Cómo está el ambiente para la ley de financiamiento en el Congreso | Gobierno | Economía

Todavía no se ha dado el primer debate formal del proyecto de ley de financiamiento en el Congreso de la República y por medio de las redes sociales, así como en los pasillos de Senado y Cámara, no cesan los comentarios a favor y en contra de esta iniciativa que el Gobierno calificó como vital para asegurar la estabilidad de las finanzas en el 2025 y garantizar que todos los gastos proyectados se puedan cumplir.

Es por esto que desde el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la misma Presidencia, se han convocado varios espacios de diálogo con los congresistas de las comisiones económicas para explicarles la importancia de recaudar los $12 billones que tiene en la mira el cambio de impuestos planteado en su propuesta. Sin embargo, hasta el momento parece que no ha terminado de convencerlos.

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Por ejemplo, para la representante Carolina Arbeláez, las intenciones detrás de la modificación tributaria muestran que “quieren seguir viviendo sabroso” a costillas de las familias colombianas, los trabajadores, emprendedores y empresarios; razón por la cual ratificó que no apoyará la idea en las votaciones, que se esperan comiencen en los próximos días, antes del segundo debate del Presupuesto 2025.

«Presentar un Presupuesto de este monto, que rompe con la regla fiscal, es no tener conciencia de la situación financiera que está viviendo el país. Advertimos la inconveniencia de la reforma tributaria que le aprobaron al inicio de este Gobierno y que tiene afectada a la clase trabajadora, a los emprendedores y que afectó directamente la canasta familiar de todos los colombianos”, sostuvo Arbeláez.

En este sentido agregó que “la reforma tributaria aumenta los impuestos a las personas naturales, al patrimonio, a las ganancias ocasionales, lo que quiere decir que usted va a pagar más impuestos cuando venda su casita o su propiedad que seguramente con mucho esfuerzo adquirió. También pondrán impuestos a los combustibles que terminará aumentando el precio de la gasolina y el diésel y por ende a la inflación”.

Así mismo, el representante Octavio Cardona recordó que la economía nacional no pasa por un momento en el que se pueda pensar en aumentar las cargas impositivas y debido a esto sugiere bajar el gasto, en concordancia con los diferentes llamados a la austeridad y el uso inteligente de los recursos que han hecho varios centros de estudio.

“El bolsillo de los colombianos no está listo para otra reforma tributaria. Se propone un impuesto de renta para las personas naturales de mayores ingresos, pero a qué le llama el gobierno, mayores ingresos”, explicó el representante.

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Votos para hundirla

En todo este intercambio de opiniones, no se puede pasar por alto que el mismo presidente del Congreso, Efraín Cepeda, dijo hace unos días que cuenta con los votos suficientes para hundir la ley de financiamiento, al tiempo que ha reiterado el llamado para que este debate se desligue del Presupuesto y de esta forma se quite presión al tema.

La propuesta concreta del sector afín a Cepeda es que se reduzca el monto del proyecto del Presupuesto General de la Nación en los $12 billones de la reforma, con lo que pasaría de $523 billones a $511 billones. Esto con el fin de que más adelante se revise una reforma tributaria a fondo y en caso de que se apruebe, simplemente se adicionen los recursos a los ingresos del próximo año.

Proyecto de ley de financiamiento.

Archivo particular

Cabe destacar que no todos los congresistas están en contra de la ley de financiamiento, ni apoyan la reducción del PGN, puesto que para la representante Karen Manrique, “es Colombia la que necesita estos recursos, no es el presidente Gustavo Petro. Los debates deben ser técnicos, este debate debe estar enfocado en propuestas, en propuestas que ayuden a construir el país”.

“En este escenario sabemos que existen diferentes vertientes políticas, sin embargo, en este momento estamos debatiendo monto presupuestal, estamos debatiendo el Presupuesto General de la Nación, que no es para el presidente Gustavo Petro ni para el ministro de Hacienda, es para el país, es para Colombia, donde nosotros como congresistas y representantes del pueblo tenemos una gran responsabilidad”, explicó.

Por ahora la posición oficial del Gobierno Nacional es que esos recursos no se pueden recortar, ya que hacen parte de la inversión social que se piensa realizar en las regiones y debido a esto las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo han llegado a tal punto que se negó el monto del Presupuesto y por ahora no hay claridad sobre cómo se zanjarán las diferencias que se siguen presentando.

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Primar la sensatez

Saliendo un poco de lo político, esta semana también se pronunció el Centro de Estudios Económicos Anif, cuyo presidente José Ignacio López indicó que debe primar la sensatez en el Gobierno y no se puede poner en riesgo la regla fiscal, ni estirando la deuda, ni mucho menos con las presiones tributarias que piensa ejercer el Gobierno.

“Con nuestras cuentas para 2025, los ingresos tributarios estarían bordeando los $291 billones, $26 billones por debajo de los $317 billones que sustentan el monto de los $523 billones. Si a esto le sumamos, $5 billones adicionales que no se materializarían en la cuenta de recursos de capital, estamos hablando de un faltante de $31 billones, en un escenario con supuestos optimistas. Con unas cuentas más prudentes el faltante sube a $38 billones”, sostuvo López.

Pesos colombianos

iStock

Adicionalmente sugiere que “la Ley de Financiamiento, de aprobarse, aseguraría recursos por $4,8 billones, no los $12 que el Ejecutivo pregona -más que nuevos ingresos, le da licencia al país de un mayor déficit, a cuenta de estirar y socavar la Regla Fiscal” y acto seguido advirtió que se necesita “un presupuesto más austero, por el bien del país y del propio Gobierno”.

Por ahora toda la atención se centra en el próximo 25 de septiembre, fecha en la que el Minhacienda y el Congreso deberían haber llegado a un acuerdo sobre el Presupuesto, tanto en monto como en articulado, para aprobarlo en primer debate y seguir de cara al 20 de octubre o de lo contrario se hundiría la ley de financiamiento, el proyecto presupuestal y todo se debería definir por decreto.