Uno de los temas que sin duda ha cooptado la atención de la agenda pública en la última semana es el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones, luego de las alertas que se han emitido por parte de varios centros de estudio económico y el debate de control político que se realizó en el Senado; mientras que el Gobierno asegura que no se está contando la historia completa sobre sus efectos.
Uno de los conceptos que más ha llamado la atención en estas conversaciones es el del Comité Autónomo de Regla Fiscal, según el cual hay trabajar con calma esta propuesta, ya que conlleva varios cambios en el manejo de los recursos del Estado que si se manejan mal, podrían derivar en inestabilidad para la economía local; a lo cual piden sumarle que el país no atraviesa por su mejor momento.
Economía.
Esta autoridad hizo una revisión de los efectos en el corto y el largo plazo, destacando en la primera que para 2024, el Gobierno proyecta un aumento del déficit fiscal hasta un 5,6% del PIB y para 2025 se espera una reducción de este indicador al 5,1% del PIB; mientras que la deuda neta se proyecta en 55,3% y 56,1% del Producto Interno Bruto para 2024 y 2025, respectivamente, cercana al ancla del 55%, pero sin lograr una reducción significativa.
No obstante, deja claro que “estas proyecciones están sujetas a la materialización de ingresos que aún tienen un grado de incertidumbre y a un control efectivo del gasto” y que pidió se revisen primero desde el Gobierno Central.
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A largo plazo proyectan que habrá una reducción gradual del déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, que se ajustaría en 2,2 puntos porcentuales del PIB entre 2026 y 2035, año en que alcanzaría un déficit total de 2,8% del PIB. Por otra parte, revisaron el balance primario que para ellos pasaría de un déficit de 0,4% del PIB en 2026 a un superávit de 0,5% del PIB en 2035.
“El Gobierno estima que la deuda neta del GNC se ubique en 55,4% del PIB en 2035, cercana al ancla del 55%. Lo anterior supone que del lado de los ingresos se dé un aumento 0,8 pp del PIB, mientras del lado del gasto se supone un ajuste del gasto primario de 0,1 pp y una reducción de los intereses de 1,3 pp del PIB”; sentenciaron frente al panorama que vive y viene para la Nación.
Impacto Fiscal
Partiendo de la situación fiscal, el Carf fue contundente en advertir que es necesario asegurar las fuentes de ingresos estructurales para financiar los niveles de gasto estructural que enfrenta el gobierno, dejando claro que mucho de este movimiento de recursos es inflexible y debe ser tratado con suma cautela.
Economía colombiana.
“Las principales inflexibilidades del gasto de GNC representaron, en promedio, un 83,6% del gasto total en el periodo 2019-2023. Las relacionadas con los gastos de funcionamiento representaron, en promedio, un 61,8% del gasto total, explicadas principalmente por las transferencias de SGP (17,2%), pensiones (15,5%) y salud (7,7%)”, indicaron.
Para explicar mejor los impactos de la reforma, manifestaron que en un escenario base, sin reforma, el Sistema General de Participaciones aumentaría del 3,4% del PIB en 2023 al 5,2% del PIB en 2026, para luego aumentar gradualmente hasta el 5,8% del PIB en 2035; mientras que si se da el incremento, habrá que hacer un ajuste al alza del 5,1% del PIB en 2026 hasta el 8,2% del PIB en 2035, es decir un aumento de 3,1 puntos porcentuales en el horizonte de proyección.
“La propuesta de la Misión de Descentralización, de mantener un piso de 30,5% de los ingresos corrientes de la Nación, implicaría un aumento al 5,5% del PIB, con una tendencia similar a la proyectada en el escenario base sin reforma”, acotaron.
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Dicho esto sostienen que en caso de que el proyecto se haga realidad, si no se generan medidas adicionales para aumentar o reducir los gastos, no le quedará otra salida al país más que caer en una senda insostenible de la deuda pública
Para explicar mejor la cantidad de dinero que se necesita, relataron que “de manera indicativa, la reforma tributaria de 2022 ha generado un recaudo que se proyecta en promedio en 1,1% del PIB anualmente. Es decir, se necesitarían dos reformas tributarias de esta magnitud para compensar los efectos del Proyecto de Acto Legislativo. Además, una reforma se traduciría inmediatamente en mayor tamaño del SGP”.
Pesos colombianos
Ahora bien, en un escenario conservador en el que el aumento en el déficit fiscal y la deuda no se traducen en incrementos en la prima de riesgo, el Carf asegura que el gasto de intereses se incrementaría de 3,6% del PIB en 2028 a 4,4% del PIB en 2035 y recuerda que un mayor gasto en intereses reduce el espacio para gasto social o productivo.
“De acuerdo con Fitch y S&P la pérdida del grado de inversión de Colombia en 2021 estuvo fundamentada en el aumento del déficit fiscal y de la deuda pública, así como la incertidumbre de su evolución a mediano plazo; no se vislumbraban medidas suficientes para compensar el efecto adverso que tuvo la pandemia en las finanzas públicas”, manifestaron desde este Comité.
Así las cosas, recordaron que en ese entonces, las primas de riesgo aumentaron por encima de los niveles históricos tras la decisión de las calificadoras, y se observó una disminución en los niveles de inversión en la economía y un aumento persistente en el costo de financiamiento del gobierno.
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A nivel regional pidieron tener en cuenta que se han detectado errores recurrentes en la gestión presupuestal, contable y de tesorería, así como en la contratación con recursos del Sistema General de Participaciones.
“En aplicación del Decreto 028 de 2008, se han evidenciado riesgos que se han traducido en el establecimiento de 1.027 medidas (correctivas y preventivas) a 500 entidades territoriales. Es decir, cerca de la mitad de las entidades territoriales han tenido algún tipo de medida de control por recursos del SGP entre 2009 y 2024”, relataron.
Crecimiento económico
Estos analistas cerraron diciendo que en promedio, los recursos afectados por la irregularidades detectadas corresponden al 6,4% anual del SGP entre 2009 y 2024 y que de las medidas adoptadas, más del 56% generaron una suspensión de giros a las entidades territoriales, que corresponde a una medida correctiva aplicada cuando se identifica que los riesgos para el uso de estos recursos son altos.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2024-10-25 14:24:00
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