Corte Constitucional pide nuevas pruebas sobre reforma pensional y aplaza decisión final | Empleo | Economía

En un movimiento que no cayó para nada bien en el Gobierno Nacional, esta semana, la Corte Constitucional decidió abrir una fase adicional de pruebas antes de emitir un fallo definitivo sobre la reforma pensional aprobada por el Congreso el pasado mes de junio y aplazar su entrada en vigencia, aumentando la incertidumbre jurídica sobre la Ley 2381 de 2024, que debió empezar a regir hace un mes.

Aunque la Sala Plena había programado para esta semana la discusión final del caso, la sesión del miércoles 23 de julio concluyó sin decisión y en cambio, el magistrado ponente y presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, firmó un auto fechado el 22 de julio en el que ordena la práctica de 17 pruebas clave a dos entidades que son el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Cámara de Representantes.

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Según información revelada por El Tiempo, el objetivo de esta nueva etapa es esclarecer aspectos procedimentales del trámite legislativo que fueron cuestionados desde el principio y que motivaron una orden previa de la Corte para subsanar vicios en la Cámara; para de esta forma no dar lugar a suspicacias.

¿Por qué pide más pruebas la Corte?

La reforma pensional ya había recibido un primer cuestionamiento de forma por parte de la Corte en el Auto 841 de 2025, donde se encontró que el proyecto había eludido el debate en la plenaria de la Cámara, lo que constituye un vicio de trámite, que si bien el Congreso intentó subsanar mediante la convocatoria de sesiones extraordinarias el 27 y 28 de junio, ahora el alto tribunal busca verificar si esa corrección se hizo conforme a la ley.

Para ello, el magistrado Ibáñez invocó el artículo 241.4 de la Constitución Política y el Decreto 2067 de 1991, que permiten a la Corte practicar pruebas en procesos de control de constitucionalidad y según el auto, se busca garantizar el debido proceso, la transparencia y la participación de todos los actores involucrados.

Las peticiones concretas al Dapre

1. Copia del Decreto 737 del 26 de junio de 2025, junto con sus antecedentes, anexos y la certificación de su publicación oficial.

2. Copia y antecedentes del Decreto 747 del 27 de junio de 2025, que convocó las sesiones extraordinarias. También se exige el Diario Oficial donde se publicó.

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3. Un informe detallado sobre si el presidente de la República salió del país el 27 de junio. En caso afirmativo, se debe informar la hora exacta de su salida, un detalle relevante para verificar si firmó el decreto estando en territorio nacional, como exige la normativa.

Los requerimientos a la Cámara

1. La Corte también envió un amplio cuestionario a la Cámara con el fin de esclarecer cómo se realizaron las sesiones plenarias del 27 y 28 de junio. Entre los puntos solicitados están:

2. Fechas, horas y medios de publicación de la citación a las sesiones y del orden del día.

La reforma pensional debió entrar el vigencia el 1 de julio.

Imagen de ChatGPT

3. Confirmación de si el orden del día fue aprobado en la plenaria.

4. Fundamento legal de la interpretación que sugiere que el decreto de convocatoria suple el anuncio de proyectos exigido por el reglamento legislativo.

5. Quórum deliberatorio y decisorio de ambas sesiones, así como las excusas presentadas por los congresistas ausentes.

6. Estado de aprobación de las actas, así como la entrega de las mismas.

7. Verificación del cumplimiento del artículo 7º de la Ley 819 de 2003, que exige análisis de impacto fiscal para proyectos con efectos presupuestales.

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8. Informe detallado de las proposiciones y constancias presentadas durante las sesiones, incluyendo su publicación, autores y propósitos.

9. Certificación de las votaciones realizadas el 28 de junio, con registro electrónico y manual.

10. Reacción del Gobierno: críticas por presunta dilación

La reforma pensional debió entrar el vigencia el 1 de julio.

Imagen de ChatGPT

Rechazo desde el Gobierno

Minutos después de que el diario El Tiempo revelara el contenido del auto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó una dura crítica pública al magistrado ponente, cuestionando “¿cómo es posible que el magistrado Ibáñez ponga en duda lo que diga el presidente de la Cámara y altere el procedimiento de revisión de una ley que tres millones de viejos y viejas están esperando?”.

En su mensaje, Benedetti sugirió que la decisión podría tener una motivación política, al tiempo que se preguntó si “¿en ese auto hay más política que ley?” y acusó a la Corte de extralimitar sus funciones y dilatar un fallo que, según el Gobierno, ya debía estar resuelto.

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Con esta decisión, el proceso de revisión constitucional se extenderá por lo menos dos semanas más, dependiendo del tiempo que tarden las entidades en entregar la información solicitada, ya que el auto otorgó un plazo de 10 días hábiles para remitir los documentos, lo que implica que un fallo definitivo podría producirse a mediados de agosto.

El futuro de la reforma pensional, que está prevista para entrar en vigor en julio de 2026, dependerá ahora del grado de validez que la Corte encuentre en el proceso de subsanación. Si los nuevos elementos confirman fallas sustanciales, la Corte podría anular la ley total o parcialmente, obligando a reiniciar el trámite legislativo.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio