Recientemente se conoció un informe de la firma Crowe Co, en el que se advierte que la iniciativa del presidente Gustavo Petro, de convocar a una consulta popular para impulsar sus reformas sociales, tendría un costo cercano, en promedio, al medio billón de pesos, cifra que no es menor, dado los tiempos de crisis fiscal que atraviesa el país.
Aspectos como la logística, contratación de personal, el alistamiento de la tecnología necesaria y la impresión de los tarjetones, obligarían a que el Estado deba sacar como mínimo $400.000 millones de pesos. No obstante, además de la carga fiscal, existe la posibilidad de que esto derive en otros efectos colaterales que no han sido revisados.
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Así se observa en el informe de Crowe Co, en el que se habla de cinco costos ocultos que tendría que enfrentar el país si se lleva a cabo este proceso electoral, los cuales ahondarían la crisis fiscal, aumentarían la incertidumbre entre los inversionistas, bajaría la confianza empresarial y afectarían la productividad, en momentos donde la reactivación económica se mantiene como una necesidad urgente.
En primer lugar, estos analistas sostienen que habrá un impacto directo en la inversión y confianza empresarial, puesto que se generaría un escenario en el que los dueños de los capitales preferirán esperar a ver cómo se recomponen las reglas de juego y qué tanto cambiarán las mismas, antes de arriesgarse a lo incierto.
Votaciones
“El anuncio de la consulta podría generar parálisis en las decisiones de inversión privada. Empresas y capitales podrían adoptar una postura de esperar y ver hasta que haya claridad sobre el rumbo de las reformas, lo que afectaría el dinamismo económico, la estabilidad del tipo de cambio y el riesgo país”, señalaron.
En segundo lugar se enfocaron en el mercado laboral y resaltaron que “también podría verse afectado. La posible aprobación de la reforma laboral implicaría un aumento del 11,9 % en los costos laborales para las MiPymes, afectando la formalización y la generación de empleo. Fedesarrollo proyecta que este impacto podría traducirse en la pérdida de 451.000 empleos formales en el mediano plazo”.
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El tercer costo invisible, partiendo de la cantidad de dinero tan alta que habrá que sacar si se aprueba en el Senado, está asociado a la presión fiscal. Acá, desde Crowe Co dicen que las reformas en juego tendrían un alto costo fiscal que no se puede tomar a la ligera, máxime cuando ya las calificadoras prendieron alertas.
“Desde la extensión de licencias de paternidad hasta la reorganización del sistema de salud con mayor intervención estatal, el presupuesto público se vería aún más comprometido. Un interrogante clave es cuánto costaría para el Estado absorber funciones de las EPS o subsidiar parcialmente el recargo nocturno para las empresas”, acotaron.
Pesos colombianos
En el informe también se dice que la consulta podría detonar protestas y paros, tanto de sindicatos afines al Gobierno como de sectores opositores y que estos eventos podrían afectar sectores clave como comercio, transporte y turismo, reduciendo ingresos y elevando costos de seguridad.
“Con la consulta en el horizonte, Colombia enfrenta un dilema económico de gran envergadura. Las decisiones que se tomen en los próximos meses no solo definirán el futuro de las reformas, sino que también influirán en el clima de inversión y la estabilidad financiera del país”, indicaron.
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Por último, recomendaron no pasar por alto las implicaciones que habrá en el panorama internacional, puesto que, en un contexto donde Colombia está bajo la lupa de inversionistas globales y calificadoras de riesgo, la consulta popular podría enviar señales mixtas. Un triunfo del «Sí» reforzaría la percepción de un modelo económico más intervencionista, mientras que un «No» podría interpretarse como un debilitamiento del Gobierno. En ambos escenarios, la reputación financiera del país estaría en juego.
En Crowe Co cerraron diciendo que desde un punto de vista técnico y financiero, llevar a cabo esta iniciativa en el actual escenario presupuestal es cuestionable, ya que si el propio Gobierno reconoce diariamente la difícil situación fiscal, destinar entre $400.000 y $500.000 millones a un proceso electoral extraordinario resulta una decisión poco prudente e inoportuna.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2025-04-04 10:20:00
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