El acceso a la educación superior en Colombia ha sido una de las banderas del desarrollo social y económico del país. Sin embargo, la sostenibilidad de su financiamiento sigue siendo un reto que preocupa a expertos, académicos y a los mismos estudiantes.
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Según un reciente informe de Fedesarrollo y la Fundación Empresarios por la Educación, el modelo actual presenta deficiencias que afectan tanto a las universidades públicas como a las instituciones tecnológicas y técnicas, y a las privadas.
La educación superior en Colombia se financia a través de dos grandes mecanismos, los subsidios a la oferta y los subsidios a la demanda. Los primeros incluyen transferencias estatales a las instituciones de educación superior (IES), mientras que los segundos contemplan créditos educativos y subsidios de sostenimiento para los estudiantes.
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Sin embargo, el informe advierte que la financiación estatal no ha crecido de manera similar al aumento en la matrícula estudiantil. “Mientras el crecimiento de la población atendida por las IES públicas desde el año 2000-2022 fue del 169%, la base presupuestal conformada por los aportes de la Nación para funcionamiento solo creció en un 52%”, señala el documento.
Esta disparidad ha llevado a que las universidades públicas busquen alternativas de financiamiento propias. Actualmente, cerca del 48% de los recursos necesarios para su funcionamiento provienen de fuentes distintas a las transferencias gubernamentales, lo que significa una presión adicional sobre las instituciones, que deben recurrir a matrículas, venta de servicios y convenios. “El Sistema de Universidades Estatales calcula una deuda histórica acumulada de más de $18,2 billones”, indica el informe.
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Financiamiento de la educación
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El gobierno ha respondido con asignaciones extraordinarias de presupuesto, especialmente tras las protestas estudiantiles de 2018. En 2024, se destinó un presupuesto récord de $70 billones para el sector educativo. No obstante, los expertos advierten que el problema no es solo de montos, sino de estructura de distribución.
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“El esquema actual de financiación resalta la inequidad en la distribución de recursos, considerando que responden al comportamiento histórico y no reflejan el crecimiento diferencial entre regiones e instituciones”, explican.
Ahora bien, otro punto crítico es la cobertura. Si bien la educación superior ha crecido en las últimas dos décadas, Colombia sigue por debajo del promedio de la Ocde en términos de acceso. La cobertura bruta nacional es del 55,3%, muy por debajo del 75,1% de la Organización. Además, las brechas regionales son notorias, pues mientras que en Bogotá la tasa de cobertura supera el 100%, en departamentos como La Guajira y Amazonas no llega al 10%.
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La permanencia en la educación superior también es un reto, según el documento de las entidades. La deserción en las instituciones públicas es del 13,3% en estratos bajos, comparado con un 7,1% en estratos altos. Los costos de matrícula, el bajo nivel académico de algunos estudiantes egresados de la educación media y la falta de apoyo económico son factores determinantes en esta problemática. “Aproximadamente uno de cada tres estudiantes que ingresan al sistema de educación superior en Colombia no culminan sus estudios”, destacan.
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Sistema General de Participaciones
Cabe destacar que el financiamiento de la educación en Colombia ha sido históricamente un tema de debate, ajuste y reforma. A pesar de que el Sistema General de Participaciones (SGP) ha garantizado una cobertura casi universal en educación básica y secundaria, su impacto en la calidad del sistema educativo sigue siendo cuestionado.
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La reciente reforma al SGP, aprobada en diciembre de 2024, promete un aumento sustancial de los recursos, pero persisten dudas sobre su implementación y sostenibilidad fiscal. Ya que es el mecanismo a través del cual el gobierno transfiere recursos a las entidades territoriales para financiar la educación, la salud y el saneamiento básico.
Sin embargo, su estructura actual limita la autonomía de los territorios para invertir en mejoras de calidad. Según el informe de Fedesarrollo, el 98% de los recursos de educación del SGP se destinan a la prestación del servicio, es decir, el pago de nómina docente y administrativa. Solo el 2% se usa en calidad y gratuidad, lo que deja escaso margen para inversiones en infraestructura, dotación y formación docente.
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«El sistema educativo debería dejar espacio financiero para que tanto las entidades territoriales como los establecimientos educativos puedan hacer inversiones esenciales para la mejora continua«, señala el documento. Sin embargo, la realidad muestra que los recursos no tienen una destinación flexible, lo que limita el margen de maniobra de los gobiernos locales.
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Cabe señalar, que según las entidades, el Acto Legislativo 018 de 2024 modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución, aumentando los recursos transferidos a los territorios del 20% al 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) para 2035.
En teoría, este incremento permitirá fortalecer sectores estratégicos como la educación, asegurando la financiación de tres años de educación preescolar, nueve de básica, dos de media y hasta dos años de educación superior pública.
«La reforma implica una adición de $172,7 billones en las transferencias del SGP a las regiones entre 2026 y 2034«, revela el estudio. Para el sector educativo, esto significaría un incremento de $101 billones en comparación con el escenario sin reforma. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda estima que, para cumplir con estos compromisos, el país requeriría al menos nueve reformas tributarias que recauden $16,1 billones cada una, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad de la propuesta.
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El reto del financiamiento
A pesar de los esfuerzos gubernamentales y del aumento del presupuesto educativo, las universidades públicas enfrentan un déficit histórico que compromete su sostenibilidad. De acuerdo con el informe, el Sistema de Universidades Estatales (SUE) calcula, considerando solo recursos que generan base presupuestal, una deuda histórica acumulada de más de $18,2 billones.
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Por otro lado, los subsidios a la demanda están representados por créditos educativos del Icetex y programas de apoyo para la permanencia de los estudiantes en el sistema. Sin embargo, esta estrategia también presenta críticas. «Para seguir siendo una opción pertinente de acceso, el Icetex debería cambiar tanto su mecanismo de financiamiento como la forma de los créditos, que al ser estructurados financieramente dejan todo el riesgo asignado al estudiante», advierten.
Otro de los desafíos es la deserción estudiantil, un problema directamente relacionado con la falta de apoyo financiero. «Del total de egresados de bachiller de estrato 1, solo el 22% accede a educación superior«, lo que muestra que las barreras económicas siguen siendo un obstáculo significativo.
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Ante este panorama, el gobierno ha promovido estrategias como la gratuidad en las universidades públicas. Sin embargo, esta medida es insuficiente sin un financiamiento sostenible a largo plazo. Según los expertos, «la política de acceso del presente gobierno se ha concentrado en buscar la gratuidad universal en el sistema de educación superior oficial, con esfuerzos de dudoso éxito por aumentar su cobertura».
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2025-03-20 20:56:00
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