería’ ilegal, es decir la extracción ilegal, que nada tiene que ver con la actividad de empresas que actúan bajo la legalidad, están dejando un triste legado de pobreza, violencia y pasivos ambientales cuya gestión es urgente para salvaguardar nuestro medio ambiente”, concluyeron.