El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), insistió este lunes en Bogotá, en el segundo día de su juicio por presunto fraude procesal y soborno a testigos, en que la causa tiene un origen político y que no es culpable de los delitos que le imputan.
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Uribe, que por primera vez asiste de forma presencial a la diligencia que se realiza en el complejo judicial de Paloquemao de Bogotá, dijo que espera que «la justicia se dé cuenta de que aquí Álvaro Uribe no pidió mentir ni sobornar ni engañar a la justicia». En paralelo al inicio de la audiencia que se realiza en el Juzgado 44 Penal de Bogotá, un grupo de personas apoyaba al expresidente con arengas como «Uribe, inocente, el pueblo está presente».
Uribe, fundador del partido opositor Centro Democrático, remarcó hoy, como lo ha hecho en otras ocasiones, que «este es un montaje político» y confió en que la «verdad prevalecerá». La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos. El juicio comenzó el jueves pasado luego de que el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas las interceptaciones que en 2018 le hizo la Corte Suprema a Uribe.
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Juicio de Álvaro Uribe en Paloquemao
La defensa de Uribe
En la jornada de hoy, el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, aseguró que probará la inocencia del exmandatario y aseguró que «lo que ha hecho la Fiscalía es tergiversar los hechos». En esa dirección dijo que recusará a la jueza 44 penal del circuito, que lleva su caso porque no ha sido imparcial.
«Se perciben razones, motivos que permiten establecer que la imparcialidad de la señora jueza que preside este juicio, se encuentra seriamente comprometida. Y por eso, como garante del debido proceso, debe separarse del conocimiento del asunto», afirmó Granados.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente. Por ello, solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que este año la Fiscalía decidió acusarlo.
Justamente las víctimas del caso contra el expresidente Uribe solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la ONU y a otras organizaciones enviar observadores internacionales para el juicio contra el exmandatario. «La bancada de víctimas anuncia que recurrirá a la CIDH, al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU y a ONG reconocidas internacionalmente para que designen observadores internacionales que acompañen el juicio, en procura de asegurar el cumplimiento del derecho a la justicia y el respeto por los jueces y magistrados que la imparten», expresaron las víctimas, lideradas por el senador Cepeda.
Las víctimas acusaron a Uribe y su defensa de una «campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han actuado en el proceso» y afirmaron que «han acudido a distintas maniobras con el propósito de que opere la prescripción de la acción penal».
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Juicio de Álvaro Uribe en Paloquemao
Proceso penal
Sentado frente a una jueza, Álvaro Uribe se convirtió este lunes en el primer expresidente de Colombia en comparecer presencialmente como acusado en un inédito juicio penal por presunta manipulación de testigos y soborno.
El exmandatario de 72 años llegó hasta un complejo judicial de Bogotá para defender su inocencia en una de las audiencias finales de este caso que él mismo inició y que se ha convertido en un bumerán judicial. El proceso lo expone a una pena de hasta ocho años de cárcel.
De traje gris, el expresidente (2002-2010), que antes había comparecido virtualmente en diligencias previas, denunció que el juicio tiene un «origen político». «Pretendo aportar para lo que se habrá de demostrar en este juicio, que no soborné ni mandé a sobornar testigos, que no engañe a la justicia», aseguró.
Decenas de sus simpatizantes se manifestaron en las afueras de los juzgados, portando banderas de Colombia y máscaras con el rostro del exmandatario. La investigación que tiene al líder de la derecha colombiana contra las cuerdas se remonta a 2012.
Uribe denunció al congresista de izquierda Iván Cepeda por buscar testimonios falsos para vincularlo con paramilitares que operaron en los años 90 y comienzos de siglo. Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue él quien trató de manipular a testigos.
En 2020, ordenó el arresto domiciliario del entonces senador Uribe. El exmandatario renunció luego a la Cámara alta y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión y reinició el proceso. Su abogado, Jaime Granados, aseguró este lunes que la defensa probará en esta última etapa del proceso, iniciada el viernes, que «la Fiscalía lo que ha hecho es tergiversar los hechos».
Además, anunció que recusará a la jueza instructora del caso, Sandra Heredia, al considerarla «no imparcial», una medida que Uribe apoyó en breves declaraciones al salir de los juzgados. «Con toda la calma del caso veremos qué decisión se toma» sobre la recusación, aseguró, por su parte, Cepeda tras la diligencia, al precisar que las víctimas pedirán la «observación internacional» de la ONU y la CIDH. «Les vamos a pedir a prestigiosas organizaciones internacionales que vengan a observar este juicio en Colombia como se ha hecho con otros, como el que se hizo en Perú contra (Alberto) Fujimori o en Guatemala contra (el exdictador Efraín) Ríos Montt», dijo.
El primer juicio penal contra un exmandatario colombiano avanza contra reloj, debido a que, tras más de cinco años, puede prescribir el 9 de octubre si no hay veredicto. Granados había pedido retrasar este último ciclo, pero la jueza rechazó dicha moción considerada por las víctimas como una maniobra dilatoria. A la diligencia asisten varias de ellas, incluidos dos exparamilitares encarcelados que aseguran que fueron presionados por el exabogado de Uribe, Diego Cadena, para testificar a su favor.
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EFE/AFP
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2025-02-10 20:20:00
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