‘La guerra cambió y la Fuerza Pública debe evaluar su ofensiva y cómo proteger a la población’

Son los niños y los adolescentes, quienes se han convertido en uno de los principales blancos de estas estructuras, utlizando los atentados como distractores. Ese fue el caso de los hechos ocurridos el pasado 20 de mayo en Jamundí, en el Valle, y en Morales, en Cauca, donde murieron dos policías.

En zona del corregimiento de Potrerito, en Jamundí, mientras ocurría el atentado con moto bomba en el centro de esta localidad del sur del Valle, disidentes del frente ‘Jaime Martínez’, autor del atentado en Morales (Cauca), trataban de llevarse a estudiantes de una institución educativa. Algunos alumnos corrieron y saltaron una baranda. 

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Muchos menores, docentes y directivos tuvieron que recorrer kilómetros en el monte para hallar una salida segura, pues había versiones de que en la vía había explosivos.

Esta situación se presentó, además en San Antonio, a donde llegó más de una veintena de hombres armados. También lo hicieron en Quinamayó, Ampudia, Robles, Timba y Ampudia, con el propósito de reclutar niños en sus filas, violando los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Para la gobernación del Cauca, es necesario fortalecer a la fuerza pública, porque de lo contrario, se va a perder “la guerra”.

“Hay 11 estructuras al margen de la ley en el Cauca que violan de manera fragante, no solamente los derechos humanos, sino también el derecho internacional humanitario”, expresó el mandatario de este departamento, Octavio Guzmán.

“O recogemos a la Fuerza Pública para que no sea carne de cañón en el territorio o ampliamos el pie de fuerza porque definidamente los estamos exponiendo. Si no nos unimos todos a reclamar al Gobierno más capacidades, vamos a continuar llorando a nuestros niños y niñas, nuestra población civil y también a nuestra fuerza pública”, aseveró Guzmán.

Algo similar expresó el secretario de Gobierno del Cauca, Míller Hurtado. “Lo hemos dicho en varios espacios y es que el ejército y la policía hoy vienen atendiendo la seguridad del departamento del Cauca con las herramientas, con la tecnología de hace 15 años que están obsoletas y si no mejoramos estos medios para nuestros policías, nuestro ejército, difícilmente vamos a poder a ganar la guerra en el departamento del Cauca”, añadió.

“El Gobierno Nacional tiene que fortalecer la Policía y al Ejército con tecnología y armas, porque hoy lo que se está demostrando es que los grupos armados están mejor dotados que nuestra misma fuerza pública y eso es preocupante”, agregó el funcionario.

Hurtado hizo un llamado al Gobierno, con el fin de que los diálogos y la concertación continúen. 

“Es el camino para encontrar la paz, una mesa que debe tener una participación directa de la comunidad caucana, con la participación directa de la gobernación, las alcaldías, las organizaciones sociales y los diferentes gremios y actores sociales del departamento del Cauca, que puedan opinar, que puedan observar, que los puedan escuchar porque la gente que vive en los territorios es la que conoce el contexto, la realidad, el día a día de lo que se viene viviendo y si escuchamos esa problemática seguramente vamos a poder a construir unas verdaderas acciones que se puedan materializar en los territorios”. 

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reiteró el llamado al Gobierno de asumir el delicado panorama del departamento y del Cauca, como un fenómeno que trasciende el orden nacional. “Hay oídos sordos, yo he venido diciendo todo el tiempo: la seguridad del Valle del Cauca, la del sur del Valle, depende de la problemática de seguridad de todo el Pacífico colombiano, porque el Valle del Cauca está influenciado por el norte del Cauca, por Chocó en la parte del norte del Valle, y nosotros necesitamos que haya acciones integrales y conjuntas”.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, convocó a la Fuerza Pública a actuar con contundencia contra los grupos armados ilegales en un país marcado por la polarización, pero que no puede dejar de lado la reconciliación. El mandatario indicó que la ciudad está en máxima alerta, teniendo en cuenta la proximidad con Jamundí y el vecino departamento del Cauca, esperando la llegada de 2.000 policías en agosto que se unirán a los 6.000 que hay en la capital vallecaucana, pensando en garantizar la seguridad de la COP16, la conferencia de biodiversidad más importante del planeta que tiene a Cali como su sede en este año.

«El Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, necesita respaldar cualquier contingencia que se presente en ese sentido. er mediático en la confrontación.Algo importante, se están demorando los resfuerzos. Se está afectando a la sociedad civil, violando el acuerdo internacional humanitario ¡El conflicto no puede perjudicar más a la sociedad civil!», dijo el personero de Cali, Gerardo Mendoza. 

El investigador Jesús Alfonso Flórez, doctor en Antropología de la Universidad de París con posdoctorado en Humanidades, recalcó “que en primer lugar hay señalar que siempre que se establece una mesa de diálogos, los grupos beligerantes acuden a una vieja práctica de demostrar fuerza durante las negociaciones para posiblemente tener más ventaja o demostrar vigencia militar. Pero estos atentados son un mal mensaje y generan impactos negativos, como pánico entre la población civil para tener más control psicológico y desde allí tener más capacidad de influir en las negociaciones”.

Flórez, como líder senior en el área de Apropiación Social del Conocimiento, de la Universidad Autónoma de Occidente, explicó a su vez que desestimulan la actividad de la comunidad, sus horarios de estudios y de trabajo, toda la dinámica cotidiana queda en bastante zozobra y no permiten que la vida transcurra normalmente. 

