Departamentos hicieron su propuesta para la ley general de competencias | Regiones | Economía

Competencias claras y recursos protegidos, esta es la base de la propuesta de los departamentos para blindar la inversión social en los territorios, en medio de los debates que están por comenzar en el Congreso, para definir cómo quedará la segunda parte de la reforma al Sistema General de Participaciones que se viene realizando desde el año pasado, con el fin de aumentar los recursos girados por el Estado a las regiones.

En un documento de 259 páginas, la Federación Nacional de Departamentos entregó al Ministerio de Interior las ideas que considera que se deben tener en cuenta a la hora de definir las funciones y responsabilidades de la Nación, los departamentos y los municipios, en el manejo de los dineros públicos que se asignan a educación, salud, agua potable y el cierre de brechas sociales.

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Esto como respuesta a la reciente reforma constitucional que amplió progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) hasta el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación en los próximos 12 años y que depende de que se reglamenten las competencias de los entes nacional y territoriales para entrar en vigencia.

La propuesta, construida en conjunto con expertos y representantes de las gobernaciones, plantea un marco de reglas claras para la administración, distribución y control del SGP, blindando los recursos de usos indebidos y estableciendo un modelo de focalización que priorice a las poblaciones más vulnerables.

Inversión social

Uno de los pilares centrales de la iniciativa es la prohibición explícita de desviar los recursos del SGP hacia fines diferentes a los previstos, ya que según el texto, los fondos solo podrán ser utilizados para inversiones en sectores como educación, salud, agua potable, saneamiento básico y otros fines de propósito general orientados al cierre de brechas de acceso y calidad en los servicios públicos.

La propuesta establece que los recursos no podrán financiar gastos de funcionamiento de las entidades territoriales (salvo algunas excepciones para municipios pequeños), ni servir para pagar deudas de vigencias anteriores, fallos judiciales o conciliaciones extrajudiciales. También se veta su uso para cubrir déficits fiscales o contratar nuevos pasivos laborales fuera de los estrictamente autorizados.

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Con esta disposición, los departamentos buscan garantizar que cada peso adicional que llegue por cuenta del incremento del SGP se invierta directamente en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en los territorios con mayores rezagos históricos.

De igual forma se introduce un enfoque robusto de focalización del gasto social, en la que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tendría la responsabilidad de actualizar cada tres años los criterios e instrumentos para identificar a las poblaciones más pobres y vulnerables, y definir las reglas para la asignación de subsidios y beneficios.

Según el estudio, a 2023 se han invertido aproximadamente $3 billones en el PNIE.

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De esta manera, los recursos se dirigirían de forma prioritaria hacia quienes más lo necesitan, evitando prácticas de asignación política o clientelista. Además, las entidades territoriales estarán obligadas a implementar y mantener actualizadas las bases de datos de focalización, bajo supervisión del DNP y con auditorías periódicas.

Estricto control

Otro aspecto clave de la propuesta es la obligación para las entidades territoriales de administrar los recursos del SGP en cuentas separadas, sectorizadas y sin posibilidad de mezclarlas con otros fondos presupuestales, en busca de garantizar la trazabilidad del dinero y evitar su uso para fines no autorizados. Adicionalmente, se crea un sistema especial de seguimiento y control fiscal, en el que participarán las Contralorías Territoriales y la Contraloría General de la República.

En este sentido, se establece la obligación de realizar informes anuales de ejecución y de evaluación de resultados, con indicadores de impacto en cada uno de los sectores financiados y si alguna Secretaría de Planeación Departamental detecta irregularidades en el uso de los recursos en los municipios, deberá denunciarlo inmediatamente ante los organismos de control, bajo sanción de responsabilidad solidaria.

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La Procuraduría General y las personerías locales asumirán las funciones disciplinarias derivadas de los posibles desvíos o mal manejo de los fondos y los servidores públicos que desvíen, retarden u obstaculicen el uso correcto del SGP enfrentarán faltas gravísimas, sanciones disciplinarias y las responsabilidades penales correspondientes.

Un elemento adicional de protección incluido en la propuesta es la prohibición para la Nación de trasladar nuevas cargas o responsabilidades a las entidades territoriales que impliquen mayores costos en educación o salud, si no se garantiza previamente la financiación respectiva.

Así mismo, se establece que la Nación no podrá crear nuevas plantas de personal para la prestación de estos servicios en los territorios, salvo las excepciones contempladas en la ley y que las plantas existentes deberán ser transferidas a las entidades territoriales, reafirmando su autonomía y su responsabilidad directa sobre la prestación de los servicios sociales básicos.

Aprueban reforma al SGP

César Melgarejo / EL TIEMPO

Municipios y asociatividad

Otro de los elementos que llama la atención en esta propuesta es que también contempla reglas claras para la participación de los nuevos municipios que se creen en el país y los nuevos entes territoriales podrán recibir recursos del SGP a partir de la vigencia fiscal siguiente a su creación, siempre y cuando cumplan con los requisitos formales y garanticen la continuidad en la prestación de los servicios básicos.

Además, se incentiva la asociatividad entre municipios y departamentos para la prestación conjunta de servicios públicos y la realización de proyectos de inversión, bajo la figura de unidades administrativas interterritoriales de mínimo cinco años de duración. Esta apuesta por la asociatividad busca mejorar la eficiencia, reducir costos administrativos y permitir una mejor cobertura de los servicios en zonas rurales dispersas o con baja capacidad de gestión.

Finalmente, la propuesta de la Federación Nacional de Departamentos destaca la importancia de consolidar un Sistema Integral de Información Territorial, que permita a las autoridades nacionales y territoriales tomar decisiones basadas en datos reales, medir resultados y corregir desviaciones.

Así las cosas, el Departamento Nacional de Planeación coordinaría la conformación de este sistema, en articulación con el DANE, los ministerios sectoriales y las entidades territoriales, garantizando la transparencia y el acceso público a la información.