Congreso revisa sostenibilidad del nuevo SGP y presiona al Gobierno por la Ley de Competencias | Gobierno | Economía

El debate sobre la descentralización fiscal y administrativa en Colombia tendrá un nuevo capítulo esta semana con la citación oficial que emitió el Congreso de la República a los ministros del Interior y de Hacienda, al director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a representantes de las federaciones territoriales; para que rindan cuentas sobre el avance de esta iniciativa y su impacto de las finanzas del Estado.

Concretamente, se trata de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que buscará evaluar la ejecución del Acto Legislativo 03 de 2024, que reformó el Sistema General de Participaciones (SGP), y exigir mayor claridad sobre los contenidos, tiempos y viabilidad de la futura Ley de Competencias, que es la piedra angular para el cumplimiento del nuevo marco constitucional.

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La sesión está convocada para las 7:30 de la mañana del próximo 21 de mayo, en el recinto de la Comisión, según consta en la Proposición N.º 20, radicada por los senadores Ferney Silva Idrobo y Omar de Jesús Restrepo Correa, y aprobada en sesión ordinaria formal del pasado 19 de marzo.

Desde el Legislativo explicaron que la discusión se dará en un contexto de alta expectativa institucional, luego de que el Gobierno nacional confirmara que el primer borrador del proyecto de ley estará listo en la última semana de mayo, pese a los contratiempos que han tenido los encargados con los últimos cambios en el gabinete.

La citación contempla la presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda, del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y del director encargado del DNP, Jonattan Duque Murcia, como funcionarios llamados a rendir cuentas sobre el alcance, la sostenibilidad y el cronograma de implementación del nuevo Sistema General de Participaciones, así como su articulación normativa con la aún no radicada Ley de Competencias.

Además, se cursaron invitaciones a Didier Tavera Amado, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND); Gilberto Toro Giraldo, director de la Federación Colombiana de Municipios (FCM); y Alejandro Eder Garcés, presidente de Asocapitales, para, de esta forma, contrastar la visión del Ejecutivo con las propuestas y preocupaciones de los entes territoriales, quienes serán los principales responsables de ejecutar las nuevas funciones que se descentralicen.

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Cuidar el balance fiscal

En todo esto vale la pena tener en cuenta que aunque la reforma al SGP fue aprobada mediante acto legislativo el 27 de diciembre de 2024, su implementación depende de una reglamentación clara y viable y por eso, el debate de esta semana se perfila como una antesala crucial para discutir no solo los avances normativos, sino los riesgos de sostenibilidad fiscal, desigualdad regional y debilidad institucional que podrían derivarse si la Ley de Competencias no aterriza con precisión técnica y política.

El diseño de esa ley ha estado bajo la dirección de Darío Indalecio Restrepo, quien también lideró la Misión de Descentralización que finalizó en 2024, y en charlas anteriores con Portafolio ha dicho que su objetivo con este proyecto es transferir responsabilidades concretas del Gobierno central a los entes territoriales bajo tres principios inamovibles: autonomía, solidaridad y responsabilidad fiscal. El equilibrio entre estos ejes será el mayor reto político y técnico del proceso.

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Así mismo, según fuentes del Gobierno, el proceso ha tomado más tiempo del previsto debido a los recientes cambios ministeriales en Hacienda e Interior, lo cual obligó a pausar temporalmente el ritmo mientras se completaron los empalmes. Sin embargo, hoy en día el equipo encargado ya sostiene reuniones diarias de redacción para tener un borrador listo en los próximos días.

La Ley de Competencias buscará complementar la reforma constitucional al SGP transfiriendo responsabilidades concretas del Gobierno central a los entes territoriales, pero bajo tres principios inamovibles: autonomía, solidaridad y responsabilidad fiscal. El equilibrio entre estos ejes será el mayor reto político y técnico del proceso.

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Las regiones aguardan

También hay que decir que desde el nivel territorial, la Federación Nacional de Departamentos ya presentó un documento de 259 páginas al Ministerio del Interior con sus propuestas sobre las funciones que deberían asumir Nación, departamentos y municipios, especialmente en sectores críticos como educación, salud, agua potable y cierre de brechas sociales.

Entre las principales preocupaciones de los departamentos está el uso indebido de los recursos del SGP, por lo que proponen que el proyecto de ley prohíba expresamente su destinación para gastos de funcionamiento, pagos de fallos judiciales, conciliaciones extrajudiciales, o cobertura de déficits fiscales, salvo en casos puntuales de municipios pequeños. También plantean reglas estrictas para evitar la generación de nuevos pasivos laborales no autorizados, un punto sensible en el manejo presupuestal local.

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Asimismo, se pide que los recursos solo puedan ser usados para inversiones con impacto directo en servicios públicos esenciales y se impulse la asociatividad territorial, para ejecutar proyectos supramunicipales que optimicen los recursos y aumenten el impacto social.

Uno de los puntos que más inquietud ha generado en analistas y legisladores es el riesgo de que la descentralización agrave las brechas entre regiones, en lugar de cerrarlas. Por eso, se espera que el proyecto incluya criterios de discriminación positiva que asignen más recursos a los territorios con mayores rezagos, y que contemple estrategias de fortalecimiento institucional que mejoren la capacidad de gestión de municipios con debilidades técnicas o financieras.

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También se discute la creación de indicadores de eficiencia y calidad para medir el impacto real de la descentralización en sectores como educación, salud, infraestructura vial y acceso a servicios básicos. A esto se sumaría un sistema de auditoría participativa y rendición de cuentas, con la participación de organizaciones sociales y entes de control.

Así las cosas, la citación parlamentaria no solo representa un acto de control político, sino un llamado de urgencia a transparentar el proceso, ya que la presión del Congreso se suma al calendario legislativo que ya corre, y que exige que los ajustes técnicos, fiscales y jurídicos estén listos antes del segundo semestre del año.

Se espera que el borrador del proyecto de Ley de Competencias sea entregado en la última semana de mayo y a partir de ese momento, comenzará una ronda de consultas públicas y foros regionales, liderados por el Ministerio del Interior, con el fin de recoger observaciones, ajustar contenidos y generar consensos amplios.