En tercer lugar habló de una afectación económica importante en Cauca y en el Valle. «En el Cauca, diferentes gobiernos no han logrado una solución y ahora con la apertura de paz con todos los grupos armados no hay un desescalamiento del conflicto armado. A mi juicio, el Gobierno debe reforzar la capacidad de protección de la comunidad, debido a que se levantó el cese al fuego pero no ha creado las condiciones para brindar protección a la población y a ese bien común que es la paz y no tiene partido político”, manifestó Flórez.

Entre tanto, el analista político Diego Arias opinó que parece que no existe la capacidad de las Fuerzas Armadas ni de la institucionalidad del Estado para poder contener acciones terroristas de los disidentes de las Farc.

“Creo que tiene que ver con que durante mucho tiempo, el Gobierno Nacional, en particular, dejó de atender el tema de la zona rural en Jamundí y creo que no le dio prioridad a la presencia de la disidencia del frente ‘Jaime Martínez’, en términos de seguridad, para contrarrestar el asentamiento, la consolidación y la expansión de ese grupo. Creo que eso fue una falla absolutamente estratégica desde el punto de vista de la seguridad nacional, un descuido inadmisible, no sé si producto de haber subvalorado la capacidad de ese grupo o sencillamente porque estimó que no era algo prioritario”, expresó Arias.

También sostuvo: “Hay unas Fuerzas Armadas disminuidas, tanto material como operativamente e inclusive, moralmente. No se ve en las Fuerzas Armadas, en este momento, una actitud ofensiva fuerte, sino que se observa una moral bastante disminuida y así es imposible mantener una iniciativa estratégica, en términos militares y esa iniciativa va mucho más allá del solo control territorial”.

Arias dijo, además que ese control se debe reflejar en la capacidad del Estado de poder imponerse a estos actores armados ilegales. “Si es que no se atienen a un proceso de paz o de sometimiento a la justicia. Creo que estamos en una situación bastante difícil en la que las Fuerzas Armadas están haciendo lo mejor posible que tiene que ver con un descuido histórico del Gobierno Nacional en los territorios de Cauca y en Jamundí, en el Valle”. Reiteró que “esta situación se relaciona con una incapacidad no solo de control territorial, sino para mantener la ofensiva estratégica”.

“En primera instancia, entre las consecuencias de estos atentados y manifestaciones armadas, está la afectación a la población civil de estos territorios que, por supuesto, son los primeros afectados, lo son de manera directa”, dijo Rafael Silva, doctor en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Políticos. El académico, quien es el director del Observatorio de Educación y Sociedad de la facultad de Educación de la Universidad Santiago de Cali, explicó que “otro impacto son los efectos en el proceso de paz. Surgen preguntas de qué va a pasar en la lógica de la mesa de negociaciones, si el Gobierno Nacional va replantear los términos de las mismas”, anotó. Piensa que el Gobierno tendría que darse un tiempo de espera hasta que las condiciones sean más favorables para volver a negociar”.

El investigador señaló que “otro factor que habría que tener en cuenta es que por estos ejercicios de violencia y manifestaciones de estos grupos armados se hablaría de que al Ejército le va a tocar replantear la estrategia y la táctica militar en estos sectores y poblaciones. Es un momento complejo en el uso del terrorismo que va tener que llevar al Ejército a replantear cómo se va enfrentar a esa nueva dinámica de expresión de violencia de estos grupos”.

Para Lina Martínez, directora del Observatorio de Políticas Públicas (Polis), de la Universidad Icesi, la sociedad había percibido la disminución progresiva de hechos de violencia en años pasados. “Estábamos sintiendo que la violencia asociada al conflicto civil y al conflicto armado no solamente era un asunto muy distante, lejano, proveniente de las áreas rurales, sino que también lo estábamos superando. Lo que está sucediendo en este momento es muy complejo, es muy grave y creo que manda una señal importante en términos de política pública y de las inversiones. Es un mensaje por el cual, la sociedad va a volver a esos estados en los que se sentía insegura. Una pregunta que surge después de esto es qué podemos hacer para pacificar territorios”.

Algunos alcaldes municipales han denunciado ser víctima de amenazas, como el de Morales, Óscar Guachetá y el de Miranda, Wálter Zúñiga.

Este último señaló que la precaria situación de seguridad en ese municipio se agrava aún más por la falta de recursos destinados a la protección de las autoridades locales. Asegura que solo cuenta con un policía para su seguridad, lo que refleja la desatención del gobierno nacional a la región.

Hace un llamado urgente al presidente Petro para que intervenga de manera integral en el Cauca.

Ambos mandatarios dijeron que pese a haberlo solicitado, no les ha asignado protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En un mapa elaborado por Indepaz, con cifras de las Ejército y la Defensoría del Pueblo, la principal causa de los conflictos en el Cauca es por el control de los cultivos de coca de la zona, aquellos a los que las Fuerzas Militares denominan “el combustible del narcotráfico”, es por esto que los diferentes grupos armados se enfrentan.

El general Érick Rodríguez, comandante del Comando Conjunto, sostuvo que por más personal del Ejército que sea enviado a la zona, siempre y cuando no se cambie la estructura económica, no habrá ningún avance.