Consulta popular: uso de vigencias futuras auementaria los riesgos fiscales y legales para el país | Gobierno | Economía

En medio de la expectativa por el debate en el Senado que definirá el futuro de la consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional, el presidente Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo al plantear la posibilidad de financiar este ejercicio democrático con una parte de los recursos públicos que, cada vez que se mencionan, genera alertas fiscales; las vigencias futuras.

Concretamente, por medio de su cuenta de X, el mandatario aseguró que ‘no hay ningún problema para realizar la consulta popular’, resaltando que esta iniciativa cuenta con el respaldo de mecanismos financieros previstos en la legislación, que ya fueron concertados con la Registraduría, organismo que estará a cargo de la logística de las votaciones.

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Petro también cuestionó a quienes consideran inviable destinar recursos públicos a la consulta, calificando esta postura de ‘pobreza mental’ y explicó que el gasto en la consulta sería ampliamente compensado por los beneficios sociales y económicos que, a su juicio, generaría su realización, como el aumento del tiempo libre familiar, la reducción de la inseguridad ciudadana, el fortalecimiento del amor y la felicidad, el descenso del estrés, el incremento de la productividad, el crecimiento del mercado interno, el aumento de ganancias empresariales y el impulso de las exportaciones.

Si bien el jefe de Estado considera que el impacto positivo de la consulta representaría, en el tiempo, un valor económico ‘un millón de veces superior’ al costo presupuestal previsto, no tendría el camino despejado para cumplir esta misión, dado que las vigencias futuras tienen unas reglas de uso claras, que no concuerdan con lo que quiere.

Usos definidos

Con el fin de conocer las implicaciones que tendría un cambio de este tipo y los requisitos que debe cumplir el Presidente para financiar la consulta popular por esta vía, Portafolio habló con tres expertos, quienes adviertieron que además de los riesgos legales y fiscales; tocar las vigencias para esta finalidad puede convertirse en un palo en la rueda del crecimiento económico y generaría mayor incertidumbre.

Para el profesor Henry Amorocho, docente de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, la propuesta presidencial enfrenta serias limitaciones jurídicas y prácticas, dado que asegura que el uso de vigencias futuras está regulado por la Ley de Sostenibilidad Fiscal y se destina exclusivamente a proyectos específicos previamente aprobados en el Consejo Superior de Política Fiscal, a comienzo de año, y reasignar estos recursos sin pasar nuevamente por el Congreso sería una acción que podría ser considerada ilegal.

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“Estos recursos se depositan en un fideicomiso para garantizar que el dinero, mientras se cumplen los requisitos, genere rendimientos financieros. De esta manera, ni el contratante ni el contratista se ven perjudicados. Además, la corrección monetaria garantiza que los costos adicionales que puedan surgir mientras la obra no se ejecuta estén cubiertos, evitando así pérdidas económicas derivadas de la demora administrativa”, resaltó.

Amorocho explica que muchas de las vigencias futuras que el gobierno pretende utilizar están comprometidas en proyectos de infraestructura vial, como las vías 4G y 5G y moverlas para financiar la consulta popular afectaría la percepción internacional sobre la estabilidad fiscal de Colombia, especialmente en un contexto de déficit reconocido.

Presidente Gustavo Petro

César Melgarejo / Portafolio

¿Qué son las vigencias futuras?

Las vigencias futuras son un mecanismo presupuestal en Colombia que permite comprometer recursos de años fiscales posteriores para financiar proyectos de inversión o contratos que requieren ejecución continua. Son aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y están reguladas por la Ley de Sostenibilidad Fiscal y su uso está limitado a proyectos específicos previamente autorizados, garantizando así la continuidad financiera en obras de largo plazo, como infraestructura vial o programas estratégicos.

En este sentido, Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, dice que este no es el mecanismo adecuado para financiar una consulta popular, ya que estas están diseñadas para cubrir gastos multianuales, como es el caso de proyectos de infraestructura o compromisos de largo plazo. Esto sin contar con que además, el presupuesto de 2025 ya contempla recursos para el gasto electoral de 2026.

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«Lo importante en este caso es que el Gobierno Nacional cuente con la capacidad de tesorería para asignar los recursos a la entidad ejecutora. Desde una perspectiva política, esto es clave, ya que al priorizar la consulta popular, el gobierno estaría dando preferencia al gasto electoral. Surge entonces la duda de qué sucederá con esos recursos si el Senado de la República decide no convocar la consulta”, resaltó.

Este académico también cuestiona el argumento presidencial sobre los beneficios económicos de la consulta, señalando que se confunden efectos individuales de una reforma laboral con impactos macroeconómicos, por lo que enfatiza en que no es válido asumir que un aumento salarial por horas extras o recargo nocturno se traduzca automáticamente en un crecimiento significativo del mercado interno.

De acuerdo con los anuncios del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, la votación en la plenaria del Senado se daría entre martes y miércoles de esta semana. Si bien un reciente sondeo de Cifras y Concepto mostró que el 57% de los colombianos quieren ir a las urnas para decidir si pasa o no la consulta, las cuentas en el Legislativo juegan en contra de los intereses de la Casa de Nariño.

Congreso.

Foto: Senado de la República

Mientras tanto, el rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo expresa dudas sobre la legalidad de utilizar vigencias futuras para financiar una consulta popular, ya que para él, estos recursos están destinados a garantizar compromisos de largo plazo y no a cubrir gastos inmediatos como el de una consulta.

Además, advierte que el espacio presupuestal para vigencias futuras está prácticamente agotado, lo que haría imposible comprometer recursos adicionales sin incurrir en riesgos fiscales, que es una de las mayores preocupaciones del país en estos momentos.

“El principal riesgo que esto genera es el de redistribuir vigencias, lo que implicaría incumplimientos contractuales en otros proyectos, generando un segundo riesgo jurídico significativo y costos fiscales adicionales que el Estado tendría que asumir. Dicho esto, considero que la consulta no genera beneficios económicos, sino más bien costos y destrucción económica, lo que plantea un análisis completamente distinto”, acotó.

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Así las cosas, la nueva controversia generada por el presidente Petro pone en el centro del debate el manejo de los recursos públicos y la prioridad de gasto en un contexto de crisis fiscal, destacando la necesidad de buscar alternativas más sostenibles para financiar mecanismos de participación ciudadana, sin aumentar la incertidumbre, principalmente cuando la caja de la Nación no pasa por su mejor momento.