El avalúo o los otros enredos que tiene valorización predial en proyectos viales | Infraestructura | Economía

Aún continúa la polémica en el sector transporte por el inicio del piloto del recaudo por valorización predial, en la que el Ministerio de Transporte ya ha empezado a adelantar labores en el corredor Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de La Prosperidad.

Las críticas, reparos y enredos por su implementación radican, más allá del cobro en sí, por la forma en que se haría y el monto a pagar, ya que, según la misma autoridad estatal, esta sería mediante avalúo comercial y no catastral, como es de costumbre en el recaudo del impuesto predial en todo el país.

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El avalúo comercial es la estimación real del monto que tiene un inmueble en el mercado, y usualmente se utiliza a la hora de fijar un precio para vender el predio, mientras que el avalúo catastral es aquel dictamen que le sirve al Gobierno para la liquidación de impuestos.

Los avalúos catastrales tienen un valor máximo equivalente al 70 % del valor comercial de los predios urbanos y de 50 % de los predios rurales.

El Gobierno en este caso ha dicho que, al no tratarse de un impuesto, sino una ‘contribución especial’ haría el cobro liquidando el valor del avalúo comercial, es decir, el más alto. En el país no existe un precedente de una contribución tributaria liquidada de un inmueble mediante el avalúo comercial.

Para Sara Valbuena, directora legal de Ventus Consultores, esto agravaría una situación crítica en el país, pues de por sí, ya el avalúo catastral es ‘altísimo’.

“El avalúo catastral está teniendo grandes incrementos y muchas veces los inmuebles están clasificados de manera errónea generando tarifas más altas al momento de liquidar el pago. Lo que se recomienda es confirmar que la declaración predial este bien liquidada y adicionalmente llegar a un acuerdo de plazos con la autoridad con el fin de poderlo pagar por plazos”, explica.

Respecto a esta discusión y teniendo en cuenta que el valor a cobrar será mucho mayor que el impuesto predial, gremios del Atlántico y Bolívar han pedido derogar las resoluciones 1729 de 2023 y 2615 de 2024 sobre la valorización en la zona. El Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar Alegan –a través de un comunicado– que estas resoluciones “violan principios constitucionales y legales”, además de presentar “vicios de nulidad” en su formulación.

“Contempla retroactividad del cobro contraviniendo el artículo 363 de la Constitución, que lo prohíbe para las leyes tributarias; inadecuada determinación del beneficio, violando la Ley 1819 de 2016 que exige demostrar un beneficio económico concreto para los inmuebles afectados; deficiencias en la zona de influencia que fue delimitada sin seguir los criterios técnicos establecidos por la normativa”, expusieron en un documento.

De igual manera, precisaron que este proyecto de valorización carece de estudios técnicos y socioeconómicos para establecer la capacidad de pago de los contribuyentes. Además, agregaron que este proyecto contiene errores en la determinación de la base gravable que se estableció “sin descontar ingresos ya generados por peajes, lo que vicia el cálculo del monto distribuible”.

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“Es inequitativo con los departamentos de Atlántico y Bolívar que el Gobierno pretenda imponer una contribución nacional sobre la Vía al Mar, de 110 kilómetros, de los cuales aproximadamente el 60 % está en calzada sencilla, y que incluya dentro de su cobro a hogares de Sisbén C que son familias vulnerables en riesgo de caer en pobreza”, apuntaron.

Sobre esto último, la ministra de Transporte, María Constanza García, aseguró, el pasado 6 de agosto, que el 40 % de los predios de la zona de influencia del proyecto vial estarán exentos de la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización (CNV), es decir, 105.000 predios cuyos propietarios están en pobreza moderada o, de acuerdo con las categorías del Sisbén, además, personas de las personas de los estratos 1, 2 y 3, y las unidades agrícolas familiares.

Según la jefe de cartera, de esta manera, el cobro iniciará durante el segundo semestre del 2024, en un aproximado de 240.000 predios. El Instituto Nacional de Vías (Invías) recaudaría $2,8 billones aproximadamente, los cuales serán administrados por el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el desarrollo de Infraestructura (FIP), el cual determinará la destinación o uso de estos recursos para proyectos estratégicos de infraestructura de transporte. Vale recordar que esta mega obra tuvo una inversión superior a los $2,3 billones.

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Vías 4G

ANI

Además de la incetidumbre en la destinación de los recursos,  expertos en la materia destacan más problemas técnicos a analizar. Por ejemplo, señalan que es irregular la forma cómo se han obtenido los datos de los avalúos.

“Al comienzo hablaron de que la actualización catastral haría a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y hoy el Invías contrató a la Lonja para esta actualización”, dice uno de ellos.

Por su método de recaudo, les preocupa no solo el destino de esos dineros, sino también la incertidumbre respecto a cuándo serán utilizables y cuánto será el recaudo real a la fecha (tras cinco años).

“Los dineros no serían usados en las zonas geográficas influenciadas por el proyecto, sino en otras zonas del país. Ahí hay que tener lupa sobre la destinación de estos”, remarcó otra fuente que fue consultada.

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Por otro lado, otros expertos han mostrado su descontento con la medida explicando que el piloto está viciado de errores en los estudios, por lo que ya se radicó una nueva demanda contra el cobro.

Sin embargo, hay que destacar que los actores de la industria reconocen la importancia de encontrar otras fuentes de financiación de los proyectos, pero en ese propósito consideran vital poder hacerlo de manera estructurada para que beneficie obras de menor envergadura, y no a las vías primarias.

PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio