Emergencia económica y sanitaria generan críticas por intención de Petro de gobernar por decreto | Gobierno | Economía

Nuevamente se agita el panorama económico y político en el país, luego de que el presidente Gustavo Petro anunció su intención de declarar su tercer estado de excepción en menos de tres años. Esta vez, según dijo por medio de su cuenta de X, sería una emergencia económica como respuesta al brote de fiebre amarilla que ha cobrado la vida de decenas de personas en todo el país.

Esta medida, si se concreta, se sumaría a las ya adoptadas en La Guajira (2023) y en el Catatumbo (enero de 2025) y ha encendido las alarmas en el país por posibles vicios de legalidad, necesidad y las verdaderas motivaciones detrás de su uso. Al mismo tiempo, ha servido para reiterar el llamado a la Corte Constitucional, para que proteja el equilibrio entre las ramas del poder público.

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Si bien el Presidente de la República ha dicho que su única motivación es “proteger la vida”, desde sectores políticos, jurídicos y económicos crece la percepción de que Petro estaría recurriendo de forma reiterada a mecanismos extraordinarios para gobernar por decreto, en un contexto de creciente presión fiscal y de escasa gobernabilidad legislativa.

“Voy a decretar la emergencia económica, no por lo que dicen los contrabandistas, lavadores y petroleros que vienen dominando la política económica de Colombia, sino por algo simple y contundente: la vida”, dijo el mandatario en un discurso que mezcló advertencias sanitarias, explicaciones climáticas y críticas a sus opositores.

Pretexto fiscal

La narrativa del jefe de Estado apunta a que el virus de la fiebre amarilla, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, ha reaparecido debido al cambio climático y a la deforestación ilegal en zonas del Tolima, lo que ha facilitado su propagación desde la Amazonía hasta zonas urbanas como Bogotá.

Según el presidente, el brote ya ha causado 74 contagios humanos, con una tasa de mortalidad del 50%. “Los viejos son los más vulnerables. Nunca fueron vacunados. Hoy están en grave riesgo”, advirtió. Sin embargo, Petro también acusó de negligencia a autoridades regionales como la Gobernadora del Tolima y al Distrito Capital, por no haber fortalecido los equipos básicos de salud.

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No obstante, cabe recordar que la gravedad de sus palabras contrasta con declaraciones previas, dado que en noviembre de 2024 él mismo había asegurado que el virus había sido controlado exitosamente y esto, para varios analistas, pone en duda la coherencia del argumento actual.

El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, fue uno de los primeros en responder y resaltó que “nunca había visto una justificación para una emergencia sanitaria y económica con un tono tan novelesco y carente de rigor técnico”, advirtiendo que el viraje narrativo del gobierno revela una intención más política que sanitaria: justificar nuevas formas de recaudo tributario sin pasar por el Congreso.

Pesos colombianos

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“Todo esto adobado con una declaración de noviembre y ratificada en marzo donde el jefe de Estado decía que el problema del virus ya estaba resuelto”, recalcó Restrepo, quien insistió en que este tipo de improvisación es precisamente lo que lleva a que la Corte Constitucional tumbe las declaratorias de emergencia, como ocurrió con la de La Guajira.

Vale recordar que precisamente el 2024 se caracterizó por ser un año en el que se cayeron la mayoría de decretos emitidos por el presidente Petro, cuando declaró la emergencia económica en ese departamento. En su momento el alto tribunal indicó que no habían hechos sobrevinientes y no estaba justificada la medida.

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Una salida fácil

Desde el ámbito jurídico, Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight, fue aún más directo y dijo que “el Presidente puede decretar la emergencia económica básicamente por lo que quiera, pero la Corte es quien tiene la última palabra. El problema es que ya se está volviendo un patrón: gobernar por decreto saltándose el Congreso”.

Cuervo recordó que los decretos de excepción pueden incluso incluir medidas sin relación directa con la emergencia, como ocurrió en el Catatumbo, donde se utilizó la figura para anticipar retenciones en la fuente y a su juicio de abogado, resaltó que este comportamiento genera una grave inseguridad jurídica, y mina la confianza inversionista.

Presidente Gustavo Petro

Captura de pantalla

“Colombia se empieza a recuperar, los inversionistas estaban retomando interés pensando que este gobierno no se iba a extender. Pero estas decisiones los espantan y el riesgo es doble: por un lado, se acentúa la crisis fiscal al exprimir aún más a la clase media y empresarial; por otro, se proyecta una estrategia política que apunta a recaudar fondos para influir en la sucesión presidencial de 2026”, sostuvo.

Entre tanto, Juan Camilo Restrepo, también exministro de Hacienda, coincide en que, si bien legalmente es posible declarar una emergencia por fiebre amarilla, esta no es ni necesaria ni lógica y manifestó que es necesario dar certeza jurídica en cada una de las movidas jurídicas del Gobierno Nacional.

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“Podría causar desconcierto tener dos estados de excepción vigentes al mismo tiempo. Y además, no creo que una emergencia económica por fiebre amarilla para tratar asuntos tributarios pase el escrutinio de la Corte. La sola medida de anticipar las retenciones del 2026 al 2025 equivale a una reforma tributaria sin pasar por el Congreso”, destacó.

Más allá del debate legal, para muchos analistas esta práctica muestra un patrón preocupante: el uso recurrente de figuras excepcionales para evitar el debate legislativo frente a un Congreso adverso y una crisis fiscal que no da tregua, Petro estaría optando por decretar y centralizar las decisiones clave en la Casa de Nariño.

Fiebre Amarilla

Fuente: IStock

Por último, en términos aún más críticos se pronunció Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, quien calificó la intención presidencial como un “exabrupto” y desde su óptica acotó que ni la fiebre amarilla es imprevisible ni representa una gravedad tal que justifique un estado de excepción.

“Colombia no puede vivir gobernada bajo estados de excepción. Es una ruptura institucional. Esta decisión polariza, ahuyenta la inversión y eleva el riesgo país. Si atender la emergencia cuesta $500.000 millones, no se puede usar eso como excusa para recaudar el doble o el triple”, explicó.

Según Londoño, las consecuencias serán varias, comenzando por el aumento en el costo de la deuda, depreciación del peso y caída de la confianza de los mercados; en tiempos en los que la economía del país no pasa por su mejor momento y exige medidas de restauración de la confianza y estabilidad fiscal.